El caso Yasmín Esquivel sigue presionando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este miércoles, 33 integrantes de la comunidad universitaria han emitido un contundente comunicado en el que piden retirar el título de Derecho a la ministra tras haber quedado acreditado que plagió su tesis de licenciatura en 1987. Los firmantes, entre los que se encuentran cuatro miembros del Consejo Universitario, profesores y alumnos, se enfrentan así a la interpretación del abogado general, Alfredo Sánchez Castañeda, y aseguran que es falso que la UNAM no pueda hacer nada para invalidar el título de la jueza. “Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de licenciada de Derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Riobóo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes”, se lee en el documento, en el que se pide la intervención de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario.
En el mismo día que la UNAM anunciara el despido de Martha Rodríguez, la asesora de tesis de Esquivel, se hacía público el pronunciamiento de lo que definen como “momentos cruciales para la vida democrática del país y del alma mater”. “La exalumna en cuestión no elaboró la tesis, la plagió, como ya han determinado nuestras autoridades, por tanto, no solo incumplió con los requisitos esenciales para su titulación, sino que cometió un delito que había quedado oculto hasta ahora por la conjunción de diversas voluntades que habría que investigar también”, señalan, en lo que es la primera muestra conjunta de rechazo al plagio de Esquivel.
El comunicado es opuesto al que emitió hace solo unos días el abogado general, en el que insistía que la universidad no tiene facultades para invalidar un título puesto que no hay una regla expresa que se lo permita, ni tampoco tiene tipificada una sanción que corresponda al plagio. Ambos argumentos han sido usados por Sánchez Castañeda para afirmar una y otra vez que la universidad no puede hacer más de lo que ya ha hecho: confirmar el plagio.
Esta teoría ha sido rechazada por la comunidad universitaria. “De manera inexplicable, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general, cuya misión es contribuir a los fines sustantivos de la universidad a través, entre otros, del fomento de la cultura de la legalidad, afirmó que la UNAM no cuenta con los mecanismos necesarios para anular un título obtenido de manera fraudulenta: es falso”, se lee en el documento, en el que también se avanzan las posibles consecuencias de no sancionar el plagio de la ministra: “No hacerlo pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por nuestra alma máter que podrán ser objeto de duda y especulación”.
Además, en otro ataque directo a Sánchez Castañeda, apuntan: “Recordemos que una de las funciones de la UNAM es la difusión de la cultura, por ello, al no hacerse cargo de la situación que le compete ante estos hechos, debemos preguntarnos si lo que se quiere difundir es la cultura de la ilegalidad”.
Los firmantes apelan especialmente a uno de los principios de la universidad: la autonomía. Así, rechazan la iniciativa del abogado general de dejar el caso en manos de la Secretaría de Educación Pública, en busca de que sea esa instancia la que anule la cédula a la ministra. Una opción que ya ha sido descartada por la SEP, que alegaba que sin la inhabilitación de la UNAM el Gobierno no podía tomar medidas. También dirimen algunos de los obstáculos enunciados estos días para no sancionar a la ministra, como la prescripción del delito: “Es cierto que puede haber prescrito en los términos de interpretación tradicional del derecho mexicano, pero sus consecuencias son tales que no es explicable que nuestra máxima casa de estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos legales”.
El Consejo Universitario es el órgano capaz de resolver aquellos casos que no estén recogidos expresamente en la regulación de la UNAM y, por tanto, algunos académicos han apelado esta semana a la posibilidad de que una resolución de los consejeros sirviera como solución al entuerto. El rector, Enrique Graue, es el presidente del órgano, que está formado también por los directores de facultades, escuelas e institutos, los representantes de investigadores, profesores y alumnos, y un representante de los trabajadores.