Una ley de 1917, que castiga "injurias" al Presidente de la República, fue revivida y endurecida por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.
A propuesta de la diputada zacatecana Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen que eleva los castigos por "injurias" al Mandatario federal, a Secretarios del Gabinete, Ministros, Gobernadores, legisladores y al Fiscal General de la República.
De acuerdo con lo planteado, las multas contempladas en esta ley que data de la época de Venustiano Carranza deben aumentarse porque las actuales "no inhiben la comisión de delitos".
La propuesta fue aprobada sin discusión con 19 votos a favor del bloque mayoritario (Morena-PT-PVEM) y 1 de Movimiento Ciudadano, de la ex Alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón.
Nueve legisladores del bloque opositor votaron en contra.
El dictamen no tocó las penas de prisión consideradas actualmente, que alcanzan hasta dos años, pero convierte las multas en Unidad de Medida y Actualización (UMAS) y las eleva.
"La Ley sobre Delitos de Imprenta, en todas las fracciones del Artículo 33, aplica penas y multas que no rebasan en su mayoría los dos años de prisión, y multas de 25 a 200 pesos, y esto en la actualidad ya no funciona porque da pie a cometer los delitos del Artículo 3 que se refieren al orden público.
"Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas, por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se deben actualizar", plantea la legisladora morenista.
"De otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse", señala.
La ahora diputada Hernández Ruedas fue detenida en 2015 con un millón de pesos en efectivo en Chiapas, junto con otras dos mujeres en el aeropuerto de Tapachula, antes de abordar un vuelo privado a Toluca.
La iniciativa que endurece la censura fue aprobada en la Comisión de Gobernación, que encabeza el priista Alejandro "Alito" Moreno, pero donde domina la mayoría de Morena-PT-PVEM.
Ahora esperará su turno para ser votada en el pleno.
PAÍSES DE LA CENSURA
En América Latina hay 7 países que castigan la injuria, y un informe de la OEA advierte que se atenta contra la libertad de expresión.
MÉXICO
- Se considera "ataque al orden o la paz pública" injuriar a la autoridad y generar "odio, desprecio o ridículo".
Se castiga con cárcel: De 3 meses a 2 años.
CUBA
- Se castiga el desorden público, las injurias o "falta de respeto" al Presidente.
Cárcel: Hasta por 6 años.
NICARAGUA
- Cometen "desacato contra la autoridad" los que calumnian, injurian o insultan.
Cárcel: Hasta por 4 años.
PANAMÁ
- Se considera desacato injuriar o burlarse de un Ministro del Gobierno.
Cárcel: De 6 a 18 meses.
PERÚ
- Es delito amenazar, injuriar y ofender la dignidad o el decoro del Presidente.
Cárcel: De 2 a 4 años.
R. DOMINICANA
- La Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento castiga la difamación o injuria.
Cárcel: De 3 meses a 1 año.
VENEZUELA
- Se castiga amenazar, ofender de palabra o gestos, o injuriar a un Presidente militar.
Cárcel: De 3 a 8 años.
CON UN MILLÓN EN 'CASH'
La diputada que revivió la Ley de Imprenta de Venustiano Carranza, es la operadora de Ricardo Monreal, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas.
En junio de 2015, la zacatecana fue detenida por la PGR con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Tapachula, antes de tomar un vuelo privado a Toluca.
Bennelly declaró ante la autoridad que el dinero era de Monreal.
En esas fechas se realizaba la etapa final de las elecciones donde Monreal ganó la delegación Cuauhtémoc.
Luego del incidente, el PRD exhibió una llamada entre Monreal y el entonces Gobernador del Partido Verde en Chiapas, Manuel Velasco.
-Monreal: "No me dejes solo, hermano".
-Velasco: "No hermano, estoy presionando. Te voy a decir qué me puso mi Procurador, porque está ahí con el delegado de la PGR, está ahí pegado. Le estoy encargando el tema".
