Una vez que han promovido un amparo, no descartan interponer también una controversia constitucional
Acusó que con las modificaciones quedaron excluidos de los beneficios crediticios a que tenían derecho
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado de Morelos, no descartaron la posibilidad de promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que la justicia federal deseche el amparo que promovieron en días pasados, en contra de la reforma integral al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, aprobada por los diputados locales, el pasado 15 de julio del año en curso.
La noche del jueves pasado, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cuernavaca, admitió el amparo indirecto que promovieron 16 magistrados del Poder Judicial de Morelos, por lo que actualmente se suspende alguna acción por parte del Gobierno del Estado y el Poder Legislativo en realizar el cobro del seis por ciento de las cuotas a dicho instituto, por lo que será en las próximas semanas, cuando la justicia federal, deberá de resolver si se desecha la reforma constitucional o no.
En ese sentido, la magistrada presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, aseguró que tras la aprobación de la Ley al Instituto de Crédito por parte de los legisladores excluye a los magistrados que cuentan con una carrera judicial, ya que no podrían hacer uso de un crédito como anteriormente, ya que aportaban el tres por ciento de su nómina al fondo de ahorro.
“Es parte de lo que nosotros como magistrados estamos platicando en promover o no una controversia, ya que se tiene que ponderar cual es el alcance y costo a beneficio de lo que se podríamos lograr, debido a que nos impacta en el aspecto presupuestal, al decirnos que debemos otorgarles el tres por ciento más nos impacta, para cumplir eso no tendríamos ese soporte (…) Esta reforma nos excluyen del Instituto de Crédito y creímos que algunos de nosotros tenemos algunos años cotizando desde que éramos oficiales judiciales y en nuestro transito del Poder Judicial nos vemos afectados en esta reforma”, declaró.
Cuevas López informó que la intención del amparo indirecto que promovieron por los magistrados, fue para que la justicia federal otorgue que los impartidores de justicia continúen conservando su integridad como parte importante del Instituto de Crédito, debido a que existen magistrados con más de 20 años que han aportado sus cuotas.
“En ese sentido no sabemos qué va a pasar con nuestras cuotas que hemos aportado al Instituto de Crédito, por ello, nosotros creemos que es importante interponer el recurso de amparo para que sea la propia autoridad federal quienes nos digan si nos asiste o no la razón (…)”, argumentó.
La titular del Poder Judicial de Morelos, aseveró que los más de mil 700 trabajadores sindicalizados, jueces, secretarios de acuerdo y actuarios promovieron un amparo en contra de la Ley al Instituto de Crédito, de los cuales algunos fueron admitidos y algunos desechados por la justicia federal.
Actualmente un magistrado percibe un salario mensual de 100 mil pesos, sin embargo, con la aprobación del Congreso local, se les pretende descontarles un total de seis mil pesos para sus aportaciones, mientras que en el caso de la base trabajadora 600 pesos mensuales, cuando anteriormente eran inferiores la aportación de cuotas.
Privatización del Instituto de
Crédito podría desecharse
Tras el enfrentamiento entre la titular del Poder Judicial, María del Carmen Cuevas con los Poderes Ejecutivo y Legislativo se podría monopolizar en los siguientes meses en caso de que prospere el amparo promovido por Carmen Cuevas y los magistrados del estado de Morelos.
Debido a que la justicia federal puede ordenar al Congreso del Estado que deje sin efecto los artículos que son impugnados en esta Ley del Instituto de Crédito, particularmente aquéllos en los que se autoriza al Ejecutivo y a la banca comercial intervenir en la administración de los recursos financieros que se obtienen de las aportaciones de los burócratas.
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Carmen Cuevas afirmó que la promoción de un amparo ante la justicia federal, no vulnera la relación de cordialidad entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, luego de considerar que sólo hicieron uso a sus derechos que establece la Ley de amparo.
Es preciso destacar que de acuerdo a datos proporcionados por las propias autoridades, argumentaron que los diputados locales cuentan con una línea de crédito especial para la adquisición de vehículos. Por tal razón, en caso de que la justicia federal no otorgue la razón, solicitaran el regreso de sus aportaciones.