La compra y repartición de despensas marcaron al gobierno de Miguel Riquelme Solís que este año concluye en Coahuila.
De 2018 a 2021, su administración gastó dos mil 178 millones 646 mil 870 pesos a través de los programas “Apoyo alimentario” y “Apoyo a familias coahuilenses” en servicios que incluyeron la elaboración de paquetes con alimentos, su distribución en miles de puntos con población vulnerable y un sistema de control de las entregas, pero los indicadores de pobreza lejos de disminuir han aumentado en la entidad.
El monto gastado en estas ayudas equivale al fideicomiso constituido para indemnizar a más de 24 mil personas por el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos en los ríos Bacanuchi y Sonora, ubicados en Sonora, en 2014, en uno de los peores desastres medioambientales de los últimos años en México por el grado de afectación.
Este pastel de dinero conformado con la justificación de beneficiar a los más pobres fue ganado por cuatro empresas en procesos en los que los fallos de las licitaciones quedaron en la opacidad. En la documentación que avala las licitaciones, la administración coahuilense no dejó claro por qué hizo esas compras públicas con esas compañías.
Así, los programas estrella de un gobierno que está por terminar quedaron en los archivos bajo las llaves de la opacidad.
De cómo se otorgaron los contratos
La cadena de compras de despensas se inició en mayo de 2018, cuando Riquelme Solís tenía cinco meses de haber tomado posesión. La Secretaría de Finanzas lanzó una licitación para la repartición de millones de despensas.
De acuerdo con el fallo de este concurso, la empresa Despensas y Provisiones de Alimentos SA de CV (Dypasa), fue la única que presentó un sobre con propuestas técnicas y económicas. Esta empresa está vinculada con Angélica Rivera, y durante el sexenio anterior, fue la que obtuvo todos los principales contratos de alimentos en el Estado de México, a petición de la entonces Primera Dama.
Ese primer contrato fue por 504 millones 904 mil 400 pesos y fue para suministrar despensas en los 38 municipios. Según la ficha del contrato en Compranet, tuvo vigencia del 20 de junio al 2 de agosto de 2018; es decir, poco más de un mes.
Las siguientes fueron mediante “otras contrataciones”, una manera que las entidades del gobierno usan para no revelar si hubo un procedimiento de competencia (licitación pública), si se llamó a tres empresas o si se adjudicó de manera directa.
La figura no se encuentra en el marco jurídico de las compras públicas conformado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De esa manera, en 2019 y 2020, Grupo Industrial Vida SA de CV ganó un contrato por 443 millones 283 mil 363 pesos y otro por 612 millones 568 mil 807. En 2021, Dominus Messico se llevó otro por 611 millones 564 mil 800 pesos.
En 2019, en la contratación que ganó Grupo Industrial Vida, se añadieron “productos de limpieza” en los paquetes. Fue el único año en que se hizo ese agregado.
En este flujo de contratos de cientos de millones de pesos, el gobierno coahuilense incluyó uno por seis millones 235 mil 500 pesos a cargo del Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad SC. El servicio contratado fue el mismo que el de las empresas que cobraron millones de pesos: repartir despensas.
Sin impacto
En Coahuila, la necesidad alimentaria es una sombra que va en crecimiento. El último informe Medición de la Pobreza de 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reveló que la población en pobreza pasó de 6.6 por ciento en 2018 a 8.9 en 2020. El grupo en extrema pobreza pasó de 1.5 por ciento a 2.6 en los mismos años.
Ese paisaje se agravó mientras las despensas del gobierno eran repartidas. Conforme transcurrió el gobierno de Riquelme Solís, el número de puntos con vulnerabilidad alimentaria creció en los 38 municipios coahuilenses. En 2018 fueron tres mil 937, en 2019 la cifra fue de cuatro mil 362, para 2020 se convirtieron en cinco mil 28 y en 2021 eran cinco mil 762, de acuerdo con la documentación de los contratos revisados.
El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 en abril de 2018. Como el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, su correligionario priista, lo dividió en “ejes fundamentales”. Trazó entonces cuatro áreas para trabajar por el estado: integridad y buen gobierno, seguridad y justicia, desarrollo económico sustentable y desarrollo social incluyente y participativo.
De acuerdo con el documento, el desarrollo social incluyente y participativo implicaba “un cambio sustancial” en la estrategia para disminuir el número de personas en condición de pobreza y extrema pobreza. Además, se proponía romper las desigualdades y “elevar el nivel de vida de la población en general”.
Un problema y no una solución
La administración del priista Miguel Riquelme, que termina en menos de 10 meses, quedará marcada por la falta de políticas públicas efectivas para combatir la pobreza.
Sobre la compra y repartición de despensas en Coahuila en vez de luchar contra la desigualdad a través del acceso a servicios de salud de calidad y seguridad social, el director regional de Transformación Pública de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, René Rosado, alerta que este tipo de apoyos se prestan fácilmente a volverse clientelares.
“Es decir, que la gente condicione su voto por miedo a perder el apoyo con el cambio de gobierno. Y ojo, claro que una despensa suma a la administración de los hogares, por lo menos aminora la carga del gasto en alimentos y algunos bienes necesarios. Sin embargo, difícilmente ayudan a combatir la situación de pobreza en los hogares.
“La pobreza es un fenómeno multidimensional que no solo tiene que ver con el ingreso, también contempla la falta de acceso a servicios como luz, agua, salud, educación, entre otros que son necesarios para poder gozar de los beneficios del desarrollo. En México tenemos el dicho ‘no hagas cosas buenas, que parecen malas’ y parece que en Coahuila fue el caso”, dice.
Sobre la forma en la que fueron otorgados estos contratos (otras contrataciones), el especialista comenta que hemos visto en el país, no sólo en Coahuila, cómo crece dicha tendencia.
“En teoría este tipo de compra se da cuando se adquiere un producto o servicio muy especializado o con algún tipo de propiedad intelectual. Sin embargo, parece que no es el caso aquí. También, el hecho de que haya licitaciones desiertas o pocos competidores puede leerse como que las empresas no están interesadas en proveer al Gobierno ya sea por una cuestión de dinero o por una situación política.
“En general, creo que seguiremos viendo este tipo de programas, no sólo en Coahuila. Nuevamente, no son algo ‘malo’ per se, pero no solucionan los problemas estructurales detrás de la pobreza, y consumen recursos que pudieran ser utilizados para atenderlos”, insiste.
De acuerdo con el especialista, el camino para combatir la pobreza en una región no está ligado a la entrega de despensas, si no a garantizar el acceso de servicios de calidad, como salud, educación y vivienda.
“En este sentido vamos muy rezagados y con la pandemia sólo se incrementó la desigualdad. Una posible solución es adecuar los mecanismos de incorporación del sector informal a estos servicios, ya que hoy en día solo existe una estructura para trabajos dependientes de corporativos tradicionales.
“Otro tema es atender el rezago educativo. Esta es una deuda histórica que se ha visto opacada por luchas gremiales entre sindicatos y gobiernos. Necesitamos garantizar educación de calidad para los infantes y adolescentes, así como condiciones de trabajo dignas para el cuerpo docente. También tenemos que enfocarnos en la calidad y espacios de la vivienda. No como un tema de propiedad, sino como un tema de acceso”, opina.
Coaccionando el voto
A mediados del 2018, varios legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia contra el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, por el uso de programas sociales para apoyar a los candidatos del PRI en las elecciones municipales de la entidad, particularmente en el municipio de Múzquiz.
De acuerdo con el entonces diputado albiazul, Jorge López Martín, el mandatario de Coahuila habría desviado 600 millones de pesos para la compra de despensas con fines electorales.
“Esto es inaceptable, es un delito electoral, quieren ganar a la mala lo que no pueden ganar a la buena. En Coahuila sigue habiendo impunidad y usan todos los recursos públicos en su mano buscando ganar a costa de lo que sea, y por eso, denunciamos y exigimos al gobierno del estado que saque las manos y que deje a los coahuilenses decidir en libertad”, comentó en aquel entonces el líder panista, Marko Cortés.
Sobre esta situación, Rosado opina que efectivamente este tipo de apoyos pueden ser utilizados para condicionar el voto de la ciudadanía.
“Nadie puede condicionar ningún apoyo del gobierno por un voto. Es un delito, cualquiera que sea víctima o testigo de un delito electoral puede denunciarlo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
“Creo que tenemos marcos regulatorios lo suficiente sólidos, sin embargo pueden llegar a verse rebasados. Por otro lado, nos hace falta propiciar la cultura de la denuncia. A veces nos desanimamos precisamente porque leemos que casos como este no procedieron como delito, pero son los menos”, finaliza.
‘Debe ser investigado’
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, debe rendir cuentas claras antes de dejar la gubernatura, exigieron diputados del PT y de Morena, quienes indicaron que el priista tendrá que responder por todas las irregularidades que cometió a lo largo de su administración.
Los diputados Francisco Javier Borrego Adame y Brígido Ramírez coincidieron en que Riquelme va a dejar a Coahuila hundido en la corrupción y endeudado, al tiempo que criticaron que el gobernador utilice los programas sociales del estado con fines “electoreros” y el reparto de despensas para coaccionar el voto.
Borrego Adame manifestó que en Coahuila existe la corrupción y el abuso de autoridad, por lo que manifestó que su partido ganaría la gubernatura en las elecciones que se realizarán el próximo 4 de junio.
“Coahuila, hoy en día, está en boca de todos. Pronto vamos a hacer historia y les vamos a demostrar que en Coahuila vamos a sacar toda la corrupción, todo el desmadre que han hecho en este país, porque estamos cansados de que las cosas no suceden a favor de los mexicanos.
“El pueblo quiere justicia y en Coahuila, les guste o no les guste, los coahuilenses ya van a sacar la casta y decidieron que va haber un cambio en Coahuila porque ahí no existe el federalismo. En Coahuila lo que existe es la corrupción, en Coahuila lo que existe es el abuso de autoridad”, indicó.
Estela negativa
El petista Brígido Ramírez, por su parte, arremetió contra Riquelme y dijo que su legado va a ser más negativo que positivo una vez que concluya su gobierno.
“Uno de los grandes negativos que venimos arrastrando y que ha perjudicado mucho en los aspectos de desarrollo de nuestro estado de Coahuila está cifrado precisamente en la enorme deuda que tenemos los coahuilenses y que nos viene afectando a todos los que vivimos en el estado.
“Es una carga enorme y mucho del presupuesto que se le ha asignado al estado, más de 52 mil millones de pesos para este año, obviamente no se ha visto reflejado en la construcción de obras y de desarrollo en el estado”.
El legislador agregó que otro de los graves problemas que aquejan a la entidad es el crecimiento de los grupos del crimen organizado que se dedican al tráfico de drogas.
“Son este tipo de situaciones que urge que cambiemos en el estado”, dijo.
Confió en que en que en las próximas elecciones la ciudadanía abra los ojos y permita la alternancia,
“Hasta ahora Coahuila ha sido gobernada sólo por el PRI que ha tenido un control enorme en muchos aspectos en el estado.Pero poco a poco hemos venido despertando a la ciudadanía y las circunstancias son propicias para que ahora se dé la alternancia”, indicó el legislador coahuilense.
Por todo ello, el diputado Ramírez insistió en que Riquelme debe rendir cuentas claras.
“Creo que debemos ir más allá en la investigación y que realmente rinda cuentas y si se le encuentran corruptelas se tendrá que actuar en consecuencia”, expresó el petista.