Sin precisar el número exacto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó que, en la mayoría de los 270 penales estatales del país hay insuficiencia de personal y custodios, lo que genera que en algunas áreas no se cuente con la seguridad y vigilancia suficientes o sean nulas, además de que la falta de empleados alienta a generar un clima de autogobierno o cogobierno.
En verificaciones realizadas por el organismo a diferentes cárceles en 2022, se constató que los reos realizan funciones como el manejo de llaves de candados para acceso a dormitorios y estancias.
También los presos hacen vigilancia de dormitorios y áreas comunes y pase de lista; administran tiendas de abarrotes, lavanderías y negocios de venta de alimentos y cobro del uso de teléfono.
La CNDH detectó asimismo la existencia de privilegios como el uso de ropa y calzado no permitido, uso de aparatos electrónicos y electrodomésticos como televisores, celulares, bocinas y aires acondicionados. De igual forma, de refrigeradores, hornos de microondas, consolas de videojuegos, computadoras y la habilitación de espacios como áreas de visita íntima destinada para la pernocta de los internos.
Así lo dio a conocer la CNDH en el Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios del país, a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos.
“Derivado de las verificaciones en 2022 se constató que la mayoría de las penitenciarías presentan un déficit en el número de personal, lo que genera que en algunas áreas no se cuente con la seguridad y vigilancia suficiente o ésta sea nula, además de que resulta insuficiente para la atención de diversas incidencias que se presentan a diario como es el caso del traslado a hospitales, a órganos jurisdiccionales, visitas interreclusorios, entre otros”, resaltó.
En la mayoría de las prisiones estatales se corroboró la escasa asignación en el número de mujeres entre el personal de seguridad y custodia, lo que impacta en la revisión de los visitantes del centro. De acuerdo al análisis, en entrevistas al jefe de seguridad y custodia de las cárceles se coincidió en que el equipo para cumplir sus funciones como radios, lámparas, chalecos y candados de manos no están en óptimas condiciones o resultan insuficientes y la entrega de los uniformes es cada seis meses y en ocasiones tarda hasta un año.
Sobre los resultados de las supervisiones para la recopilación de insumos y la elaboración y emisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2022, que se dará a conocer en marzo, la CNDH remarcó que ha detectado, de manera preliminar, que estas irregularidades se mantienen.
Con respecto a la sobrepoblación se observó que la tendencia sigue con relación a 2021 y en algunos casos va al alza, principalmente en penitenciarías estatales.El documento indicó que algunas cárceles que no presentaban sobrepoblación tenían hacinamiento, el cual da como resultado la ruptura de los parámetros de condiciones básicas para la vida, seguridad e higiene.
Resaltó que en esas condiciones los servicios se encontraban limitados o, en su caso, se van suprimiendo, prevaleciendo situaciones de violaciones constantes a derechos humanos de los internos.
De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPR) de la SSPC, detalló que, en diciembre de 2022, a nivel nacional, 132 centros penitenciarios estatales tenían una sobrepoblación de 51 mil 576 internos.
En el Estado de México existen 23 penales, de los cuales 18 registran sobrepoblación y cinco sin sobrepoblación; en Sonora hay 13 cárceles, de ellas, ocho con sobrepoblación y cinco sin sobrepoblación; Puebla cuenta con 22 centros penitenciarios y de éstos, nueve con sobrepoblación y 13 sin sobrepoblación.
Jorge Carreón, maestro en Derechos Humanos y Democracia, dijo a EL UNIVERSAL que estar en reclusión implica la restricción de derechos, entre ellos la circulación y la libertad de movilidad, pero no debe entenderse como una carta abierta a violentar sus garantías fundamentales.
José Luis Gutiérrez, director de la asociación Así Legal, que defiende los derechos de los internos, consideró que se requiere dejar de usar la prisión preventiva oficiosa como única medida de las autoridades