Texas ha militarizado 500 metros de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, ante la perspectiva de que el Gobierno de Estados Unidos, que preside Joe Biden, derogue el título 42. Una de las grandes polémicas al norte del Río Bravo estos meses, el título 42, una vieja directiva sanitaria rescatada durante la presidencia de Donald Trump, permite a las autoridades impedir la entrada de la mayoría de migrantes, incluso los que piden asilo, alegando razones de salud.
Desde este martes, cientos de militares de la Guardia Nacional estadounidense custodian el río por iniciativa del gobernador texano, el republicano Greg Abbott. Aunque no es la primera vez que la Guardia Nacional llega a la frontera, la imagen de la instalación y custodia de una barda de alambre de púas frente al río ha generado polémica en ambos países. El alcalde de Juárez, Cruz Pérez, lo ha tildado de “excesivo” y ha dicho que la llegada de migrantes “no representa una amenaza para el país vecino”.
Muy crítico con Biden estos meses, Abbott respondía con la Guardia y el alambre de púas a la declaración de Estado de Emergencia del alcalde de El Paso, Oscar Leeser. Demócrata, Leeser tomó la decisión después del cruce masivo, el domingo, de cientos de migrantes por el río. Muchos de los que cruzaron entonces eran nicaragüenses, a los que Estados Unidos no puede deportar por la falta de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Daniela Ortega. México tampoco los recibe, así que muchos quedaron en las calles de El Paso estos días, ante la saturación de los albergues.
El cruce masivo del domingo y la llegada sostenida en los últimos meses de migrantes de países poco habituales, caso de Venezuela o Nicaragua, ha tensado la situación en esta parte de la frontera. Solo en octubre, el último mes del que hay registros, las autoridades fronterizas de Estados Unidos atendieron en El Paso a más de 50.000 migrantes. Estos meses, el gobernador Abbott ha sido noticia por sus ataques al Gobierno y su operativo para mandar migrantes en autobús a Estados dominados por demócratas.
Núcleo de una batalla judicial entre el Gobierno federal y varios Estados conservadores entre ellos Texas, el fin del título 42, intención del Gobierno de Biden, está en el aire, y no se espera hasta después de navidad, situación que podría atraer a más migrantes a la zona. En El Paso, a la espera de una ola de frío que podría bajar las temperaturas varios grados bajo cero desde el viernes, el alcalde Leeser ha anunciado que van a acondicionar varios edificios como albergues. La Cruz Roja ha dicho que cederá 10.000 camas.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos de centro y Sudamérica, muchos de Venezuela, pero también de Nicaragua, El Salvador, Colombia o Ecuador, intentan cruzar desde hace días el río Bravo y entregarse a las autoridades de EE UU para pedir asilo. Los migrantes han organizado una fila del lado estadounidense del Río, antes de la barda divisoria. La Border Patrol y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los trasladan en grupos a sus oficinas para tramitar sus solicitudes. Si logran sortear el título 42, la solicitud implica la apertura de un proceso legal de final incierto. Aun así, los solicitantes lo ven como una forma rápida de entrar al país y aguardar ya allí el resultado.
Burocracia y realidad
En las calles de Juárez y El Paso, los migrantes esperan su oportunidad entre confusión e incertidumbre. Los que siguen en Juárez, la mayoría venezolanos, esperan la derogación definitiva del título 42, ya que la directiva entró en vigor, en teoría, para evitar la propagación de la covid-19, en plena pandemia. En la práctica, el título 42 impide que los migrantes inicien siquiera el proceso de asilo. Primero fue con mexicanos y centroamericanos, que antes de intentarlo eran mandados de vuelta a México. Luego empezó a pasar con los venezolanos.
A diferencia de lo que ocurría hasta hace unos meses, los migrantes de aquel país ya no pueden pedir asilo. En Juárez, muchos temen que entregarse ahora a las autoridades de EE UU suponga su devolución a México y que, una vez en México, migración los mande a cientos de kilómetros de la frontera, a Ciudad de México o incluso más al sur. Desde octubre, México acepta recibir a migrantes venezolanos expulsados bajo la lógica del título 42.
La situación en El Paso es igual o más delicada que en Juárez. En un albergue junto a la iglesia del Sagrado Corazón, cerca del Río Bravo, cientos esperaban este miércoles una ayuda para salir de la ciudad y llegar a su destino final. Algunos hablaban de Miami, otros de Chicago, algunos incluso de Canadá. La mayoría de los que se habían instalado allí son igualmente venezolanos, que cruzaron este fin de semana por el río, antes de la llegada de la Guardia Nacional texana.
Así, los migrantes que aguardan en El Paso enfrentan una tormenta perfecta, metafórica y literal. La mayoría no puede salir porque no tiene dinero para un billete de autobús. La ola de frío se acerca y está por ver qué tan efectivo es el plan de contingencia de las autoridades locales. Muchos murmuran también un dilema, aceptar o no la ayuda de las autoridades de El Paso. Creen que de hacerlo podrían poner en peligro su estancia en Estados Unidos.
En el centro de todo, el título 42. Vista la afluencia de migrantes de países diferentes a los que suelen acudir a la frontera norte de México, los propios mexicanos y centroamericanos del triángulo norte, la directiva parece rebasada. Para Héctor Padilla, investigador de la Universidad de Ciudad Juárez y ex delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, su aplicación ahora mismo es contraproducente. Bajo esta directiva, las autoridades de Estados Unidos no castigan el cruce irregular reincidente de la frontera. “Cuando los migrantes y coyotes se dieron cuenta de que no había consecuencias si te agarraban, lo tomaron como aliciente para intentarlo una y otra vez. Así, lo que vimos fueron incrementos grandes de gente llegando a la frontera y un aumento en el número de intentos de cruce”.
