Diputados desechan reforma constitucional; votación queda 269 a 225; PT y Verde fuerzan ajustes a nueva iniciativa del Ejecutivo; proyecto sobre leyes secundarias compacta 11 direcciones ejecutivas y fusiona otras de OPL; consejero Murayama detecta “joyas” en redacción
El plan “B” en materia electoral, enviado ayer a la Cámara de Diputados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el rechazo de la oposición a la reforma constitucional en la materia, busca achicar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
No obstante, en un hecho inédito, ayer por la noche el grupo parlamentario de Morena presentó de último momento dos iniciativas legislativas distintas a las enviadas por el Ejecutivo federal, lo que significaría que hay un plan C para la reforma legal en materia electoral.
La iniciativa original del Presidente fue enviada a comisiones, pero Morena afirmó que hacía suya la misma y “con modificaciones” la presentaba ante el pleno, pero lo hizo en físico y ni siquiera la habían enviado a servicios parlamentarios o la Mesa Directiva para que se incluyera en la Gaceta Parlamentaria. La presentación estuvo a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz.
La iniciativa original del Presidente propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), para reducir de 11 direcciones ejecutivas, unidades técnicas y comités, a cinco direcciones ejecutivas y una comisión.
Con lo planteado se crea la Comisión de Administración, integrada por cinco consejeros o consejeras, que sustituirá a la Junta General Ejecutiva y tendrá a su cargo el manejo presupuestal, el seguimiento del gasto y el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Desaparecen las funciones de la Secretaría Ejecutiva, que pasa a ser auxiliar del Consejo General para coordinar a las direcciones ejecutivas. Las direcciones ejecutivas de Organización Electoral, de Capacitación y Educación Cívica, la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPL) y la Comisión de Organización y Capacitación se fusionan, para formar la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Dirección Jurídica y la Unidad Técnica de Servicios de Informática se fusionan también, para dar origen a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y la Comisión de Prerrogativas absorbe al Comité de Radio y Televisión.
Se ordena la eliminación de los fondos y fideicomisos del INE: “El Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos”; esos recursos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
La iniciativa plantea sancionar las “calumnias” a los gobiernos: “La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de éstos”.
Finalmente, se ordena la creación de una Comisión de Presupuesto. Las comisiones deberán renovar a la totalidad de sus miembros cada tres años.
La propuesta responsabiliza al INE porque, en su opinión, el organismo, “en más de 30 años de existencia, en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el gasto público y cómplice de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político hacia la democracia”.
Destaca que hay “duplicidad de funciones y algunas áreas permanecen sin trabajo durante varios meses en el año, se pagan rentas innecesarias, se compran materiales y aun así las urnas son de mala calidad; se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, software injustificado, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera”.
El INE mantiene la rectoría del Sistema Nacional Electoral y con ello el Registro Federal de Electores y la integración de las listas de electores. La documentación requerida para la inscripción al padrón de electores permanecerá bajo custodia del instituto durante 10 años y luego deberá ser destruida.
Mediante la iniciativa presidencial, se garantiza el voto de las personas en prisión preventiva, los mexicanos en el exterior y el principio de paridad para la selección de candidatos, pero deja en los partidos políticos la decisión final sobre estas nominaciones.
“Se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros”, señala la iniciativa.
A nivel local, “plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura”, entre otras.
También “se restringe la facultad de sanción del Instituto sobre conductas cuya facultad corresponda a otras autoridades, fiscales o administrativas y su posibilidad de vincularlas con conductas electorales”, dice el documento de 307 cuartillas.
Al mismo tiempo, otorga facultades al INE para suspender “la entrega de bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema, que realicen candidatos, partidos políticos o particulares para promover el voto de una candidatura determinada”.
En el caso del TEPJF, se propone simplificar los medios de impugnación y sólo quedarán cuatro tipos: El recurso de revisión administrativa, juicio electoral, juicio de revisión y el juicio para dirimir los conflictos laborales al interior del INE.
Cae iniciativa constitucional; 4T ahora va por fast track de la nueva propuesta
La reforma constitucional en materia electoral propuesta por el Presidente de la República no pasó. La derrota legislativa de abril, en la que se desechó el proyecto en materia energética, se repitió para la mayoría en la Cámara de Diputados ayer, luego de que esta nueva enmienda constitucional fue desechada.
Sin embargo, en una segunda sesión que comenzó durante las últimas horas del martes, se presentó el plan “B” enviado por el Ejecutivo, que posteriormente fue suscrito por la bancada morenista para que ésta pudiera solicitar la dispensa de trámites y así buscar su aprobación en fast track.
Para que el proyecto constitucional fuera aprobado, requería el acompañamiento de dos terceras partes del pleno; es decir, 334 votos a favor, pero únicamente logró 269 y obtuvo 225 en contra y una abstención.
El respaldo no fue total por parte de la mayoría parlamentaria, debido a que entre los votos en contra estuvo el de la morenista Adela Ramos y la abstención de Carlos Noriega, del mismo partido, además de que otros dos morenistas, dos petistas y un legislador del Partido Verde (aliados de Morena) se ausentaron.
Tras votar contrario al sentido de su bancada, Ramos Juárez aseguró estar “con la conciencia en paz por defender al pueblo”, pues señaló que ha sido “testigo vivo” de que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser “neutral”, por lo que insistió en haber votado “por lo justo, aunque el pueblo no lo entienda ahora”.
Además, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Janine Quijano Tapia y los petistas Ana Laura Bernal Camarena y Brígido Moreno Hernández se ausentaron de la votación, al igual que los morenistas Juan Isaías Bertín y Carlos Ortiz.
El siguiente paso para Morena y sus aliados fue hacer suya la iniciativa presidencial de reformas secundarias, plasmada en más de 300 páginas en las que se plantean reformas a leyes secundarias y de las cuales los legisladores apenas conocieron su contenido después del mediodía de ayer.
Aunque la oposición, que conforman PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, sostuvo que volverá a votar en contra, el segundo proyecto, el llamado plan “B”, podrá ser avalado, ya que, al no contener modificaciones constitucionales, sólo requerirá los votos de la mayoría simple (50 por ciento más uno) que sí tienen Morena y sus aliados.Antes de la sesión, el PT y PVEM manifestaron dudas en cuanto al plan “B”, dado que solicitaron poder analizarlo al menos un día más.
“Que México juzgue si nos perdimos de algo que podría haber funcionado para bien de la democracia o no… Responsabilidad para quien tome la decisión de rechazar algo que está planteado para bien del país”, exclamó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, con la mirada apuntando al bloque de contención.
El dirigente nacional del PRI y diputado, Alejandro Moreno, en calidad de presidente de la Comisión de Gobernación y Población, reiteró el voto en contra y aprovechó para reconocer la misma postura en el resto de partidos opositores.
“Reivindico también la condición democrática de la fórmula coalicionista… Soy un activo y comprometido defensor de tales fórmulas, aun a costa de los costos que he tenido que asumir por ello”, exclamó.
El coordinador del tricolor, Rubén Moreira, subió a ratificar la negativa. Uno de los argumentos en los que más ahondó, hasta con voz entrecortada, fue referir la ausencia de una propuesta que atienda la injerencia del narcotráfico en los comicios. Entre el 2018 y el 2022, los candidatos han sido sujetos de 717 ataques; 214 alcaldes, regidores o síndicos han sido asesinados, refirió.
Exaltado, el petista Gerardo Fernández Noroña tildó al PRI y al PAN de “traidores a la patria” y de ser responsables de los “600 muertos” que el PRD dijo previamente haber puesto para que se respetara el voto, pues fue el poder que estos partidos ostentaban ante el que el partido del sol azteca tuvo que “luchar”.
Para defender el proyecto, el coordinador morenista, Ignacio Mier, acusó a la oposición de haber “degradado una noble institución” como el INE, por lo que insistió en “acabar” con la duplicidad de funciones en este órgano y demás modificaciones.
El panista Jorge Romero, al igual que otros opositores, recalcaron que quienes hoy buscan reformar el sistema electoral olvidan que, gracias al mismo, hoy son mayoría en el Congreso de y han conseguido gobernar 22 entidades de la República.
La sesión transcurrió entre constantes provocaciones de ambos bandos.
Ciro Murayama exhibe “joyas” de la segunda versión
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, evidenció las “joyas” del Plan B de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que con esa seriedad “más bien parece un plan V de Venganza”.
A través de sus redes sociales, el funcionario electoral compartió algunos comentarios sobre el contenido de la propuesta y en principio planteó que “quieren desaparecer algo que no existe”.
“Dice la iniciativa de Reforma Electoral, plan B: ‘Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional’. Nada más que el SPEN no tiene rama administrativa. O sea, quieren desaparecer algo que NO existe. Así de serios. ¿Plan B o ‘V’ de venganza?”, cuestionó.
Murayama compartió un fragmento del plan en el que se plantea que se compacte la estructura orgánica del INE y de los organismos públicos locales, en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Apuntó: “Otra joya del Plan B: El @INEMexico tiene 32 Juntas Ejecutivas Locales y 300 Distritales. Dicen que las Distritales serán temporales y no permanentes ‘lo que reducirá el número de 300 a aproximadamente 260 durante período no electoral’. Dicen que 300-300=260. Así cuentan”.
A las críticas se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien desde el inicio manifestó su voto en contra de la iniciativa, enfatizó que la oposición tampoco apoyará los cambios que plantean “por la puerta de atrás”.