En Morelos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Laffitte Breton, confía que la nueva Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales sea un mecanismo efectivo para inhibir la existencia de empleados “aviadores” en la nómina de cualquier dependencia de gobierno.
El diputado recordó que con el nuevo ordenamiento, ningún ente obligado con la transparencia podrá ocultar a los ciudadanos la nómina que paga, con nombres, cargos y montos del sueldo o salario.
Laffitte Breton indicó que el interés de la LIII Legislatura en aprobar la ley no fue otro sino el de combatir los abusos económicos sobre el erario, con la contratación de suedo empleados que sólo acuden a cobrar cada quincena, sin devengar el salario que reciben.
Dijo que lamentablemente los “aviadores” existen en casi todas las dependencias públicas; es una práctica común al poder que debe combatirse con los instrumentos del nuevo sistema estatal anticorrupción, uno de éstos es la transparencia.
El legislador por el PRD agregó que la transparencia debe marcar un antes y un después en el desempeño de los servidores públicos.
Laffitte Bretón dijo que en el Congreso ya se dieron los primeros efectos de la transparencia de la nómina, con casos de aviadores, e incluso de nepotismo, que fueron evidenciados.
“El primer paso para evitar a los empleados que cobran sin trabajar, es la transparencia, estoy convencido de ello”, afirmó.
Incluso, consideró que este mecanismo puede resultar más efectivo que el aumento de sanciones en el Código Penal federal a los servidores públicos que al contratar a alguien en calidad de “aviador”, y que incurren en abuso de confianza, como propone a nivel nacional un senador
del PAN.
El perredista apuntó que los ciudadanos que conozcan de este tipo de casos y los comprueben con una revisión de las nóminas, pueden evidenciarlos a través de las redes sociales y someterlos al escarnio social.
En Morelos, el artículo 272 del Código Penal castiga este tipo de abuso de autoridad hasta con ocho años de prisión y multa de 50 a 300 días de salario, tanto para quien da el trabajo, como para quien
lo acepta.
Pero no se conoce de nadie que haya pisado la cárcel por dar de alta en la nómina a “aviadores” porque ello depende de una denuncia y un proceso jurídico del que nadie se hace cargo, dijo.
"El primer paso para evitar a los empleados que cobran sin trabajar, es la transparencia, estoy convencido de ello.” Enrique Laffite Breton, presidente Comisión de Puntos Constitucionales
Sanciones vigentes
Este tipo de abusos en el ejercicio del poder se castiga con hasta ocho años de presión, tanto para quien da el trabajo como para quien lo acepta.
21 mil 900 pesos la multa máxima por incurrir en esta conducta.
Proponen endurecer sanciones
Hasta nueve años de prisión y una multa máxima de 29 mil 200 pesos (el equivalente a 400 días de salario mínimo vigente) son algunas de las propuestas del senador panista Juan Alejandro Sánchez Navarro para terminar con la contratación de ‘aviadores’.
Además, el legislador propone la destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro cargo, comisión públicos a quien incurra en esta conducta.
Fernández Sánchez Navarro señaló que se debe reformar el artículo 215 del Código Penal Federal para endurecer las penas contra quienes contraten a personas que no generan ningún beneficio, pero representan un costo al erario.
Las plazas que ocupan los ‘aviadores’ bien podrían ser ocupadas por personas que sí cumplan con el perfil requerido, o bien ser eliminadas en caso de ser innecesarias, indicó el senador blanquiazul.