Dicha Ley contempla el envío de recursos del estado a los planteles de educación básica para que los comités de padres puedan hacer frente a las necesidades de las escuelas. Aunque en su artículo 11, el documento especifica que los planteles deben recibir el equivalente a tres salarios mínimos vigentes por el total de alumnos en cada escuela, hay planteles que siguen condicionando la inscripción de los estudiantes al pago de cuotas que se realizan al inicio de cada ciclo escolar, algo que los padres de familia de Axochiapan buscan finalmente eliminar.
Tras haber realizado un cierre masivo de planteles a finales del pasado mes de junio, en este regreso a clases los integrantes del "Movimiento de Padres por una Educación Gratuita" realizaron el cierre de las primarias "José María Morelos" y "Benito Juárez", así como del jardín de niños "Salvador Novo", en un movimiento que no estuvo exento de hostigamiento por parte de policías del Mando Único, según informó Álvaro Palma Benítez.
En su caso, Álvaro Palma, quien participó en esta movilización en la Primaria "José María Morelos", aseguró haber sido invadido personalmente por un elemento que le pidió su nombre y que le tomó varias fotografías, durante su participación en la protesta que busca hacer valer la Ley estatal.
El padre de familia no descartó que el cierre de escuelas continúe y se amplíe durante los próximos días, hasta que los diputados acudan al municipio a entablar diálogo con quienes exigen la aplicación del recurso de 60 millones de pesos que fueron destinados al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) en 2015, de los cuales el instituto sólo recibió 15 millones.
Por su parte, la representante del movimiento, Tania Sotelo Reyes, añadió que los padres de familia de Axochiapan no sólo esperan que las autoridades del estado cumplan con el pago del recurso de erradicación de cuotas correspondiente al ciclo 2015-2016 y 2016-2017, sino que la cantidad aportada a cada plantel del estado aumente de tres a seis salarios mínimos por alumno, para poder hacer frente a las necesidades de las escuelas de nivel básico que se encuentran en malas condiciones.
Los padres de familia que integran este movimiento afirman no tener ningún interés personal en lograr que las autoridades envíen los recursos atrasados a las escuelas, pues insisten en que su movimiento refleja la realidad de una comunidad de padres que ha abierto los ojos frente al desinterés de las autoridades y al incumplimiento de las Leyes emanadas del Congreso local.