La última carta de los abogados de Genaro García Luna se llama Cristina Pereyra. No fue el exsecretario de Seguridad Pública quien respondió sobre las propiedades que adquirió durante su ascenso en los Gobiernos de Vicente Fox ni Felipe Calderón, ni sobre su colección de coches antiguos y motocicletas de alta gama, ni sobre las dudas que planean sobre sus declaraciones patrimoniales como funcionario. Lo hizo su esposa. Un día después de que el acusado decidiera no declarar en el juicio por narcotráfico y delincuencia organizada, Pereyra fue llamada al estrado este martes para responder a las preguntas de la Fiscalía y presentar su versión: que el matrimonio trabajó durante años para abrirse camino, que se apoyaron en pequeños negocios e hipotecas para salir adelante y que padecieron el acoso de los medios de comunicación y los riesgos del cargo desde que su esposo dio el salto a las más altas esferas del poder político. “Pensamos en salir fuera de México porque queríamos que nuestros hijos tuvieran una vida normal”, dijo la única testigo que presentó la defensa sobre la decisión de radicar en Miami después de que su marido terminara su periodo como funcionario en diciembre de 2012. “Queríamos ofrecerles un poco más de libertad”, aseguró.
Pereyra se plantó durante más de dos horas en la corte de Brooklyn para hacer un extenso repaso de su matrimonio y su patrimonio, de la mano de Florian Miedel, el abogado de más experiencia en el equipo de García Luna. La Fiscalía apostó por subrayar inconsistencias en los bienes declarados por ella y su marido durante su paso por la administración pública, pero se estrelló con la decisión del juez Brian Cogan de no admitir preguntas sobre la fortuna que amasó el acusado después de finales de 2012, cuando Calderón dejó el poder.
Solo durante esta declaración los papeles se invirtieron y fueron los fiscales quienes tuvieron que esperar hasta el contrainterrogatorio para sembrar dudas sobre la versión de la testigo. Pero el cuestionario de las autoridades de Estados Unidos fue más corto de lo que se esperaba y no profundizó en las controversias con los testimonios de sus declarantes. “Usted ha asistido a todas las audiencias de este juicio, ¿no es así?”, le preguntó la fiscal adjunta Erin Reid. “Supongo que quería mostrarle su apoyo, ¿verdad?”, agregó Reid con un dejo de ironía al insinuar que no se podía esperar otra cosa del acusado. “Por supuesto, quiero decir la verdad”, respondió Pereyra en su última declaración antes de regresar a su asiento entre el público del tribunal.
De Xochimilco a Miami
“Coincidimos en el Cisen”, explicó Pereyra al contar cómo conoció a su esposo. En 1989 trabajaban juntos en el organismo de inteligencia del Gobierno mexicano, se enamoraron y empezaron su relación poco tiempo después. A principios de los años noventa, ella dejó su puesto en la institución y obtuvo una indemnización. Siempre según su versión, la pareja usó parte de ese dinero para comprar en 1994 un apartamento que pagaron poco a poco en Xochimilco, al sur de Ciudad de México. García Luna escaló varios peldaños en el centro de espionaje civil y ella puso una pequeña papelería para tener sus propios ingresos. En 1995 se casaron. Nadie explicó a los 12 miembros del jurado que empezaron una vida juntos y se hicieron de sus primeros bienes en medio de una de las crisis económicas más profundas que han azotado al país, tras el llamado error de diciembre.
Con un bono de fin de año de su esposo, el matrimonio vio la oportunidad de comprar un pequeño terreno para construir una casa en Xochimilco, en la calle de Paseo de los Cedros, sostuvo Pereyra. “Había una tierra enfrente de donde estábamos viviendo y creímos que era buena inversión”, explicó en español, mientras un señor mayor de voz grave hacía la traducción al inglés. Miedel le pidió que leyera parte de la declaración patrimonial de García Luna, antes de que el exfuncionario decidiera dejar de hacerlas públicas. “¿Se refiere a la propiedad que se compró el 1 de marzo de 1997?”, le preguntó el abogado. “No lo recuerdo bien, pero parece que así es”, contestó la testigo. A partir de ahí quedó claro que el principal objetivo de la defensa era desglosar la declaración de bienes en voz de la declarante, quitar fuerza a la estrategia de la Fiscalía de presentarlas como evidencia en el primer tramo de la audiencia y generar empatía al jurado. “Sí, la vendimos después”.
En 1998, Pereyra decidió vender su papelería. Le quedaba lejos de donde vivía. Con unos ahorros y dinero que tenía García Luna, la pareja adquirió un local en la calle de Retorno Aldama, también al sur de la capital. Ese mismo año, el acusado compró un Mustang modelo 1965. “Le gustaban los coches antiguos, a veces los reparaba con un hermano suyo”, contó Pereyra. Aunque muchos conocían como el licenciado García Luna, se graduó como ingeniero mecánico a mediados de esa década. “Sí, es ese. Es el mismo”, decía su esposa al volver a la declaración patrimonial. Lo vendió poco después por el doble de su valor.
La compraventa es una operación que repetía el matrimonio, según el testimonio de Pereyra. Ella se presentó así, como una mujer emprendedora que encontraba pequeñas oportunidades de negocio. En 2000, por ejemplo, la pareja compró una “casita” en Jiutepec, en el Estado de Morelos, por menos de 400.000 pesos. Querían una propiedad pequeña para que la pudieran disfrutar sus suegros, que ya eran mayores. Le pusieron aire acondicionado y le hicieron varias remodelaciones y la vendieron en 2004 por un millón de pesos. “Pudimos ahorrar un poco”. “Vendimos la van [camioneta] y un carro”. “Uno de los hermanos de mi esposo nos ayudó con una parte”. Fueron algunas de las frases que dijo la testigo.
En 2002, los García Luna compraron otro terreno en la misma calle de Jiutepec para construir otra casa. Un año antes, su esposo había sido nombrado director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). “Nuestra vida cambió bastante, empezamos a tener escolta y vehículos blindados”, afirmó. “Queríamos la casa para tener un poco de descanso, era difícil salir a lugares públicos”, comentó. Mientras la casa estaba en construcción, la familia del jefe de la AFI aprovechó que el lote ya estaba limpio, que la alberca se construyó rápido y sacó un dinerito al rentar el terreno para fiestas infantiles. “Hacía las fiestas de mis hijos ahí y de ahí tuve la idea”, explicó. “¿Esa es la casa blanca que vimos en las fotografías”, preguntó Miedel. “Así es”.
El repaso de bienes y negocios modestos siguió. En 2005, Pereyra compró un local para la venta de artículos para fiestas infantiles y dulces, administrado por su hermano, según dijo. En 2006, decidió seguir los pasos de su abuela y su madre, que habían tenido cafeterías, y estudió en una escuela culinaria con el objetivo de poner un restaurante en Paseo de los Cedros: Cafetería Los Cedros. “Mi esposo buscó un crédito en el banco para comprar esa propiedad”, aseguró Pereyra. El local valía 3,5 millones de pesos. Sacaron una hipoteca para costearlo, declaró. Ese mismo año, la pareja compró una casa en Cuernavaca con un crédito Fovissste, una prestación para trabajadores del Estado, la remodeló y se la vendió a una cuñada. Para diciembre, García Luna era presentado como secretario de Seguridad Pública.
“De Xochimilco a Miami”, exclamó en tono irónico uno de los reporteros que se dieron cita durante una de las pausas en el testimonio. La periodista Peniley Ramírez, autora de Los millonarios de la guerra: el expediente inédito de García Luna y sus socios, comentaba que había documentado cómo las remodelaciones se pagaban en efectivo y casi siempre coincidían con fechas de envíos de droga. Los fiscales no indagaron en esa línea cuando fue su turno de preguntar. En un interrogatorio que se apegó a cuestiones financieras, tampoco preguntaron sobre una condonación del fisco de 4,7 millones de pesos en impuestos que debía una cafetería a nombre de Pereyra en 2010, durante el Gobierno de Calderón, según publicó El Universal hace cuatro años.
Las Harley de Genaro
García Luna no solo era amante de los autos. “Nos gustaban las motocicletas y tuvimos la oportunidad de comprarlas y disfrutarlas hasta cierto punto, aunque no muy seguido”, dijo Pereyra. La defensa presentó dos facturas por la compra de dos motos Harley Davidson, las mismas que salían en una de las fotografías que la Fiscalía introdujo como prueba. La esposa dijo que una la compró en 2007 “con una tarjeta de crédito” y que la otra la adquirió en 2009 “con mi cuenta de cheques”. “Teníamos ahorros, yo estaba trabajando y pudimos pagarlo”, aseguró.
La famosa marca de motocicletas salió mencionada varias veces en el juicio porque Sergio Villarreal Barragán, El Grande, dijo al inicio del juicio que la gente de Arturo Beltrán Leyva le regaló una moto a García Luna en 2001 para empezar el contacto con García Luna. El obsequio sirvió para abrir la puerta al pago de sobornos al entonces director de la AFI, lo que derivó en pagos mensuales de más de un millón de dólares que continuaron después de que llegó al Gabinete en el siguiente sexenio, declaró el capo.
A falta de pruebas físicas sobre el soborno, la Fiscalía introdujo las fotografías de dos de las Harley Davidson que tenía el acusado como evidencia y una factura por el transporte desde México hasta Miami. La defensa respondió con el testimonio de Pereyra. Los fiscales no insistieron ante el jurado en que el supuesto obsequio se entregó en 2001, seis años antes de la fecha de la primera factura que presentaron los abogados de García Luna. Reid, de hecho, no hizo ninguna pregunta sobre los vehículos.
James Bond y el acoso de la prensa
Pereyra se plantó, tuvo sangre fría y logró llevar el relato a donde querían los abogados. Dijo que su familia tuvo constantes mudanzas por el acoso de los reporteros y por el despliegue de seguridad que le acompañaba durante la carrera de su esposo como funcionario. Narró que los reporteros tomaban “fotografías de ella y sus hijos”, que los camarógrafos trepaban rejas para conseguir tomas de su casa y que, por eso, decidieron mudarse a Jardines de la Montaña, una exclusiva zona residencial del sur de la ciudad. Finalmente, la familia inició una “vida normal” en Miami con un yate y una treintena de propiedades asociadas al matrimonio, de acuerdo con la demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en Florida. Esa información no llegará al jurado en Brooklyn por orden del juez, cubre el periodo posterior a 2012.
Pereyra aseguró que no tenía obras de arte caras y que el retrato que la Fiscalía mostró de su marido había sido un regalo que le dio una víctima de secuestro. También señaló que ese fue el motivo principal para dejar de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. “Habíamos decidido hacerlas públicas hasta que ciertos medios de comunicación comenzaron a seguirnos”, declaró. La Fiscalía repasó cómo en varias declaraciones anuales la esposa de García Luna había asegurado no tener ingresos hasta que en 2012, el año en que su marido dejó el Gobierno, informó de 6,4 millones de pesos. “Hicimos una aclaración de todo nuestro patrimonio”, respondió la testigo.
La Fiscalía decidió presentar también como evidencia en el juicio una invitación al cumpleaños 50 del acusado: una fiesta temática de James Bond en 2018, un año antes de ser detenido. “Fue mi idea”, dijo sonriente Pereyra. “Bueno, quería hacer una fiesta temática en la que nos pudiéramos divertir un poco”, agregó. “No hay más preguntas”, zanjó Miedel, después de mostrar una foto de la casa durante la fiesta en la que la celebración lucía apacible.
Durante las pausas en el interrogatorio, la testigo interactuó discretamente con su esposo. Le hizo un guiño y le sonrió. Al final, Pereyra volvió, recibió un abrazo de su hija Luna y de una asistente del equipo legal, y respiró aliviada. Después de este 14 de febrero no habrá más testigos en el juicio. El proceso judicial está prácticamente en la recta final, con los argumentos de cierre previstos para llevarse a cabo este miércoles. Se trata de la última presentación de ambas partes antes de dar paso a las deliberaciones del jurado y a las instrucciones del juez para el llenado de la hoja de veredicto