Una vez que el Senado consume la aprobación del llamado Plan B electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de las normas aprobadas.
Líderes partidistas, asociaciones de ciudadanos, senadores y gobiernos de Oposición, así como el Instituto Nacional Electoral, han anunciado que presentarán ante la Corte controversias constitucionales contra la reforma electoral.
Para invalidar la reforma, en la Suprema Corte se requiere el voto de 8 de los 11 ministros.
Actualmente en el máximo tribunal del País existen ministras vinculadas al Gobierno de la Cuarta Transformación, como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Pese a que fueron propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara han marcado distancia de los preceptos impulsados por la administración federal.