Aseguran que cobran hasta 2 millones de pesos a cambio de liberar a presuntos delincuentes
Señalan que han realizado el cobro de sus “sobornos” mediante las tarjetas “Saldazo”
Víctimas de delitos de alto impacto denunciaron a jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Primer Distrito de realizar el “cobro” de 50 mil hasta dos millones de pesos para la liberación de presuntos delincuentes.
De manera anónima, los afectados revelaron que en reiteradas ocasiones los impartidores de Primera Instancia con sede en Cuernavaca, han exigido a los presuntos delincuentes fuertes sumas de dinero con un máximo hasta de dos millones de pesos en caso de que los imputados sean líderes de alguna banda dedicada al plagio.
Explicaron que de acuerdo con el modus operandi, los impartidores de justicia han realizado el cobro de sus “sobornos” mediante la habilitación de las tarjetas “Saldazo”, expedidas en las tiendas de conveniencia Oxxo, ya que se pueden adquirir a un bajo costo, con tan sólo 30 pesos, y no requieren de trámites bancarios.
En ese sentido, indicaron que una de las principales causas para que los impartidores de justicia realicen el cobro mediante estas tarjetas (Saldazo) ha sido para evitar la rendición de sus cuentas, el registro de su patrimonio y evadir que sean indagados por enriquecimiento.
Las víctimas, acusaron que la mayoría de los servidores judiciales de control y juicio oral, resuelve sin analizar las técnicas de investigación necesarias, así como el no basarse en las reglas procesales contra el suministro de la justicia, además de que carecen del conocimiento de las nuevas técnicas de la tecnología, lo que genera la liberación de los plagiarios.
“Hace poco días ofrecieron a los impartidores de justicia hasta dos millones de pesos, a cambio de dejar en libertad al líder de una banda de plagiarios; también tenemos el conocimiento de que algunos abogados optan como pago de sus servicios mediante los bienes inmuebles”.
En ese tenor, indicaron que los presuntos actos de corrupción se han reflejado en las audiencias orales públicas donde algunos litigantes, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como defensores de oficio, piden la reclasificación de los delitos para evitar la prisión preventiva como medida cautelar.
Aunado a esta situación, los quejosos exigieron una investigación a los impartidores de justicia oral, debido a que en su mayoría cometen los delitos de obstrucción de la justicia, abusos de autoridad, además de que en algunos casos sólo forman parte de la lista de quejas que recibe el Consejo de la Judicatura local, en donde dichas autoridades no avanzan en las indagaciones para las sanciones correspondientes.
Hace unas semanas, los jueces de control y juicio oral anunciaron la creación de una nueva agrupación de Jueces en Morelos, mismos que fueron cobijados por las propias autoridades, como la magistrada presidenta del Poder Judicial de Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas López.
Cabe destacar que de acuerdo con la página oficial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), un juez de control, juicio oral y Ejecución de Sentencias percibe un salario mínimo de 40 mil pesos mensuales, por lo que exigieron una evaluación constante, así como la aplicación de los exámenes de control y confianza.