Dice Nereida Chávez que la columna se le quedó descompuesta tras los golpes, que esa es la secuela visible, pero que no es la única, que tampoco es la peor. Lleva desde el 25 de julio de 2022, cuando denunció a su entonces pareja por violencia de género, sin trabajar, sin salir a la calle. Vive, dice, atemorizada. “Solo voy de mi casa a la Fiscalía y de la Fiscalía a mi casa”, cuenta por teléfono desde Morelia. Misael N, su expareja, era delegado administrativo en la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán; renunció a su puesto unos días antes de empezar la audiencia, en la que la jueza lo vinculó a un proceso judicial. Ahora, el miedo de Chávez reside en que las medidas cautelares que deben protegerla dependen de la misma entidad donde él trabajaba, donde siguen la mayoría de los testigos de su defensa y donde el director es Ignacio Mendoza, cuyo hijo, también llamado Ignacio Mendoza, defiende a Misael en el juicio. El titular de la dependencia, consultado por EL PAÍS, apunta que se trata de un “problema entre particulares”, donde ni él ni la Coordinación del Sistema Penitenciario tienen nada que ver.
Nereida y Misael se conocieron a principios de 2021 cuando trabajaban en la campaña del morenista Alfredo Ramírez Bedoya para la gubernatura de Michoacán. Ramírez salió elegido. En septiembre, ellos prácticamente se fueron a vivir juntos y en mayo del año siguiente, él le pidió matrimonio. En junio, Chávez renunció a su trabajo en el departamento de salud de la Coordinación del Sistema Penitenciario, un cargo —explica— al que había accedido en noviembre gracias a Misael. En 2022, él ya se estaba preparando para ser candidato para el distrito 16 de Morelia: “Me dijo que lo prudente era que yo renunciara para evitar temas de nepotismo”.
A cambio, cuenta, ella iba a coordinar una casa de gestión para la candidatura electoral. “Me encargaba de las tenencias, de brindar apoyos en materia de salud y legales, y también de organizar a la estructura que se iba a movilizar”, apunta la consultora política. El 25 de julio era el cumpleaños de Misael. En ese momento, explica Chávez, él tenía covid, por lo que ella estaba en casa de sus padres. Después de comer decidió acercarse a su domicilio, situado en el fraccionamiento Real San Diego, al sur de Morelia, para llevarle una tarta.
En el testimonio de Chávez los hechos sucedieron así: ella entró en la casa y la encontró vacía. Le extrañó. Se dio cuenta de que su ordenador estaba encendido y que tenía conectada su cuenta de WhatsApp. Allí descubrió que él le estaba siendo infiel con varias mujeres, algunas de ellas comprometidas. Alrededor de las 15.00 horas, Misael regresó a la casa, descubrió lo que estaba haciendo y se puso agresivo.
“Llegó y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo dentro de mi casa?”, relata. “Le dije que de eso se iban a enterar los esposos. Entonces, comenzó a golpearme. Literalmente, él me quería matar a golpes, yo creo que no quería que se enteraran, eran muchas personas involucradas. ‘No, no vas a decir nada’, me dijo. Empezó a sujetarme muy fuerte, de los brazos, me comenzó a ahorcar, entre el codo y el antebrazo, como una especie de llave, así como un candado, gritaba muchas cosas, que cómo me había atrevido”, continúa.
“Después de que me estaba asfixiando, me sacó de la casa y me lanzó contra el asfalto, yo caí con la rodilla, luego con la cadera, y alcancé a meter mis antebrazos para no golpearme la cara. Comenzó a grabarme, yo tirada en el suelo, decía que yo había ingresado a nuestra casa sin autorización. Me golpeé mucho las costillas, no podía respirar bien. Me dijo ‘levántate ya’, pero yo no podía”, recuerda. Fue Misael, dice, quien la levantó y la volvió a “sacudir muy fuerte”. “Me lastimó otra vez”, señala.
Delito de lesiones en razón de relación
Chávez cree que Misael llegó a calmarse cuando intervino el chófer de ella, empleado de él, que le pidió que parara. Acompañada del conductor, ella se fue de la vivienda y llegó hasta su lugar de trabajo. Empezó a sentir mucho dolor en el cuello y decidió ir al Hospital de la Mujer. Allí, según consta en un recetario, le diagnosticaron un esguince cervical. Con eso, Nereida Chávez decidió ir directamente al Centro de Justicia Integral para las Mujeres del Estado, donde un médico perito le certificó las lesiones y pudo interponer una denuncia. Le tipificaron el delito en “lesiones en razón de relación”.
El 26 y el 27 de julio acudió de nuevo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE): un traumatólogo le diagnosticó un esguince cervical de grado dos y una policontusión. “Fueron tres diferentes médicos, dos de urgencias y un traumatólogo. Para el 9 de septiembre seguía con dolor, fui de nuevo al ISSSTE y ahí me diagnosticaron que tenía la columna rectificada”, narra.
La precisión de estos diagnósticos se convirtió en un asunto central en la audiencia de enero, en la que se decidía si Misael iba a ser o no vinculado a proceso. Los abogados del acusado contrargumentaron que Chávez no había aportado ningún estudio de rayos X que soportara los dictámenes médicos, incluso un perito de la defensa señaló que las lesiones que la víctima mostraba pudieron ser autoinfligidas o producto de un accidente. Sin embargo, estas hipótesis no fueron compartidas por la jueza Amalia Herrera Arroyo, que tampoco consideró seis de las siete entrevistas de testigos que aportó la defensa, puesto que ninguno estuvo cerca del escenario a la hora en la que presuntamente sucedieron los hechos.
El último testigo hacía referencia al hombre que Nereida Chávez identifica como su chófer, José Enrique N; este declaró por escrito a la defensa que nunca había fungido como conductor, que apenas conocía a la víctima, y que, por tanto, ni estaba cuando sucedió el ataque, ni mucho menos pudo entones intervenir. Cuando le dieron el uso de la palabra, la mujer dijo que tenía pruebas de esa relación constante con José Enrique y que creía que él no hablaba por miedo a perder su trabajo, puesto que era subalterno de Misael. Lo mismo cree que le ocurre a la mayoría de los testigos, amigos o trabajadores de la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán.
Esta dependencia gubernamental se ha convertido en un nudo en el caso. Tanto la víctima como el acusado trabajaron allí, en ese mismo lugar están empleados cinco de los testigos, y su director, Ignacio Mendoza, es el fundador del despacho que defiende a Misael, quien además, reconoce el funcionario, es un “amigo de la familia”. Por otro lado, según el reglamento de la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán, esta es la institución encargada de “coordinar la evaluación y supervisión de las medidas cautelares”. Esto quiere decir que la orden de no acercarse, de no mantener contacto con la víctima y de velar por su seguridad, depende de esta unidad.
“El director de medidas cautelares es superamigo de Misael. Yo no me siento con confianza cuando me llaman para saber cómo estoy de decirles dónde me encuentro”, dice Nereida Chávez. Esta anomalía fue detectada por la jueza Amalia Herrera, quien definió la situación como “un conflicto de intereses”, por el que señaló a la Fiscalía de no haberse dado cuenta y por el riesgo que supone para la víctima: “Esta información era esencial, de ninguna manera puede aceptarse que se resuelva bajo una dinámica de perspectiva de género cuando la investigación no la tomó en consideración, cuando la investigación de la Fiscalía deja completamente desprotegida a la víctima, porque hace que el juez no pueda aplicar medidas cautelares de manera efectiva que garanticen su seguridad y neutralicen un riesgo”.
Después de vincular a proceso a Misael, la juzgadora pidió una orden de protección adicional a la policía municipal de Morelia, así como una información constante, de parte de la Coordinación del Sistema Penitenciario, sobre el estado de esas medidas cautelares: “En caso de que se detecte alguna tergiversación, daré vista para que se investigue”.
Esta postura no es compartida por Ignacio Mendoza, titular de la institución: “No hay un conflicto de intereses jurídicamente hablando: incluso si a mí me acusan, las medidas cautelares dependen de esta dependencia. Yo no diseñé el sistema. No hay quien la sustituya para hacer cumplir las medidas cautelares, que además, no dependen ni dependieron de Misael. Por otro lado, cualquier gente puede contratar a cualquier abogado, aunque sea mi hijo, mi hijo tiene el derecho constitucional al trabajo, aunque a alguien no le guste, porque legalmente lo puede hacer”. “La jueza está equivocada. Para mí, opinó de manera acelerada, técnicamente es una opinión exacerbada para una audiencia, que no debió tratarse de esa manera”, considera Mendoza, que fue subprocurador de Justicia en Michoacán hasta 2009, mismo periodo en el que el padre de Misael era el procurador.
La defensa de Misael apeló la decisión de la jueza de vincularlo a proceso, pero el juez encargado todavía no lo ha resuelto. Esta situación sume todavía en más incertidumbre a Nereida Chávez. “Yo sigo presentando más pruebas, me han hecho a mí peritajes, de trabajo social, psiquiátricos... Su argumento es que estoy loca, he tenido que estar debatiendo que no estoy loca, que me golpearon”, cuenta, “a mí me hackearon, tuve que cambiar mi número de teléfono, me amenazaron, me atacan a través de las redes sociales, me difaman. Yo ya investigué en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas por la posibilidad de irme de refugiada a EE UU. Aquí no puedo trabajar, no puedo salir, mi vida se acabó”.