Es una victoria a medias, pero una victoria nada menos. Los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas fueron liberados ayer, cinco días después de que un juez les encerrara por plantar árboles en un predio inutilizado de Guadalajara. “No nos liberó el Estado, nos liberó la gente, que nunca dejó de luchar por nosotros”, dijo Armenta a la salida del penal Puente Grande. “Se ganó una batalla, pero vamos a seguir luchando por ese parque”, aseguraba el estudiante en conversación con EL PAÍS poco después. A la puerta del penal, Armenta vestía una camiseta blanca con una foto de la cara de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y el hashtag: “Son estudiantes, no criminales”. El predio que ha desatado este conflicto fue revendido en 2016 por el gobierno de Alfaro a una empresa privada con la promesa de la construcción de un parque, que nunca se materializó. Después de un tiempo, los estudiantes decidieron montarlo por su cuenta.
Aunque ya no están prisión preventiva, el proceso continúa y no se han desestimado los cargos que se les imputan, por muy irregular que haya sido el juicio. Los estudiantes han sido vinculados a proceso por despojo y deberán acudir a firmar al penal cada semana, informa Diego Hernández, abogado de los estudiantes. “La Fiscalía fabricó testimonios, presentó unas cartas firmadas por los trabajadores de la constructora, todas idénticas, en las que aseguraban que los jóvenes llevaban armas cuando les desalojaron del predio. Pero los trabajadores nunca comparecieron, solo estaban las cartas”, cuenta indignado Hernández. “Son presos políticos. El gobernador está utilizando la justicia como herramienta para escarmentar a los chicos”, sentencia el abogado.
A la entrada de los tres estudiantes en la cárcel le siguieron las protestas, que han durado estos cinco días y han sido transversales, involucrando a toda la sociedad de Guadalajara. La más fuerte y duradera se instaló frente a la Casa Jalisco, la residencia del gobernador Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano. Allí han estado acampadas unas 500 personas durante los cinco días que ha durado el encierro de sus compañeros. Valeria Ávila, amiga de los detenidos, ha estado allí. “Hemos organizado juegos, conciertos, lecturas de poesía y pequeñas conferencias de algunos profesores de la universidad”, cuenta la vicepresidenta del partido feminista Hagamos Jalisco. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, en un discurso ante cientos de personas, al borde de la lágrima, defendió a los jóvenes. “No podemos permitir que un gobernador se salga con la suya de esta manera. Que se meta conmigo, pero que no se meta con tres estudiantes”, dijo el rector.
Y Enrique Alfaro, ante el aluvión de acusaciones, respondió este lunes en un vídeo que subió a las redes sociales. “El Gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal”, dice muy firme Alfaro. Según el gobernador, el predio, que era propiedad del municipio de Guadalajara, fue vendido en 2008, y, por lo tanto, aunque los jóvenes digan que eso es un parque, “no es un parque”, dice el antiguo gobernador de la ciudad. Pero, según Valeria Ávila, la venta estaba condicionada a la construcción de una serie de obras para la ciudadanía que nunca se construyeron, por lo que se canceló el contrato. En 2016, Alfaro lo vende de nuevo, pero siguen sin realizarse las obras para el barrio, así que la organización civil decide hacerse cargo de ello.
A principios de 2021, ante la inminente construcción de departamentos de lujo en el que debía ser el Parque Huentitán, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara se organizaron y acamparon en el predio, que en ese momento no era nada más que un terreno baldío. Después, en colaboración con la comunidad de vecinos, revitalizaron la zona. “Vivimos en tiendas de campaña durante 144 días y noches”, cuenta América Santiago, estudiante de 25 años que participó en las labores que se realizaron allí: organizaban talleres de salsa, cursos de verano, cine, y llevaron a cabo la plantación de más de mil árboles. Todo para evitar que entraran las máquinas a convertir el predio en otro edificio de lujo más.
“Algunos días no era fácil”, confiesa Santiago al otro lado del teléfono. “Nos aventaban cabezas de gatitos muertos con mensajes amenazantes, diciendo que los siguientes íbamos a ser nosotros”, dice esta recién egresada de Derecho por la Universidad de Guadalajara. Hasta que, el 19 de agosto de 2022 a las tres de la mañana, irrumpe la Fiscalía con la policía del Estado para desalojarlos. “A los compañeros que estaban allí les quitaron los celulares y les amenazaron con pistolas. Intentamos acampar a la salida del predio esa noche, pero fue imposible, nos rodearon los camiones antimotines y los vehículos de la patrulla. Yo nunca había visto tantos policías juntos”, relata la joven.
Para dormir en el predio y poder seguir atendiendo sus obligaciones en la universidad, se turnaban para dormir en las tiendas de campaña. Pero había un pequeño grupo, de apenas 12 personas, que durmió allí las 144 noches que duró la ocupación. Entre ellos estaban los tres detenidos. José Alexis Rojas, el del pelo muy rizado, tiene 24 años, estudia Derecho y es el menor de cinco hermanos. Iván Ilich Vladimir es el de las gafas de aviador y el pelo engominado y peinado hacia atrás. Tiene 27 años y también estudia Derecho. Francisco Javier Armenta, de 31 años, el que lleva siempre un sombrero negro de ala ancha, fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara y estudió Administración Financiera.
—¿Por qué es tan importante para ti este parque?
—A mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 10 años— dice Armenta. Y crecí con mi mamá y viendo como muchos de mis amigos se metían en la droga. Yo no entré en ese mundo porque empecé a jugar al fútbol, y ellos se convirtieron en mi familia y me libre del destino que le esperaba a la gente de mi barrio. Yo cuando pienso en el parque veo eso, un lugar donde los niños sean reclutados por la pintura o por el fútbol, y no por la droga, como sucede aquí.