A los cinco jóvenes del caso Tierra Blanca, Veracruz, los levantaron porque a juicio de los policías estatales, al servicio del crimen, los muchachos eran ‘‘sospechosos’’: estaban ‘‘fortachones’’ y venían en un automóvil con placas foráneas. En eso basaron su ‘‘sospecha’’ el pasado 11 de enero. Todas las víctimas fueron golpeadas, asesinadas y sus cuerpos destruidos o triturados, según la declaración del policía Rubén Pérez Andrade, octavo detenido en la investigación a cargo de la Policía Federal (PF) y la Fiscalía veracruzana. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que la única manera de revertir esta situación de violencia, donde los policías están bajo las órdenes de los delincuentes, es romper la cadena de impunidad. El octavo detenido por este caso reveló la información en un segundo interrogatorio, una vez que otros elementos técnicos lo vincularon con el levantón a las víctimas, principalmente con base en los videos captados desde una gasolinera y una tienda de autoservicio, así como huellas y registros de actividad telefónica. Este policía, integrante de la corporación estatal, confirmó que en el rancho El Limón fueron asesinados los cinco jóvenes, ‘‘y él presenció solamente la primera parte de la desaparición’’
