El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene mil millones de pesos en dos fideicomisos cuestionados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el monto es insuficiente para indemnizar a los empleados que perderán en agosto derivado del "Plan B" electoral.
Consejeros han advertido que la "compactación" por la reforma electoral implica el despido de 6 mil personas, lo que costaría 3 mil 500 millones de pesos.
En su Fideicomiso para enfrentar pasivos laborales al INE le quedan 496 millones de pesos.
El monto era mayor, pero ante las amenazas de la reforma que impactaría la reestructura del INE, entre noviembre y diciembre 500 empleados, con más de 10 años de antigüedad, se acogieron al programa de retiro voluntario, y el Instituto gastó 300 millones 711 mil pesos en indemnizaciones.
El otro fideicomiso contiene dos fondos, uno para el Programa de Infraestructura Inmobiliaria con 307 millones 699 mil pesos, y otro para Mejoramiento de Módulos, de 241 millones 934 mil pesos.
"Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto", indica el "Plan B" promovido por el Gobierno.