En un lustro han ocurrido más de un millar de desapariciones forzadas en Morelos, afirmó la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) en vísperas de la conmemoración del 34 aniversario de la desaparición del activista y dirigente político José Ramón García Gómez.
Lamentó que a más de tres décadas de los hechos, el caso de García Gómez -quien se presume fue desparecido por la policía estatal- sigue sin resolverse y, a pesar de que en diciembre de 2020 se solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda para reactivar las indagatorias, autoridades federales y estatales han ignorado los oficios enviados para requerir información sobre las actuaciones realizadas para dar con el paradero del otrora líder social.
“Uno de los temas que hemos abordado de manera permanente durante estos años ha sido el de la desaparición forzada, precisamente a raíz de la desaparición del compañero José Ramón García Gómez, (de la) que se cumplirán 34 años este 16 de diciembre, ocurrido en Cuautla.
“Fue desaparecido por elementos policiacos al mando de Apolo Bernabé Ríos (García), Antonio Nogueda Carbajal y creado por órdenes del gobernador Antonio Riva Palacio López, los tres ya fallecidos. Se creó una Fiscalía Especial y se emitieron dos recomendaciones por parte de la CNDH, en 1990 y 1991. A pesar de que fueron detenidos y encarcelados tres policías, no se logró ubicar el paradero de José Ramón”, recordó.
Señaló que es necesario generar políticas públicas no solo para el esclarecimiento de las desapariciones perpetradas en el pasado sino para prevenir y erradicar este delito y práctica violatoria de derechos humanos, cuya incidencia sigue siendo preocupante.
Y es que, destacó, la CIDH en los últimos cinco años ha documentado por lo menos mil 500 desapariciones en Morelos.
"Manifestamos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos que la búsqueda debe regirse por una política pública, siendo uno de sus objetivos la prevención de desapariciones forzadas y el esclarecimiento de las ya ocurridas, así como el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas y medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer desapariciones forzadas.
"Señalamos que las autoridades encargadas de las búsquedas deben diseñar, con la participación de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral (incluyendo un plan de acción y un cronograma y debe ser evaluada periódicamente) así como realizar análisis de contexto.
"Y que las autoridades con competencia, deben de contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas: las instalaciones militares, de policía, así como recintos privados; además de tener acceso irrestricto a toda información, documentos ,inclusive los considerados de seguridad nacional), base de datos, archivos y registros de las fuerzas de seguridad, militares, de policía y de instituciones particulares", señaló.