El Poder Judicial de Morelos es uno de los diez tribunales del país con el mayor presupuesto financiero para este año 2023, luego del incremento que le autorizó el Legislativo, aunque por desgracia no se refleja en resultados favorables a la impartición de justicia en favor de la sociedad, señaló Roberto Salinas, director general del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas".
Agregó que, el Tribunal Superior de Justicia del estado se ubica en la novena posición de 32 entes a nivel nacional en el país en materia financiera, debido a que de menos de 500 millones de pesos aumentó a 800 mdp, que demandan resultados inmediatos en la celeridad de los expedientes que tienen acumulados.
Sin embargo, uno de los planteamientos que hizo Roberto Salinas es que el Poder Judicial deje de lado la opacidad y transparente de la mejor manera porque no se han clarificado los recursos económicos y hoy en día es necesario saber en qué y cómo se están destinando los recursos financieros en el TSJ.
Más aún, dijo, cuando hay muchas dudas en el trabajo que ofrecen los magistrados del Tribunal Superior de Justicia debido a que no está acorde el dinero público que reciben con los resultados que no ofrecen en favor de la sociedad, como ha ocurrido en los últimos años.
El director general de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas reiteró que el Poder Judicial del estado es de los que más recursos económicos perciben a nivel nacional y por ello es urgente y necesario que haya más y mejores resultados.
Con relación al intento de algunos magistrados por obtener la jubilación vitalicia –y para lo cual requieren de reformas- Roberto Salinas considero que los togados ya cuentan con los beneficios que les otorga la ley cuando concluyen su periodo de 14 años como lo es el haber de retiro.
En razón de ello, comentó que los beneficios laborales que pretenden se pueden convertir en cargas económicas excesivas en un futuro inmediato y por ello, considero vital poner un freno, es decir, topes no solo salariales sino que vayan enfocados a las prestaciones laborales de los magistrados para evitar una crisis económica en el futuro.
Reconoció que hoy en día en la administración estatal, en todos los niveles sin excepción, tienen problemas presupuestales sobre más aún en los rubros de los pensionados y jubilados.
Razón suficiente para que él Tribunal Superior de Justicia transparente e informe a través de proyecciones de cuáles serían los montos y gastos financieros que se tendrían que erogar en los siguientes años, para entonces sí, valorar si es viable o no sus peticiones económicas.
“Mientras no se esté generando información y no se tengan bien los datos y las proyecciones, esa solicitudes tendrían que frenase hasta que sean analizadas correctamente y bajo ninguna circunstancia autorizárseles más prestaciones laborales de las que de por sí ya tienen los magistrados”, finalizó.