En respuesta, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo que el uso de la fuerza de la Policía Federal fue necesario y proporcional a la agresión; además aceptó la recomendación de la CNDH.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer la recomendación de este caso dirigida a las autoridades federales y de Michoacán, en la que se establece que en ese operativo, realizado el 22 de mayo de 2015 contra integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, se violaron gravemente los derechos humanos, hubo uso excesivo de la fuerza, por lo que fallecieron cuatro personas; de 15 más no se puede determinar la causa de su muerte y otra murió atropellada, además de que un policía federal perdió la vida. Asimismo, se denunciaron dos casos de tortura.

En conferencia de prensa, aseguró que la investigación de la CNDH tiene “sustento en pruebas técnicas y científicas”.

Ismael Eslava, primer visitador de la comisión, señaló que “de los 42 civiles que perdieron la vida, 40 fue por proyectiles de arma de fuego, de los cuales uno fue expuesto a fuego directo cuando aún se encontraba con vida, uno resultó carbonizado y uno atropellado”.

Dijo que en “todos los casos los disparos de arma de fuego se realizaron a una distancia mayor a 90 centímetros” y las 22 víctimas “presentaban una desventaja respecto a sus agresores, toda vez que 13 se encontraban de espalda a sus victimarios, lo que los colocó en desventaja y vulnerabilidad”, y desde el helicóptero que arribó al lugar de los hechos se le disparó a cinco.

“Una (persona) estuvo expuesta al fuego encontrándose aún con vida y tres víctimas, a pesar de que se encontraban sometidas, fueron privadas de su vida”.

Del análisis de las evidencias, se establece que 15 cadáveres presentan diversas heridas de bala, de los cuales no se puede establecer técnicamente las circunstancias en que murieron y la PGR deberá investigar.

Además, dos personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, un policía federal y un civil; y tres personas detenidas presentaron lesiones.

De acuerdo con informes y testimonios recabados, “la hora en la que se realizó el operativo no se ha logrado establecer, esta es importante, porque el interior del inmueble estuvo bajo el resguardo de la Policía Federal, que tuvo aproximadamente cuatro horas para manipular el lugar de los hechos”.

Sobre la alteración del lugar de los hechos, se menciona que policías movieron siete cuerpos de su posición original. Las armas de fuego que se relacionaron con siete cadáveres fueron manipuladas y movidas de su posición.

Las armas que se relacionaron con 16 cadáveres fueron colocadas deliberadamente por policías federales. Una que se relaciona con un cadáver fue sustituida por otra de calibre diferente y fue manipulada. Y otras armas que se vincularon con dos cadáveres, fueron despojadas de sus cargadores originales y sustituidos por otros de calibre distinto.

Además, se informó que personal de la Procuraduría de Michoacán incurrió en irregularidades, como la descripción de la ubicación de las víctimas en el lugar de los hechos y de los indicios balísticos con los que se les relacionaron, así como en las necropsias practicadas a los cadáveres.

Al opinar sobre la respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad de que los policías federales no asesinaron a esas personas, el ombudsman manifestó: “Los exhorto, los invito a que revisen, sería prematuro que antes de revisar el material hubiese una respuesta, lo ideal es que dijeran que creen en la institucionalidad de la CNDH”.

La recomendación que fue entregada ayer a la CNS a las 10 horas tiene 600 páginas y otras 200 de anexos.

“COLABORACIÓN TOTAL”

El uso de la fuerza de la Policía Federal fue necesario y proporcional a la agresión real que enfrentó por parte de presuntos miembros de la delincuencia organizada que se negaron a deponer las armas y dispararon contra la autoridad, dijo Sales, quien rechazó que hubiera ejecuciones arbitrarias.

Acompañado de Enrique Galindo, titular de la PF, el funcionario aceptó la recomendación de la CNDH, aunque precisó que ninguna de éstas se refiere a supuestas ejecuciones, sino a la obligación de colaborar totalmente en la investigación que aún no concluye la PGR y, en su caso, acatar a plenitud lo que se determine si judicialmente existiera responsabilidad para los federales.

En conferencia de prensa, manifestó que la recomendación fue aceptada “con el  propósito de contribuir a que la investigación de este caso se siga de forma imparcial, sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que deben ser valorados en su conjunto, para evitar apreciaciones aisladas y señalamientos infundados”.

Señaló que la presencia de la PF en el rancho El Sol estuvo “fundada y motivada” en la denuncia de una ciudadana que reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad, por lo que el MP adscrito a la PGR ordenó que la corporación acudiera al lugar.

Mencionó que existe una declaración ministerial de un sujeto detenido por la fiscalía de Jalisco el 10 de junio de 2015, quien aseguró que estuvo en el lugar y que días antes vio en ese rancho a Nemesio Oseguera, El Mencho, y otros líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación, con un estimado de 700 hombres armados de los cuales, posteriormente, un grupo importante se retiró y otros se quedaron.

Sales y Galindo se refirieron a la capacidad de fuego de los presuntos delincuentes que estaban en Tanhuato antes y durante el enfrentamiento.

Sales sostuvo que el helicóptero de la PF que llegó en apoyo recibió tres balazos y fue “amagado” con un lanzamisiles, además de que un federal de 25 años y cinco de servicio falleció y otro resultó herido.

“De los elementos de prueba se observa a nuestra consideración que el uso de las armas fue necesario y proporcional, es decir, se actuó en legítima defensa dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo, como un fusil tipo Barret y un lanzamisiles RTG.

“La actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos, no creemos que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”, puntualizó.

Sales agregó que las pruebas que se realizaron a los agresores demostraron que dispararon armas de fuego y algunos consumieron droga.

“No se trata esto de una mera ecuación matemática, es, sin duda, un evento muy lamentable”, agregó el titular de la CNS.