LA RAZÓN: Va gobierno contra 8 agentes y un migrante por tragedia en Ciudad Juárez

El Gobierno federal anunció que tomará acción legal en contra de cuatro personas por la tragedia en la que murieron 39 migrantes en un centro de retención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque señaló que se tienen identificadas a más personas probablemente responsables de los hechos.

Inicialmente se tienen identificados ocho agentes, públicos y privados, probablemente responsables: dos federales, un estatal, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada que custodiaba el sitio, quienes ya rindieron sus declaraciones ministeriales.

No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en primera instancia cuatro órdenes de aprehensión en contra de dos agentes de Migración, un policía de seguridad privada y del presunto migrante que inició el fuego en el centro, aunque este jueves podría ampliarse a ocho la solicitud de acción penal, informó la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías.

“Es parte de la investigación, quienes lo han señalado son las demás personas migrantes. No podría en este momento dar más elementos, porque es parte de la investigación”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Añadió que “serían dos del personal de Migración y uno de guardias privados”, aunque adelantó que otras cuatro personas podrían sumarse a este listado de solicitudes de órdenes de aprehensión.

“Al momento, se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos: dos agentes federales, un agente estatal de Migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”, todos ellos como miembros de la seguridad, adicionales al migrante que inició el fuego, dijo.

Añadió que “el delito por el que se inició la carpeta fue por el delito de homicidio y por el delito de daño en propiedad ajena; sin embargo, a lo largo, igual, de que vayamos desarrollando las investigaciones, vamos a ver la comisión de otros posibles delitos, que tienen que ver también con el delito de abuso de autoridad probablemente o incluso malos tratos.

“Pero son sólo hipótesis que vamos a analizar, de acuerdo a como se vaya desarrollando la investigación y las pruebas que tengamos”, detalló Herrerías Guerra.

Al tomar la palabra, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, confirmó que hay 39 personas migrantes fallecidas y 27 lesionadas por el incendio en el centro de retención migratoria en Ciudad Juárez.

“De las 27 personas migrantes hospitalizadas, 14 están siendo atendidas en el IMSS, 11 en el Hospital General del Estado y dos en el ISSSTE. De los 14 del IMSS, tenemos el reporte de seis de ellos sumamente graves y ocho delicados; en tanto que en el Hospital General, 10 de los 11 internados se encuentran graves y uno delicado, mientras que los dos del ISSSTE están estables”, detalló.

Sin embargo, reconoció que la lista proporcionada por el Instituto Nacional de Migración (INM) señala que había 66 personas al interior del lugar, pero en realidad había 68 y todavía hay algunos cuerpos que no han sido identificados.

Señaló que el comisionado del INM, Francisco Garduño, recorrió hospitales de Ciudad Juárez “para conocer el estado de salud de los lesionados, a quienes se ofreció apoyo, asistencia y atención hospitalaria. Migración se hará cargo del retorno de los cuerpos y movilidad de migrantes y familiares”.

Sobre su posible remoción, dijo que todo dependerá del resultado de las investigaciones y si le resulta algún tipo de responsabilidad, y destacó que el Gobierno federal es enfático en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie.

“En este Gobierno se castigan los abusos y violaciones a derechos humanos, tenemos compromiso con la sociedad para evitar la impunidad”, aseguró, por lo que ofreció que será una investigación seria, profesional y hasta llegar a la verdad.

Sin embargo, reconoció que la contratación de la empresa privada de seguridad por parte del INM contraviene la orden presidencial de no solicitar seguridad privada, sino recurrir al Servicio de Protección Federal.

“Efectivamente, hay que recordar que el señor Presidente dio la instrucción de la contratación y del apoyo del Servicio de Protección Federal. La mayoría de las instancias del Gobierno federal tienen este servicio, pero algunas instancias, algunas dependencias no han hecho todavía estos contratos y estamos pendientes de que se acate esta instrucción”, señaló.

Empresa de seguridad es de cónsul nicaragüense

La empresa privada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) estaba encargada de la vigilancia del centro de retención de Ciudad Juárez, en el momento en que ocurrió el incendio donde fallecieron 39 migrantes el lunes pasado, de acuerdo con una investigación de Latinus.

Esta compañía es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, a quien el Gobierno federal ha entregado contratos por más de tres mil millones de pesos, asegura la plataforma informativa.

En febrero, el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje en el que documentó cómo el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) incrementaron la entrega de contratos a SEICSA a partir de que Valdés Cabrera fue nombrado en el 2019 cónsul honorario por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer para explicar la situación sobre el caso, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, evitó mencionar el nombre de la empresa, al referir que “debía guardar secrecía como parte de las investigaciones que se realizan para dar con los responsables”.

No obstante, dijo que el Gobierno está recabando la información para saber si la empresa tiene los permisos requeridos para operar y el tipo de contrato que suscribió con el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un video que se difundió en redes sociales, en el que se ve cómo arde el centro de retención con los migrantes atrapados, se observa en el frente de la escena a un guardia de seguridad privada y a dos agentes del INM y ninguno actúa para liberar a las personas encerradas.

Latinus menciona que sobre SEICSA pesan además varias denuncias por violaciones a los derechos humanos, principalmente en incidentes en contra de migrantes.

Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación observó, en la Cuenta Pública correspondiente al 2019, que la empresa había incumplido con los términos del contrato CS/INM/001/2019 suscrito con el INM.

Ejecutivo pide a FGR asumir la indagatoria

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a familiares y gobiernos de los países de donde eran originarios los migrantes que murieron en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) al tiempo en que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que asuma la investigación de manera directa.

“Y ya está esta información en manos de la Fiscalía, el delegado de la Fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al fiscal (Gertz Manero) que se apersone, que lo atienda este asunto de manera directa, desde luego respetuoso de su independencia, de su autonomía.

“Pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ser aclarado y que tiene que castigarse a los responsables si de la investigación se desprende de que hubo dolo, de que hubo negligencia, lo que se haya presentado, pero tenemos que conocer lo sucedido”, pidió el Presidente.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, con la muerte de 39 personas, el Presidente anunció que no modificará su política migratoria.

“Ahora que se da esta situación tan lamentable pues vamos a continuar con lo mismo, nada más que lo primero pues es informar, el cuidar a los enfermos. Y decirles a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida, delitos cometidos, pero eso lo va a hacer la fiscalía, que es el órgano autónomo” aseguró el mandatario.

Sin embargo, rechazó que se haya separado al Comisionado del INM, Francisco Garduño, esa decisión se tomaría eventualmente si la investigación de la FGR confirma alguna responsabilidad del titular de Migración.

Adelantó que la seguridad en el centro de detención estaba a cargo de funcionarios de la dependencia de la Secretaría de Gobernación, pero también de privados.

Buscan miles cruzar a EU tras un rumor

Cientos de migrantes intentaron cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, en dos momentos distintos, a través de un punto entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Los extranjeros irregulares dejaron las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en la localidad de Chihuahua, posteriormente atravesaron la avenida principal y corrieron hacia el puente internacional.

De inicio fue sólo un grupo reducido. Posteriormente, la cifra se incrementó a cientos de personas, tras correrse el rumor a través de redes sociales de que Estados Unidos les permitiría el ingreso. Cuando ya se habían concentrado en el sitio, intentaron cruzar una malla ciclónica en grupo, en el que se encontraban mujeres, hombres adultos y algunos niños que llevaban en brazos o caminando.

Estos hechos se dieron dos días después de que ocurrió un incendio en el centro de retención del Instituto Nacional de Migración (INM) de la ciudad, en el que fallecieron 39 personas que se encontraban encerradas bajo llave.

Los migrantes en Ciudad Juárez desean salir de la localidad, ya que temen por sus vidas, de acuerdo con reportes locales, y debido a los sucesos recientes no desean ser capturados y detenidos en dicha estación migratoria.

Al enterarse las autoridades de Estados Unidos del intento de cruce de los migrantes desde el lado mexicano, de inmediato enviaron a sus elementos de Patrulla Fronteriza para detenerlos cuando pisaran suelo estadounidense.

Sin embargo, tras recorrer unos siete kilómetros, llegaron a la orilla del río Bravo para intentar cruzar, pero ya eran esperados por las autoridades norteamericanas, por lo que regresaron y la situación sólo quedó en un intento.

De acuerdo con medios locales, la movilidad y tránsito de los extranjeros se ve diariamente en Ciudad Juárez, debido a que aprovechan lugares donde el caudal del río Bravo es menor para intentar cruzar a Estados Unidos. A pesar de ello, las autoridades instan a la gente a no seguir intentando el paso para evitar peligros, pero la gente sigue haciéndolo.

Los migrantes se comunican y avisan por medio de redes sociales y grupos de chat, por lo que, al encontrar un lugar para cruzar, de inmediato se corre la voz y por ello el movimiento es inesperado.

Más tarde un segundo grupo intentó aprovechar un hueco en la malla ciclónica para pasar hacia el lado de Estados Unidos, pero tampoco pudo realizarlo, ya que se generó un fuerte operativo por parte de la Patrulla Fronteriza del vecino del norte.

Conforme transcurrió la tarde, siguieron llegando migrantes a la zona, cruzaron el Bravo y esperaron algunas horas frente a la puerta 36. Poco a poco, en grupos, fueron ingresados por los elementos fronterizos a territorio estadounidense.

Los agentes fronterizos entablaron previamente diálogo con ellos y los subieron a un camión escolar, para ingresarlos a Estados Unidos y tomarles sus datos, y posteriormente deportarlos a su país, con lo que perderían la oportunidad de ingresar de manera legal, a través de la aplicación CBP One, ya que fueron detenidos y registrados. Varios de quienes habían cruzado decidieron retornar hacia México.

Mientras esto ocurría, un helicóptero, aparentemente de la Patrulla Fronteriza, sobrevolaba en círculos, incluso sobre el espacio aéreo mexicano, con el objetivo de vigilar que la situación no se saliera de control.

Atoran 52 iniciativas para regular abusos en centros de retención

A pesar de las múltiples quejas que personas migrantes y activistas han interpuesto por años respecto a las prácticas que enfrentan en los centros de retención del gobierno, durante la presente Legislatura (LXV) en la Cámara de Diputados se han promovido apenas dos iniciativas, que permanecen pendientes, mientras en el último año en el Senado de la República se han acumulado 50 proposiciones, exhortos y dictámenes que se han quedado también pendientes de trámite sobre el tema.

En el caso de la Cámara de Diputados, las propuestas de ley están directamente enfocadas en regular la estancia y condiciones en las estaciones migratorias, con el fin de garantizar los derechos para extranjeros de paso irregular.

La Comisión de Asuntos Migratorios tiene en su lista de pendientes por discutir los proyectos presentados por las diputadas Elvia Yolanda Martínez Cosío, de Movimiento Ciudadano, y Mariana Gómez del Campo, del PAN, para modificar la Ley de Migración. La primera sugiere cambios que respondan al acelerado crecimiento de este fenómeno y, con ello, el de las detenciones.

Al señalar que tratados internacionales destacan el respeto a los derechos humanos y el acceso a un proceso ágil para aclarar la situación migratoria de las personas, la legisladora propuso reducir de 15 días hábiles a sólo 72 horas la resolución de la situación migratoria de extranjeros detenidos a partir de su presentación. También sugirió reducir de 15 días hábiles a 36 horas, el tiempo máximo del alojamiento en estaciones migratorias.

Yolanda Martínez reclamó que, de haber estado aprobada y promulgada su iniciativa para reducir los tiempos de detención en la resolución de situaciones migratorias, se habría abonado a que una tragedia como la que ocurrió el lunes en Ciudad Juárez no hubiera ocurrido.

“Es para que no se puedan exceder a 72 horas (las detenciones) sin dejar de lado lo que dice dictamine el artículo 21 Constitucional, dando un plazo ligeramente mayor a 36 horas...Los migrantes, ellos no estaban en un albergue, ellos estaban en un centro de detención. Es por eso que mi iniciativa, de haber sido aprobada y ya con decreto de ley, ellos no hubieran estado ahí más de 36 horas, (plazo establecido en el artículo 21 Constitucional) 36 horas te da una esperanza de que vas a salir, te da una esperanza de que no vas a caer en la desesperación y no pasar lo que acababa de pasar”, dijo en entrevista con La Razón.

La legisladora acusó que “parece que la están dejando prescribir (a su iniciativa)”, pues no se encuentra motivo para que no haya sido aprobada aún.

“No sabemos si les estén dando línea desde la Secretaría de Gobernación, que es desde donde los mandan (a los de Morena) para poder pasarlas y eso sería muy preocupante, porque esto que estamos presentando es en beneficio realmente de lo que está pasando y que pudiera haberse evitado una tragedia”, insistió.

Señaló que este no es el único paso que debe darse para impedir más siniestros como el de Ciudad Juárez, pues señaló que ante la falta de un sistema migratorio “real” en el país, es necesario reestructurar los protocolos que garanticen una movilidad humana que garantice los derechos de las personas.

Por su parte, Gómez del Campo sugirió una reforma a los artículos 11, 107 y 109 para garantizar que las personas migrantes cuenten con acceso a la justicia y brindar las condiciones necesarias para que se realicen los trabajos de defensa y promoción de derechos humanos.

“Las personas migrantes que permanecen en la estación migratoria con fundamento en la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración, no sólo están detenidas con un fin ilegítimo, sino que enfrentan condiciones precarias durante el alojamiento al ser objeto de acoso o malos tratos por parte de las autoridades migratorias”, señaló.

En el Senado se han acumulado entre 50 proposiciones, exhortos y dictámenes que se han quedado pendientes de trámite sobre el tema migratorio, en los que la mayoría plantea la revisión de las condiciones de los migrantes.

Senadores de distintas fuerzas políticas han demandado a autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras, revisar temas de seguridad, derechos humanos y salud de los migrantes que atraviesan el país.

Las propuestas van por regiones de paso y estancia de migrantes, así como por grupos sociales, y contemplan la atención de las necesidades de grupos vulnerables como adultos mayores, menores de edad y mujeres.

Apenas a inicios de marzo, el líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, planteó un exhorto a Gobernación para que, en coordinación con el INM y el Instituto Nacional de las Mujeres, salvaguarde la integridad y seguridad de las niñas migrantes.

Entre marzo y noviembre del 2022, la Comisión de Derechos Humanos, que encabeza la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, presentó dictámenes para demandar a las autoridades que aseguren sus garantías individuales y salvaguarden su integridad física, su vida y su seguridad.

La Comisión de Asuntos Fronterizos también planteó su protección y garantía de su seguridad, particularmente en las zonas que representan parte de su trayecto del sur hacia Estados Unidos.