Los usos y costumbres dificultarían darle un seguimiento a casos de linchamiento desde la Fiscalía General del Estado
Cuando en 2018 un hombre de origen colombiano fue golpeado hasta morir en la plaza cívica de Tetela del Volcán, decenas de pobladores presenciaron los hechos sin intervenir a su favor. Señalado como extorsionador, Raúl Lozano, cuya familia daría la cara más tarde en un medio de comunicación de su país de origen, perdió la vida sin que las autoridades de seguridad pública pudieran hacer algo por él.
Tras su muerte, el pueblo se envolvió en un profundo silencio en el que nadie acusó a nadie, aunque la gente sí sabía quiénes eran los responsables.
No obstante que la Fiscalía General del Estado (FGE) contaba al menos con un video que muestra el momento del linchamiento, donde se aprecia a unos seis hombres agredir a Raúl tras amarrarlo al asta bandera de la plaza, no se dio a conocer ninguna detención en los años posteriores.
Para la institución, los usos y costumbres son un obstáculo a la hora de investigar y hacer justicia en los casos de linchamiento que han ocurrido en Morelos, dados los pactos comunales con los que se protege la población desde el interior.
Un protocolo que busca evitar ojo por ojo
La muerte de Raúl Lozano sentó un precedente para que las autoridades de Morelos crearan un protocolo de actuación ante este tipo de actos, que busca evitar que vuelvan a ocurrir. Si bien el protocolo fue publicado en 2019, dos años después dos muertes más se sumarían al registro de decesos ocurridos durante un linchamiento en la entidad, cuando habitantes de Huitzilac atraparon, golpearon, asesinaron y quemaron a dos hombres frente al palacio municipal.
De acuerdo con la FGE, los hombres habrían intentado extorsionar a una familia. Aunque Huitzilac y Tetela del Volcán son comunidades morelenses en las que los usos y costumbres todavía rigen el curso social, el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez Cruz, consideró que el telón de fondo de este fenómeno lo ocupa la falta de confianza de la población en las autoridades de justicia, tanto a la hora de optar por hacer justicia por propia mano, como de decidir no colaborar en las investigaciones correspondientes:
“Hubo un linchamiento hace unos veinte años en Hueyapan, en el que colgaron a dos personas en el atrio de la iglesia. El problema es que se llevaron detenido al ayudante municipal y autoridades que no participaron. Hay un desconocimiento de las autoridades de la forma adecuada de enfrentar este tipo de situaciones”, narra.
Anillos de seguridad
Publicado en el año 2019, el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Casos de Linchamiento en el Estado de Morelos es un compendio de 16 artículos que plantea un escenario ideal que permite la intervención de elementos policiacos para poner a salvo la vida de aquellas personas que pudieran ser linchadas por una turba enardecida.
Entre otras cosas, el protocolo establece la conformación de tres “anillos” de seguridad, el primero de los cuales debe ubicarse a unos 15 o 20 metros de la multitud, cuya función es persuadir y disuadir verbalmente a los pobladores para evitar el linchamiento.
Por su parte, el segundo anillo tiene la función de establecer el diálogo con la población o, en caso contrario, recurrir al uso de fuerza no letal para replegarla.
Si ninguno de los dos primeros anillos puede detener el linchamiento, el tercero, que contará con el mayor número de elementos policiacos, está facultado “para intervenir con equipos especializados y armas de fuego en los términos que establecen los protocolos respectivos”.
Los otros problemas
Mucho antes de la creación del protocolo, los elementos policiacos del estado de Morelos han protagonizado casos de éxito cuando de salvaguardar a ciudadanos en riesgo de linchamiento se trata.
Dos de los casos más recientes ocurrieron a fines del año 2021, en el municipio de Jantetelco, donde la actuación de los uniformados permitió evitar dos linchamientos contra jóvenes que eran acusados de asaltos y robos por la propia comunidad.
Para garantizar que todos los operativos similares tengan un resultado parecido, la asociación civil Ciudadanos Uniformados A.C. considera preponderante equipar adecuadamente a los policías, así como capacitarlos.
De acuerdo con el abogado Iván Chávez Espejel, representante legal de la asociación, ninguno de estos dos pasos se cumple en Morelos: “Los policías no tienen el equipo especializado que marca el protocolo y muchas veces, debido a esa falta de equipo, es que no pueden hacer las cosas apegándose al documento, porque implica meterse a la turba. Incluso, han ocurrido casos donde la gente incendia las patrullas”, explica el abogado.
Chávez Espejel también considera esencial que los policías sean capacitados en la materia, algo que, según insiste, tampoco ocurre en la entidad:
“A eso le sumamos que no tienen la capacitación para ese tipo de eventos. Ni el apoyo político, porque como son comunidades las que normalmente hacen eso, a veces el presidente municipal, por no meterse en problemas con la comunidad, no actúa”, subraya el especialista.
Enfoque en las comunidades, una forma de frenarlos
Para José Martínez el trabajo a realizar para cerrarle la puerta a los linchamientos implica un enfoque dirigido a una forma de autoorganización de las comunidades morelenses, de manera que los propios pobladores eviten incurrir en dicha práctica, que suele dejar un sentimiento colectivo de culpa entre la gente.
“Son dos cosas: avanzar en la aplicación de la legalidad de la ley para detener y sancionar a quien cometa un delito, y avanzar en el proceso de autoorganización de la gente".
"Si la gente está más organizada, logra impedir que alguien capitalice la inconformidad de manera violenta contra una persona”, concluye el vocero de la CIDH Morelos.
Cuauhtémoc Blanco permitió el linchamiento en Huitzilac
A mediados de enero, el fundador y dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, se deslindó públicamente del gobernador Cuauhtémoc Blanco y esgrimió varias acusaciones en contra del mandatario, relacionadas con actos de corrupción y hechos ilícitos, entre ellos haber permitido el linchamiento que, en septiembre de 2021, provocó la muerte de dos personas en Huitzilac.
De acuerdo con el dirigente nacional del partido que postuló al exfutbolista a la gubernatura, el 29 de septiembre de 2021, fecha en que ocurrieron los hechos, Blanco Bravo se encontraba en un restaurante de la Ciudad de México, “en estado etílico”. Para proteger a los policías que habían sido retenidos por los pobladores, el gobernador ordenó la liberación de las dos personas que habían sido acusadas de extorsión por los habitantes, dejándolas en manos del pueblo.
“Tú fuiste el gobernante que sin respeto a la vida y sin agotar todo lo que un gobernante debe hacer, permitiste un linchamiento y después me dijiste ‘dos culeros menos”, manifestó el dirigente del partido en la conferencia de prensa que ofreció para deslindarse del mandatario estatal, a quien acusó de no respetar la vida ni la ley.
“No eres un líder que propicie la paz y la reconciliación. Me equivoqué pensando que te interesaba por ser un deportista famoso unir a la comunidad, restablecer el tejido social”, agregó.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el también líder religioso aclaró no haber presentado una denuncia formal ante el ministerio público.