La iniciativa electoral de Andrés Manuel López Obrador va porque va. Ese es el mensaje que ha enviado este martes Morena, el partido del presidente de México, en la Cámara de Diputados. Tras semanas de estancamiento, el bloque gobernante y sus aliados han impuesto su mayoría para realizar dos sesiones de votación en el recinto legislativo de San Lázaro. La primera ha sido para decidir el futuro de la reforma constitucional que ha propuesto el presidente, una enmienda condenada al fracaso al no conseguir el consenso necesario de dos tercios de los legisladores para avanzar. La segunda se programó para votar el llamado “plan B” del Ejecutivo: resignarse a no aprobar la reforma y centrarse en dar luz verde a cambios en las leyes secundarias para compactar la estructura del Instituto Nacional Electoral y quitarle atribuciones al momento de sancionar a los partidos políticos. En ese escenario y pese a los reclamos de la oposición, la bancada morenista dio prioridad a esa batalla y abrió una vía rápida o fast track para que fuera llevada al pleno apenas horas después de ser presentada, confiada de que solo necesita de una mayoría simple para salir adelante. El segundo lapso entró en receso, al punto de las once de la noche no se había reanudado.
López Obrador había adelantado desde el lunes que tenía listo el proyecto de iniciativa para el “plan B”. “Es normal, no van a votar los del PRI y los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto”, reconoció el mandatario en su conferencia matutina. Adán Augusto López, secretario de Gobernación y principal operador político del presidente, entregó este mismo martes el paquete legislativo a la Cámara baja. El plan alterno es una respuesta directa al naufragio forzado por el bloque opositor, que se unió para contener la iniciativa constitucional del presidente.
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El segundo intento está delineado en un documento de más de 300 páginas, prevista para votarse en una sesión maratónica que se esperaba que se extendiera durante la noche del martes y probablemente la madrugada de este miércoles. “Se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF [el Tribunal Electoral] respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros”, se lee en los objetivos de la iniciativa de López Obrador a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los últimos ajustes al proyecto presidencial fueron realizados durante una gira el pasado fin de semana por el Estado de Campeche, al mismo tiempo que el INE imponía medidas cautelares a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante una queja por actos anticipados de campaña. “¿Plan B o plan V, de venganza?”, cuestionó el consejero electoral, Ciro Murayama, en sus redes sociales.
Otra de las propuestas es tener definiciones más específicas sobre delitos electorales, en específico sobre la entrega de dádivas o dinero para condicionar el voto de los ciudadanos. Se propone unificar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, de donde se obtenían las tendencias de los resultados de las votaciones, con el cómputo de la elección que se presentará en tiempo real. Se modifica también el calendario de los comicios para compactar procesos y se busca reducir gastos con medidas como la retabulación de salarios para que los consejeros no ganen más que el presidente. Morena insiste en que el INE es oneroso y pretende reducir su “aparato burocrático”, obligar al árbitro electoral a eliminar dos fideicomisos para retener recursos públicos y eliminar la rama administrativa de su servicio profesional de carrera. Sobre este último punto, Murayama respondió que tal rama administrativa no existe. Morena asegura que los recortes representarían un ahorro de 3.600 millones de pesos.
Otro punto polémico es la prohibición de “calumniar” a los Gobiernos y posibles interpretaciones problemáticas. “La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos”, se lee en la propuesta del presidente. La oposición ya ha amagado con promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte sobre diversas disposiciones de la iniciativa, en caso de aprobarse definitivamente.
Los consensos que apenas empezaban a construirse entre las fuerzas políticas volaron por los aires. La oposición se dijo abierta a que hubiera una reforma, pero no hubo acuerdos sobre cómo debía hacerse. Los diputados de Morena volvieron a tildar a sus rivales políticos de “traidores de la Patria” y los condenaban al “juicio de la historia”. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) también dijeron que era un “día histórico”, pero porque por primera vez una formación buscaba ganar por medio de la “trampa”.
El nivel del debate legislativo tuvo por momentos tintes de bochorno en San Lázaro. “México no será Venezuela, México no será Cuba”, gritaba la legisladora panista Paulina Rubio Fernández en su intervención. Lorena Piñón, diputada priista, comparó la estrategia de Morena con el planteamiento táctico de Gerardo Tata Martino en el Mundial. El morenista Marcos Medina llamó “corruptos” a sus adversarios, burocracia “parasitaria” al INE y acusó al expresidente Carlos Salinas, que tramitó la nacionalidad española, de preferir ser “súbdito de una monarquía decadente”. “Hipócritas”, agregó Sergio Gutiérrez Luna, su compañero de partido. “Traidores, le han mentido al pueblo”, sumó Karla María Rabelo, también de Morena. “Demagogos”, “tiranos” y “aplaudidores”, reviró Elizabeth Pérez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
También desfilaron pancartas, camisetas con consignas y gritos de batalla en una doble cartelera donde los ánimos han estado caldeados. Esa falta de consensos ha retrasado la celebración de la segunda sesión, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Al terminar la votación de la primera sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, confirmó que habría dos sesiones, programadas con 30 minutos de diferencia, aunque se reanudaron con dos horas de diferencia. También se publicó así en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El “plan B” tiene siete leyes secundarias sujetas a aprobación, pero no hay consenso entre discutirlas todas o una por una, se comenta en Diputados.
El saldo de la votación sobre la reforma constitucional fue de 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, sin respaldo suficiente para que se aprobara. El PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano se opusieron. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo cerraron filas en torno al presidente y dieron luz verde al “plan B”. “No pasarán” y “no se toca” fueron algunas de las consignas que cantaba la oposición.
Sin embargo, de no haber sorpresas, esos mismos votos le bastan al bloque mayoritario para los cambios en las leyes secundarias. El resultado previsto es una victoria por cada bando en dos sesiones parlamentarias. Se perfila, sobre todo, un triunfo pírrico para López Obrador, que elevó la reforma electoral a la parte más alta de su lista de prioridades en el terreno legislativo y tuvo que conformarse con cambios en las leyes secundarias aprobados al filo del periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 15 de diciembre. La enmienda todavía tiene que ser refrendada en el Senado. El telón de fondo siguen siendo tres citas clave en las urnas: las elecciones estatales en Coahuila y el Estado de México en junio de 2023, y la carrera presidencial de julio de 2024. En abril próximo, se renovarán cuatro de los once consejeros del INE, el proceso comienza en una semana.