Dado que Rusia no es miembro del TPI y tampoco reconoce su jurisdicción, los jueces han pedido el apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo ambas detenciones. Estas solo podrían producirse en dos supuestos: o bien que los acusados viajaran a un país que sí forme parte de esta corte y estuviera dispuesto a detenerlos o bien que hubiera un cambio de régimen en Rusia que permitiera la extradición de Putin y de Lvova-Belova. Putin es el tercer presidente en ejercicio que ha recibido una orden de detención del TPI, tras Omar al Bashir, de Sudán, y Muamar el Gadafi, de Libia.
“Esto es solo el comienzo”, ha declarado Andri Yermak, jefe de la oficina del presidente ucranio, Volodímir Zelenski. La Unión Europea, que está tratando de sacar adelante varios proyectos para lograr la reparación de los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, ha definido la decisión del Tribunal Internacional como “muy importante”. “La gravedad de los crímenes y la declaración del Tribunal Penal Internacional hablan por sí solas”, ha dicho el alto representante para Política Exterior y Defensa, Josep Borrell. “Este es solo el comienzo del proceso de rendición de cuentas y de hacer que Rusia y su líder rindan cuentas por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania”, ha declarado Borrell, que ha añadido: “No puede haber impunidad”.
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha considerado “justificada” la decisión del TPI. “Está claro que ha cometido crímenes de guerra”, ha afirmado ante periodistas este viernes, en referencia a Vladímir Putin. EE UU no forma parte del TPI, pero Biden considera que con la orden de detención ha marcado “un punto muy fuerte”, informa la agencia Reuters.
Tras revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, los jueces consideran que hay “fundamentos razonables para sostener la responsabilidad” de Putin y de Lvova-Belova en la deportación ilegal de menores a Rusia desde las zonas ocupadas de Ucrania. Karim Khan, fiscal jefe del tribunal, ha señalado que las deportaciones “demuestran la intención de sacar de manera permanente a los niños [ucranios] de su país”. Ha añadido que es preciso asegurarse de que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades. “No podemos permitir que sean tratados como si fuesen un botín de guerra”, ha dicho.
El tribunal es la única instancia permanente para juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad y el genocidio. También está facultada para hacerlo con el crimen de agresión —la invasión de Ucrania, en este caso— pero choca con el mismo muro: Rusia no es uno de sus Estados miembros. De ahí que se baraje la posibilidad de crear un tribunal internacional especial para cubrir este vacío legal. El Parlamento Europeo respalda su establecimiento. Ucrania tampoco es miembro del TPI, pero ha aceptado su competencia.
El contenido de las órdenes de detención es secreto para proteger la identidad de las víctimas, pero el TPI las ha anunciado “en interés de la justicia y para prevenir la comisión de nuevos crímenes”, según ha explicado el presidente del TPI, Piotr Hofmanski. En el documento, puede leerse que Vladímir Vladímirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de Rusia, “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población [entre ellos, niños] y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”. Los delitos se cometieron presuntamente al menos desde el 24 de febrero de 2022 [fecha de la invasión a gran escala]. Destaca que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual por esos delitos. Según el Estatuto de Roma, texto fundacional del TPI, el presidente ruso sería responsable “por haber cometido los actos directamente junto con otros y/o a través de otros”. Y “por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”. En el caso de la comisionada María Lvova-Belova, se trata solo del primer apartado del cargo.
El tribunal, que juzga solo a los máximos responsables de los mayores delitos de la justicia internacional, no dispone de una fuerza policial para detener a las personas que acusa. Depende, por lo tanto, de que sus 123 Estados miembros se presten a hacerlo. En este caso, al tratarse del presidente de Rusia, la cooperación internacional cobra especial relevancia: si Putin viaja al extranjero se expone a una detención a partir de ahora.
Moscú: “indignante e inaceptable”
Moscú —que niega las acusaciones de crímenes de guerra pese a las evidencias aportadas por el Gobierno ucranio y por investigaciones de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos— ha desestimado la decisión de La Haya. “Consideramos que la formulación misma de la cuestión es indignante e inaceptable”, ha dicho este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Rusia, como varios Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal. En consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para Rusia”, ha enfatizado Peskov, según la agencia Interfax.
La decisión ha generado cierta incredulidad entre la ciudadanía rusa e indignación en el círculo del Kremlin, que ve tras la decisión la mano de Estados Unidos. “¡Yanquis, quitad vuestras manos de Putin!”, ha clamado el presidente del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, en su canal de Telegram. “Cualquier ataque contra el presidente de Rusia es una agresión contra nuestro país”, ha lanzado.
La deportación forzosa de la población de un territorio ocupado por parte de las fuerzas ocupantes —sin distinción de edad— está prohibida por la justicia internacional. En el caso de los menores, la Comisión de Naciones Unidas para la Investigación sobre Ucrania lo califica de crimen de guerra, y señala que hay pruebas de esos traslados ilegales. En el primer informe elaborado por sus expertos, publicado este jueves, se indica que Rusia concede la nacionalidad a los niños ucranios deportados y los deja con familias de acogida “para favorecer un entorno donde algunos puedan quedarse de forma permanente”.
Si bien los traslados forzosos se presumen solo temporales, “la mayoría se prolongan y padres e hijos tienen muchos problemas para mantener el contacto”. Testigos presenciales han relatado a los miembros de esta Comisión de la ONU que “los más pequeños corren el peligro de perder el contacto de manera permanente con sus progenitores”. Por todo ello, se concluye que la deportación forzosa de niños ucranios “viola las leyes humanitarias internacionales y supone un crimen de guerra”. La Comisión no ha podido confirmar la cifra de 16.221 menores deportados, citada por las autoridades ucranias.
En marzo de 2022, el Gobierno de Ucrania ya acusó a Rusia de deportar por la fuerza a su territorio a miles de personas, entre ellas, niños. Ese mismo año, Amnistía Internacional señaló que las fuerzas rusas y controladas por Rusia, “trasladaron a la fuerza a civiles desde la Ucrania ocupada a zonas bajo control ruso”. Durante el proceso, “se separó a niños y niñas de sus familias”, en una violación del derecho internacional humanitario, según explica la ONG. Un informe de investigadores de la Universidad de Yale y respaldado por Washington ha revelado que Rusia ha retenido al menos a 6.000 menores ucranios en 43 campamentos e instalaciones como parte de una “red estructural a gran escala”.
Rusia celebra públicamente el programa con el que se lleva miles de niños ucranios desde Rusia, pero lo disfraza de campaña humanitaria para proteger a menores abandonados o huérfanos en los territorios de Ucrania que el Kremlin ha ocupado. Este viernes, la comisionada del Kremlin Lvova-Belova ha tratado de vender su orden de detención como un reconocimiento a su trabajo en un entorno de rusofobia. “Es muy bueno que la comunidad internacional haya valorado el trabajo para ayudar a los niños de nuestro país [Moscú se ha anexionado cuatro regiones ucranias ocupadas de forma ilegal], que no los dejemos en las zonas de guerra, que los saquemos, que les generemos buenas condiciones, que los rodeemos de amor, gente afectuosa”, ha dicho.
Estonia: “Un paso más cerca del día del juicio”
Las órdenes de detención contra Putin y su responsable del programa de deportación de niños ha generado una cascada de reacciones. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha celebrado la decisión de La Haya. “[Estamos] un paso más cerca del juicio. Con este paso, el TPI envía una señal histórica. “Todas las atrocidades contra Ucrania provienen de la política criminal de los líderes rusos [...]. Es un recordatorio de que nadie es impune, ni siquiera los jefes de Estado. El régimen ruso tendrá que rendir cuentas”, ha asegurado.
Polonia, otro de los países que más apoyo ha suministrado a Ucrania y que, como los países bálticos, lleva años alertando contra la política imperialista del Kremlin, también ha aplaudido el paso del TPI. “Putin debería ser juzgado como criminal de guerra junto con otros responsables de atrocidades en Ucrania”, ha dicho el portavoz del Gobierno polaco.