Estados Unidos contará con 60 días para formalizar la entrega de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, tiempo en que permanecerá en prisión preventiva, determinó un juez del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Gregorio Salazar Hernández, Juez de Control en Almoloya, señaló que si antes del 5 de marzo las autoridades estadounidenses no presentan el expediente de solicitud de extradición y acreditan los delitos por supuesto narcotráfico que busca imputarle a Guzmán López, entonces decretará la libertad del presunto capo de las drogas.
El juzgador accedió a conceder la prisión preventiva oficiosa debido a que fue notificado por la Fiscalía General de la República (FGR) de que existe una petición de extradición de parte de EUs.
“Se decreta la detención provisional con fines de extradición al señor Ovidio Guzmán López, por lo que en este acto se le comunica a usted que debe estar detenido por el procedimiento de extradición y debe continuar en el mismo lugar donde se encuentra internado durante este lapso”, dice la sentencia leída por el juez Salazar.
Durante la audiencia la defensa de El Ratón solicitó al juez que se le suministren medicamentos especiales, pues su cliente fue sometido a una operación hace poco tiempo y además, sufre depresión.
La ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas
Marcelo Ebrard
Titular de la SRE
Cabe señalar que la audiencia, programada para las 11:00 horas, inició dos horas y media tarde, lo que motivó que el juez ordenara investigar a los funcionarios responsables del retraso, pues no había motivo para impedir que el inculpado acudiera de forma presencial a escuchar las acusaciones en su contra.
Incluso, solicitó que la FGR abriera un expediente en contra de la directora de El Altiplano y el comisionado de Prevención y Readaptación Social, por posibles delitos contra la administración de la justicia.
Previamente, el Gobierno de México estimó que la extradición de Guzmán López tomará de cuatro a seis semanas, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
“¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona? Se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora por parte de los Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición”, resaltó el Canciller.
Al participar en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, recordó que desde septiembre de 2019 existe una petición de extradición presentada por autoridades estadounidenses en contra de Ovidio Guzmán, pero todavía deberá determinar un juez si procede la extradición y la decisión final será de la SRE.
En esto coincidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó la entrega de Ovidio Guzmán al Gobierno de Estados Unidos de forma inmediata.
“Y es un proceso, no hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track, no es: A ver, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos; aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de derecho que se tiene que respetar, independientemente de los delitos a los que hizo mención Adán, estamos hablando de la extradición”, aclaró el mandatario.
Rechazó que la captura del presunto narcotraficante se trate de un “premio” para el Presidente Biden, como se ha interpretado entre algunos columnistas.
“Pueden inventar lo que quieran, pero estamos actuando con rectitud, con integridad, y lo vamos a seguir haciendo”, respondió el mandatario.
Frenan extradición exprés. Casi al mismo tiempo en que se desarrollaba la conferencia matutina en Palacio Nacional, el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, concedió una suspensión de oficio contra diversos actos reclamados en una demanda promovida por abogados de Ovidio Guzmán López, por lo que no sería extraditado inmediatamente a Estados Unidos.
Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la(…) extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado
Juan Mateo Brieba
Juez Sexto de Distrito de Amparo
Una corte federal de Washington DC lo requiere desde 2018 por cargos a la exportación de cocaína, metanfetaminas y marihuana; sin embargo, el juzgador determinó que antes se deben desahogar los procesos judiciales que tenga pendientes en México y que Estados Unidos acredite su solicitud de extradición.
La defensa del capo había promovido un juicio de amparo para impedir que el líder de los llamados Menores, también conocidos como Los Chapitos, sea extraditado a Estados Unidos sin que se haya concluido el juicio en México.
“Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”, determinó el juez.
ONG condenan violencia ante una “fallida respuesta”
Las organizaciones de la sociedad civil que conforman y acompañan al Colectivo Seguridad sin Guerra y Amnistía Internacional, condenaron los hechos de violencia ocurridos en múltiples lugares de Sinaloa, como Culiacán, Los Mochis y Guasave.
“Lo que ocurre en Sinaloa es un ejemplo claro de la violencia que viven diversas comunidades en gran parte del país, promovida por la presencia del crimen organizado, que incluso ha tomado el control en diversas ciudades ante la respuesta fallida del Estado para contener a dichas organizaciones delincuenciales”, destacaron en un comunicado.
Señalaron que la política de militarización no es efectiva para resolver en el largo plazo la crisis de violencia que vive el país, pues la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no ha conseguido disminuir sustancialmente los homicidios, ni ha demostrado proveer protección integral a la población con base en los estándares internacionales.
Por el contrario, añadieron, se ha observado un alza en la comisión de los delitos perpetrados por la delincuencia contra la libertad personal, además, aumentaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armada.