Compañía que ofreció servicio a Migración tenía 4 elementos registrados y el contrato fue por 503, revela SSPC; empleado dice que no tenían acceso a llaves; describe trabajador cobros que agentes hacían a indocumentados; excomisionado ve riesgos en otros centros; son “sitios de maltrato y corrupción”
A la empresa CAMSA, una filial del Grupo Tank, que se anuncia como “seguridad privada profesional”, se la atribuye el peso de la responsabilidad en la tragedia en la cual 39 migrantes murieron en un incendio en Ciudad Juárez, pues su personal estaba de guardia el lunes 27, cuando se suscitó el siniestro en el centro de retención migratoria, por lo que ahora cinco de sus empleados han sido señalados por los hechos, y dos de ellos acusados de homicidio doloso y lesiones.
Lo anterior llevará a la compañía a perder su registro para continuar laborando, a pesar de tener contratos mediante adjudicación directa por más de 165 millones de pesos con dependencias gubernamentales en 23 estados.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que la empresa fue registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre del 2020 y además operaba con irregularidades.
“Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes”, advirtió la funcionaria, tras asegurar que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato que firmó con el Instituto Nacional de Migración (INM) señala que habría 503 elementos para cuidar las instalaciones en 23 entidades del país.
Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V., tenía una autorización, vigente al 24 de febrero del 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional, pero no contaba con permiso de portación de armas. Cada mes, la compañía estaba obligada a presentar un informe sobre las actividades de su personal, pero en ningún momento declaró que hubiera rotación, altas o bajas.
Ante estas irregularidades, la secretaria de Seguridad solicitó que se revoque el permiso para laborar.
“Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”, señaló la titular de la SSPC, quien sin embargo no pudo especificar si se tomarán acciones penales contra los dueños de la compañía.
En octubre del 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se fortalecería al Servicio de Protección Federal y firmó un acuerdo con todas las dependencias gubernamentales para que dejen de contratar a compañías privadas.
“Ahora tratamos en la mañana lo de tener ya un órgano para dar seguridad a las oficinas federales, una policía federal, sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del Gobierno, porque se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares, privadas”, señaló el Presidente en esa ocasión.
Sin embargo, su instrucción no fue atendida por el INM. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a la empresa CAMSA, en el 2022, le fue otorgado un contrato, de manera directa, por un monto de 165 millones de pesos, con impuestos incluidos.
Mediante este contrato, CAMSA, que había ganado la adjudicación a la empresa Servicios Especializados de Inteligencia y Seguridad (SIECSA) gracias a que presentó una oferta más barata, consiguió ofrecer el servicio de guardia y custodia para instalaciones del INM en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La empresa cuenta con el registro DGSP/203-20/4166 expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para prestar servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional. Sin embargo, la propia secretaria de Seguridad ha solicitado su baja del padrón.
“Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y, a partir de mañana (hoy viernes), elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, dio a conocer Rosa Icela Rodríguez.
Además, se comenzó un proceso administrativo sancionador, que consiste en revocar el permiso para que no pueda seguir trabajando, y se le impondrá una multa económica. También se buscará que participe en la indemnización a los deudos y víctimas sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria.
Capturan a primeros 5 acusados de homicidio
La titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra, señaló que se ejecutaron cinco de seis órdenes de aprehensión en contra presuntos responsables de la muerte de 39 migrantes en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional, explicó que se trata de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM); dos guardias de seguridad privada de la empresa responsable del cuidado del lugar, así como la persona que inició el incendio.
“Como comenté el día de ayer (miércoles), la Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión, pero comenté que se iba a seguir trabajando en otras. El día de hoy (jueves) en la madrugada finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio”, explicó.
Las órdenes que se solicitaron fueron por los delitos de homicidio doloso y lesiones en contra de 67 extranjeros: 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños.
Señaló que ayer mismo se llevaría a cabo la audiencia de imputación y vinculación, pero aclaró que, para no afectar el debido proceso, no se hablaría sobre la última persona que falta por detener, debido a los cuestionamientos de si se trata de algún socio de la empresa de seguridad privada.
Se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio
Sara Herrerías, Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de DH
Además, dijo que se amplió la investigación a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM), para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que las norma; “para decirlo con toda claridad: cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”, destacó.
Apuntó que los servidores públicos del INM tienen la responsabilidad de la custodia, seguridad y vigilancia de las personas extranjeras alojadas en los centros de retención migratoria, así como preservar el orden, la disciplina y la convivencia armónica, “y en todo momento respetar y salvaguardar los derechos humanos de estas personas”.
Herrerías Guerra no descartó que en el transcurso de las investigaciones se puedan dar más órdenes de aprehensión, pues actuarán con transparencia, sin proteger a ningún funcionario.
Ayer también, el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien representa a algunas de las personas imputadas, presentó una denuncia ante la FGR contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, quien presuntamente dio la orden de no abrir la celda del centro de detención de Ciudad Juárez, donde se produjo la muerte de los 39 migrantes.
Vázquez Campbell dijo que prefería no divulgar la identidad de sus representados, ya que desea proteger su seguridad, debido a que algunos de los familiares de sus clientes ya han recibido amenazas por parte de autoridades, aunque no precisó cuáles.
El abogado refirió que, en la primera entrevista con sus clientes que hoy son señalados como responsables, dijeron que momentos antes del incendio un migrante pidió un cigarro y un encendedor, y empezaron a hacer una protesta, aunque aclaró que son datos, aún muy básicos, pues “hay comentarios encontrados y habrá que emparejar datos”.
“Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos (migrantes) le prendieron el fuego a un colchón; ellos recibían burlas constantes y despojos”, dijo el litigante.
AMLO va a Ciudad Juárez; no visitará a sobrevivientes
El Presidente Andrés Manuel López Obrador viajará hoy a Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no se tiene contemplada una visita a los migrantes sobrevivientes del incendio en la estación migratoria, ya que la cita fue programada hace una semana para supervisar la construcción de los Bancos del Bienestar.
El pasado 24 de marzo, López Obrador dijo que estaba a punto de concluir la visita a las 32 entidades del país para inspeccionar los Bancos del Bienestar y para reunirse con los Siervos de la Nación, responsables de los programas sociales de su Gobierno.
“Sí, voy a estar en Ciudad Juárez el próximo fin de semana, vamos a tener una reunión para revisar los avances de las sucursales del Banco del Bienestar en Ciudad Juárez. Y voy también el próximo fin de semana a Baja California, voy a Baja California Sur y voy a Sinaloa y a Nayarit”, anunció en aquella ocasión.
El Presidente ofrecerá su conferencia de prensa matutina y enseguida volará a Chihuahua, aunque hasta anoche, no se tenía planeado que visitara la zona siniestrada o una reunión con los sobrevivientes del incendio.
El sábado y domingo visitará Culiacán, Sinaloa, y Tepic, Nayarit, donde también se reunirá con los servidores públicos que manejan los programas sociales del Gobierno.
López Obrador comentó que su objetivo es concluir la gira en los 32 estados de la República para supervisar la construcción de cerca de tres mil sucursales del Banco del Bienestar.
CAMSA sólo servía de apoyo, señala guardia
Cuando “Daniel” llegó a trabajar a Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V, nunca pensó lo que sucedería meses después. Ahora se encuentra asustado, porque dos de sus compañeros que, dice, no estaban en labor cuando ocurrió el siniestro en el que perdieron la vida 39 migrantes, fueron aprehendidos, así que asegura que “cualquiera puede correr con la misma suerte, aun si no fue a trabajar ese día”.
“Daniel” dice que CAMSA servía como apoyo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando inició el fuego, pero que sus elementos son auxiliares y no tenían acceso a las llaves, a no ser que los agentes migratorios les pidieran apoyo.
“El guardia hace la función de recepción; los canalizamos (a quienes acuden) a la oficina a la que van, llevamos la bitácora de visitas, pero no debemos estar con los migrantes. Son los agentes de Migración los que los meten para que hagan su trabajo, nosotros somos como asistentes, nosotros sólo actuamos cuando los del instituto lo digan; temas de uso de llaves, de los cuartos donde se resguarda la gente o cercanía al migrante, sólo la tienen ellos”, asegura.
“Es una empresa grande, te contratan primero de manera indirecta por outsourcing y después ya directo de la empresa, pero es un proceso fácil, de alguna manera, y nuestra labor era sólo observar cómo transitaban los días. Sí llegaban a diario migrantes, esa estación siempre estaba llena, así que entraban unos y salían otros. Normalmente nosotros sólo éramos observadores, a menos que alguno se peleara, interveníamos”, narra a La Razón.
“Daniel” relata que los guardias de seguridad privada tienen a su cargo la vigilancia en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), con excepción de las celdas donde permanecen los migrantes extranjeros, por ser responsabilidad exclusiva de los empleados públicos federales.
“El guardia hace la función de recepción, los canalizamos a la oficina a la que van (quienes acuden), llevamos la bitácora de visitas, pero no debemos estar con los migrantes”, insiste.
Refiere que, en ocasiones, vio cómo agentes de Migración sacaban sus tarjetas bancarias para pedirle a las familias de los extranjeros que les realizaran transferencias de dinero para “soltarlos”, como si se tratara de delincuentes, o bien decían: “para arreglarles rápido sus papeles y pudieran estar en México o irse”.
El declarante hablaba con voz baja y pedía que no fuera revelado su nombre real, aunque tras estos hechos él mismo renunciaría de inmediato a la empresa.
Detalla que los recursos que hacían llegar las familias de los “detenidos” se lo repartían entre los agentes migratorios y los encargados de la estación.
Finalmente, dice que la estación migratoria de Ciudad Juárez es un punto que concentra mucha corrupción y que los obligan a estar callados porque se maneja mucho dinero. “Las personas que llegan se ven mal, pero siempre traen un ahorradito y pagan mucho dinero a los funcionarios federales para que les hagan trámites que son falsos”, comenta.
Para el agente, el incendio en el que perdieron la vida 39 migrantes de varias nacionalidades “destapa una cloaca que espero sea revisada, porque no sólo están maltratando migrantes, sino a trabajadores inocentes, a los de más bajo rango”, dice.
Caso Ciudad Juárez se puede repetir: expertos
La situación en el centro de retención migrante de Ciudad Juárez se puede repetir, debido a que persiste la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM) y en ninguna estación hay condiciones para retener a la gente más de 36 horas, aseguraron expertos, quienes indicaron que esta situación da lugar a otros delitos como trata de personas y colusión con el crimen.
En los principales destinos migratorios del país hay aproximadamente 39 mil extranjeros irregulares en espera de llegar a Estados Unidos, de acuerdo con organizaciones y responsables de albergues. En Chiapas hay 20 mil; en Chihuahua, 12 mil; en Baja California, cinco mil; en la Ciudad de México, mil 500, y en Coahuila, mil.
Según los expertos, en los centros de retención hay maltrato psicológico, venta de drogas, falta de alimento y de atención a la salud, entre otras situaciones.
El extitular del INM, Tonatiuh Guillén López, quien realizó varios recorridos por estos lugares, pudo observar que no hay condiciones para tener a la gente.
“Ninguna estación migratoria, no estas que llaman provisionales, tiene condiciones adecuadas, pues tienen muchas limitaciones de espacios y servicios. No tienen condiciones mínimamente dignas; desde hace muchos años son espacios que se presentan para el maltrato de migrantes”, explicó.
En entrevista con La Razón, sostuvo que estar en esos centros transgrede el propio tiempo y proceso de las personas en México, pues dijo que debieran ser espacios de presencia muy rápida para que la gente sólo entre y salga.
Detalló que, al inicio del sexenio, se planteó la posibilidad de transitar estos centros a una calidad de albergues; sin embargo, precisó que no pudo madurar el proyecto porque se fue olvidando. “Nosotros lo quisimos hacer porque ya se venía el problema migratorio fuerte en el país; por ello, queríamos proteger, sobre todo a las mujeres, familias y menores”, agregó.
Guillén López sostuvo que no hay cuidados dentro de los centros de retención, por el tipo de infraestructura que manejan; además, puntualizó que, en los últimos años, la población que está llegando a México tiene un perfil de peticionario de refugio y por ello se tiene que realizar un cambio urgente en este tipo de centros.
“Son personas que huyen de sus países de origen, son expulsados y necesitan protección internacional; por ello, no se justifica un proceso de los migrantes en esos centros de retención. Se debe transitar a un modelo de albergues, con cuidados mínimos”, expuso.
Advirtió que el incendio que dejó sin vida a 39 personas puede volver a ocurrir: “Es probable que pueda volver a suceder, aunque, si bien hay tensiones, se pueden evitar, pero lo ocurrido en Juárez fue una negligencia criminal, hubo un maltrato a la vida de las personas, lo que es completamente condenable e imperdonable”.
Afirmó que en el INM hay todavía mucha corrupción, aunada a un contexto de trata de personas, lo que genera muchos factores irregulares, pues si bien hay personas ejemplares en su trabajo, también hay quienes están coludidos con el crimen.
Al respecto, el director del Centro de Dignificación Humana en Chiapas, Luis García Villagrán, denunció que en la entidad entran diariamente 800 personas de manera irregular, además de que a las personas que detienen los maltratan en lugares como la estación Siglo XXI en Tapachula.
“Ese lugar se convirtió en una cárcel, pues hasta antes del 2018 no había rejas y después las colocaron. Ahora tenemos el problema que ingresan al país 800 personas y ahorita hay 20 mil, pero se esperan hasta los 30 mil o más”, explicó.
El activista expuso que dentro de todas las estaciones provisionales hay venta de droga, maltrato psicológico, falta de alimentos y agua, y servicios sanitarios, entre otras anomalías.
Señaló que el trato jamás ha sido el adecuado cuando una persona permanece más de tres días, pues en su estancia son víctimas de extorsión por agentes migratorios o incomunicación con familiares.
Isabel Turcios, responsable de un albergue en Piedras Negras, Coahuila, señaló que las personas le han denunciado maltratos cuando son detenidos en centros de retención.
Pueblo sin Fronteras culpa a Garduño de genocidio
El director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, culpó al comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño, de ser el responsable de tener una política migratoria que “sólo criminaliza a las personas, las encierra y agrede”, así como conducir al país a una situación de genocidio y crímenes de Estado.
“México es el encargado de contener a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, pues ellos están recibiendo muy pocos migrantes en su territorio.
“Los verdaderos culpables de la situación migratoria en México son las autoridades federales, con una política que sólo busca contener a la gente sin respeto a sus garantías individuales”, destacó a La Razón.
Señaló que la situación en México es grave, ya que diariamente entran por Chiapas mil personas a México que recorren el país hasta la frontera norte, lo que les genera riesgos, ya que son perseguidos como criminales y encerrados en cárceles, que son consideradas como centros migratorios.
El activista exigió la renuncia de Francisco Garduño al INM, así como el cambio urgente de políticas migratorias y revisión de los centros de retención, o estancias temporales, ya que en esos sitios se violan las garantías individuales de las personas.
Chocan senadores por futuro titular del INM
Senadores de oposición y de Morena se confrontaron por la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de esperar a que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya su investigación sobre el deceso de 39 migrantes para decidir si cesa o no a Francisco Garduño de su cargo como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante la sesión del pleno, Germán Martínez, del Grupo Plural, señaló que los migrantes que murieron en el centro detención de Ciudad Juárez son “el Ayotzinapa del Presidente López Obrador y Adán Augusto (López Hernández) es el (Jesús) Murillo Karam de esta tragedia.
“Esto lo va a perseguir eternamente a Andrés Manuel. Estos muertos de Juárez lo perseguirán por la eternidad. Quiso pasar a la historia como el mejor Presidente de México, está pasando como están pasando los de Ayotzinapa, con muertos del Covid, con muertos de la violencia y, ahora, con muertos criminales”, manifestó.
El legislador también criticó que en la conferencia matutina ni siquiera se haya dedicado un minuto de silencio para quienes perdieron la vida.
El morenista Eduardo Ramírez dijo que no se pueden emitir juicios sobre lo sucedido, sin antes tener elementos de prueba, por lo que calificó como adecuada la postura del Ejecutivo federal.
“Estos elementos se irán desahogando con las investigaciones que haga la FGR. No es un caso menor, es un caso que ha estado en la opinión pública del mundo y, sobre todo, tratándose de hermanos migrantes que no están en calidad de delincuentes, de ilegales.
“Habría que deslindar responsabilidades y, en este caso, esperar a que la Fiscalía emita su opinión y, en razón de ello, actuar en consecuencia y que no sea un delito que quede impune en el sexenio del Presidente López Obrador”, declaró.
Al respecto, el líder de los senadores del PAN, Julen Rementería, subrayó que el Ejecutivo tiene que tomar determinaciones y acciones rápidas, porque lo que sucedió no fue un asunto menor y hay que ver que se resuelva y, sobre todo, que no se repita.
“Evidentemente hay responsabilidad, por supuesto del INM; claro que la hay y creo que tendría que resolverse esto a la brevedad y no esperarse al resultado de una investigación o, en todo caso, que nos digan en qué tiempo la van a resolver”, aseveró.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, admitió que la investigación de la FGR será complicada, porque también intervendrán las decisiones políticas.
Impiden avance
Previamente, la bancada guinda hizo el vacío en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, con lo que impidieron el llamado a comparecer de 57 funcionarios de las secretarías de Marina, Gobernación y del Trabajo, así como de los gobiernos de Tabasco, Nayarit Oaxaca y Veracruz, entre otros.
La convocatoria sería para que comparecieran ante dicha comisión, con el fin de que explicaran su desacato a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Álvarez Icaza dijo que es una constante de la mayoría legislativa no llamar a rendir cuentas a los servidores públicos, como se evidenció el miércoles, cuando se evitó citar a los funcionarios involucrados con la política migratoria.
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