Bruselas.— La Comisión Europea propone aumentar la cooperación entre Europol y las autoridades de México para enfrentar la “grave amenaza” que suponen los cárteles mexicanos para la seguridad interior de la Unión Europea (UE).
En concreto, el Ejecutivo comunitario demanda celebrar un acuerdo sobre el intercambio de datos personales entre la Agencia para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades mexicanas competentes en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
La propuesta llegó el pasado 9 de marzo al escritorio de Therese Blanchet, del Secretariado General del Consejo Europeo, y requiere del visto bueno de los Estados miembros para que la comisión inicie negociaciones con el gobierno mexicano.
El documento clasificado como COM(2023) 131 final y presentado como recomendación de decisión del consejo afirma que “los grupos de delincuencia organizada latinoamericanos suponen una grave amenaza para la seguridad interior de la UE, ya que sus acciones están cada vez más vinculadas a una serie de delitos dentro de la Unión, en particular en el ámbito del narcotráfico”.
Afirma que las actividades delictivas de las organizaciones con sede en el otro lado del Atlántico provocan que la disponibilidad de cocaína en Europa esté en máximos históricos, al tiempo que están generando beneficios de varios miles de millones de euros que son usados para otras actividades delictivas y debilitar el Estado de derecho en la UE.
“Las organizaciones de delincuencia organizada con sede en dicho continente están bien asentadas y también operan en otros ámbitos delictivos que entran dentro del mandato de Europol, como los ciberdelitos, el blanqueo de dinero y los delitos medioambientales”, señala.
Respecto a los cárteles mexicanos, la Comisión Europea los describe como “organizaciones multinacionales polidelictivas” que han intensificado sus actividades en la Unión, desarrollando un negocio a la medida usando numerosas estructuras empresariales legales para apoyar otros delitos, como el tráfico de drogas, incluyendo las sintéticas.
Hace referencia al informe conjunto de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) y Europol, de 2022, que exhibe la colaboración entre cárteles mexicanos y redes criminales europeas para el tráfico de metanfetamina y cocaína a la UE, así como la producción en suelo comunitario de tales sustancias ilícitas.
Da como casos concretos las 1.6 toneladas y 1.5 toneladas de metanfetaminas originarias de México incautadas en España en 2019 y Eslovaquia en 2020.
Recuerda que en el documento de trabajo 2022-2024, Europol justifica la necesidad de reforzar la cooperación con los países latinoamericanos ante la creciente demanda de drogas y el aumento de las rutas de tráfico hacia la UE.
En tanto, indica que el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), con sede en Lisboa, ha denunciado que debido a su capacidad para adquirir grandes cantidades de cocaína directamente de productores de América Latina, “las redes delictivas mexicanas constituyen una amenaza para Europa”.
“Una mayor cooperación operativa y el intercambio de información pertinente entre Europol y México serían importantes para combatir los delitos graves en muchos ámbitos delictivos de interés común, como el tráfico de drogas y los delitos medioambientales”, reitera.
“El OEDT ha identificado a México como un socio internacional clave para reducir la oferta mundial de cocaína”, destaca.
De acuerdo con la Comisión Europea, en un mundo globalizado donde los delitos graves y el terrorismo son cada vez más transnacionales y polivalentes, los cuerpos de seguridad deben contar con todos los equipos necesarios para cooperar con socios externos.
El anexo que acompaña la iniciativa detalla que el acuerdo persigue crear la base jurídica para que Europol y las autoridades mexicanas puedan transferir datos de carácter personal, teniendo como “objeto la prevención y la lucha contra el terrorismo y la desarticulación de la delincuencia organizada y la lucha contra el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia”.
Está previsto que los datos personales revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, información relativa a la salud, a la vida sexual o a las orientaciones sexuales.
El acuerdo además establecerá las normas sobre el uso de los datos, almacenamiento, manejo y periodo de conservación, así como establecerá una lista exhaustiva de las autoridades mexicanas competentes con las que Europol colaborará.
Para evitar abusos, se contempla crear un sistema de supervisión periódica por parte de una o varias autoridades públicas independientes, “con poderes efectivos de investigación e intervención para supervisar a las autoridades públicas mexicanas” que utilicen dichos datos.