El gobierno de Morelos nada tiene que ocultar en los cadáveres encontrados dentro de las “fosas de Tetelcingo (del municipio de Cuautla)”, aseguró el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón al establecer que pudo haber llevado de manera particular las diligencias.
Conforme al jefe del ministerio público del fuero común, el gobierno de Graco Ramírez apostó a la transparencia y establecer un grupo interinstitucional dentro del que participarán la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Policía Federal y Procuraduría General de la República (PGR).
“Es una diligencia que podríamos llevar solos, pero no lo queremos hacer así, ya que el gobernador nos ha instruido a que sea transparente para que no haya ninguna duda (sobre los hechos)”, aseguró.
En este sentido, informó que un 84 de los cuerpos rescatados (de 117) de dicha fosa carecen de violencia, el resto al parecer tienen un final por diversas causas que no son violentas.
El fiscal señaló que la transparencia del gobierno morelense es mayor a la de otras administraciones, porque hay la apertura de participación de otras instituciones con interés por conocer los hechos de qué pasa en Morelos.
A su vez, el coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, Roberto Guzmán Villanueva, afirmó que la Fiscalía negó la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en las diligencias, porque lograron fueran incluidos por un amparo solicitado y otorgado por un juez federal.
Las fosas de Tetelcingo, recordó, fueron abiertas por el amparo judicial logrado por la madre de Oliver Wenceslao Navarrete, empresario secuestrado, asesinado, reconocido por la familia y arrojado por la Fiscalía a la fosa común, y Tranquilina Hernández, quien tiene una hija desaparecida, solicitaron ayuda a un juez para que se realizara otro peritaje.
Incluso, refrendó que la “fiscalía no quería (abrir la fosa), debido a este ocultamiento irregular en fosas clandestinas”, e incluso reiteró que “son ocho (las personas) que murieron en penales del estado. Cuando una persona muere en penal, tienen que llevarse investigaciones. Cualquier muerte en un penal es sospechosa, (porque) como estado tienes el resguardo de estas personas”. Además, se debe descartar la tortura o que la muerte haya sido por las malas condiciones y atenciones en el reclusorio, dijo.
Guzmán Villanueva reveló que las contradicciones de la Fiscalía con el peritaje independiente, es el caso de los tres cuerpos de niñas halladas en la fosa: “En el caso de las niñas tú eres responsable como estado, tienes que dar con el paradero de los familiares”.
De igual manera, explicó que una bebé, de cero a dos meses fue tirada como basura por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), así como varios cuerpos y tierra quedaron encima de ella, cada uno de sus huesos fueron separados y fragmentados.
Otra infante tenía las uñas pintadas y el peritaje les llamó la atención, porque se reveló que era una niña de siete años y no de dos, como dijo la Fiscalía y que fue aventada desnuda de un puente de 20 metros. La hipótesis es que fue víctima de trata o pornografía infantil, añadió.
La Fiscalía indicó que sigue sin entregar ningún tipo de información, cuando la PGR y Policía Federal han hecho su trabajo, situación que “imposibilita que avancemos en los trabajos. Hay personas desaparecidas en esta fosa, que durante años sus familiares los han buscado, y que el gobierno del estado los desaparece por no haber perfiles genéricos”. (René Vega Giles en Morelos)