Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, expresó que el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tanhuato hace urgente crear una ley general sobre uso legítimo de la fuerza pública.
“Nos urge que unifiquemos a todo el país, a los tres órdenes de gobierno, en un solo concepto de lo que tiene que ser el uso legítimo de la fuerza pública, porque también tenemos que ver la otra parte”, dijo, y añadió:
“Tenemos que entender que hay todos los días, en los diferentes estados, enfrentamientos con la delincuencia organizada. Y los policías tienen que llegar claramente, con protocolos claros de cómo enfrentar y cómo llevar al final —después de realizar aprehensiones—, ante la justicia de estos malhechores”.
Es necesario, además –dijo la legisladora— que las autoridades entiendan que todos los procesos para llevar adelante las reformas estructurales constitucionales tienen que reflejarse en la forma cómo actúan los elementos de seguridad, que no puede ser igual a como ocurría hace décadas.
Recalcó:
“Yo lo que planteo es que hay que respaldar al organismo autónomo especializado en materia de derechos humanos, para eso está ahí, para ese equilibrio entre las instituciones y la sociedad. Ahora, las autoridades tienen todo el derecho también de dar sus propias explicaciones, e incluso, por qué no, eventualmente tener alguna diferencia con la CNDH. Es importante trabajar con las instituciones”.
La legisladora señaló que los elementos de seguridad enfrentan situaciones complicadas que los ponen en circunstancias vulnerables.
Y abundó:
“Lo que se ha evidenciado es que no podemos seguir enfrentando desde las fuerzas policiales a distintos grupos, que en este caso (Tanhuato) todo indica que son malhechores”.
Hizo notar con relación al lugar donde ocurrieron los hechos de mayo de 2015, cuando 42 civiles perdieron la vida –a decir de la CNDH 22 de ellas por ejecuciones arbitrarias y cuatro más por exceso de fuerza de la Policía Federal— que se tenían denuncias en el sentido de que allí se estaba secuestrando personas en las carreteras.
Y que con respecto al propio rancho donde ocurrió la confrontación había una denuncia de que habían desalojado a sus dueños, expreso De la Peña.
Respecto a las aseveraciones contenidas en el informe de la CNDH relativas a que la Policía Federal actuó con abusos y exceso de fuerza, la presidenta de la comisión senatorial de Derechos Humanos, expresó: “Hay que aplicar también el sentido común en ambas partes… Sabemos que enfrentar a estos delincuentes no es fácil”.
No obstante, aclaró que “eso no puede ser de ninguna manera una justificación para enfrentar como se hizo a esos delincuentes”.
Respecto a las ejecuciones que —según la CNDH— realizaron policías federales, dijo que “lo que acontece con las detenciones arbitrarias y con las ejecuciones es muy grave en el país.
No es la primera vez que se señala y nosotros no podemos dejar de atender que eso está pasando”.
La senadora perredista hizo énfasis en que las ejecuciones no están reconocidas por la Constitución y que, por el contrario, la pena de muerte está sancionada en la Constitución.
Frente al delincuente más peligroso, señaló por último la legisladora, lo que tiene que hacer la autoridad es cumplir con una norma que derive de un precepto constitucional.
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