Desde mediados del 2022, la migración de personas de Centroamérica y Sudamérica a Estados Unidos comenzó a tener altibajos, pero con tendencia a la baja, la cual se pronunció más en el primer bimestre de este año, mientras que los éxodos de mexicanos hacia el país del norte siguen siendo de los más altos y van en trayectoria ascendente.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos detallan que, de un millón 860 mil 009 detenciones en el 2022, 626 mil 969 son personas de origen mexicano, lo que corresponde al 33.7 por ciento de los flujos irregulares.
Entre enero y febrero del 2023, se registró un nuevo repunte de detenciones de connacionales en comparación con el bimestre inmediato anterior (noviembre y diciembre de 2022); esto es, se pasó de 107 mil 725 en el penúltimo bimestre a 126 mil 745 en el más reciente, lo que significó un aumento del 17.6 por ciento.
De manera contrastante, a partir de junio del 2022 se registró una disminución en las detenciones de personas migrantes en general, y en el primer bimestre del 2023 se registran las cifras más bajas de capturas desde enero y febrero del año pasado.
El investigador José María Ramos, de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), encuentra en la política de contención, expulsión y registro a través de la aplicación CBP, la explicación de que esté bajando el número de detenciones de migrantes de otras nacionalidades, porque ahora es más difícil que lleguen a la frontera entre ambas naciones.
Si bien ha habido una reducción del número general de migrantes, es por las mismas restricciones del gobierno de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo para pedir asilo
José María Ramos, Investigador del Colef
“Si bien ha habido una reducción del número general de migrantes, es por las mismas restricciones del gobierno de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo para pedir asilo. De esa manera es más complicado para la gente que no tiene mayores recursos, o no cumple las condiciones de asilo, llegar a ese país”, explicó.
Según su apreciación, los mexicanos siguen siendo de las nacionalidades más altas en flujos irregulares porque se encuentran más cerca de ese país y tienen más conocimiento de pasos seguros.
Sin embargo, puso el acento en un fenómeno que se da porque la mayoría de migrantes comenzó a registrarse en la plataforma de CBP One para accesar a un asilo, y eso provoca que en las entidades mexicanas estén varadas miles de personas.
“Hay miles de mexicanos que se siguen deteniendo porque pueden pasar por territorio nacional sin problema, pero los extranjeros no lo pueden hacer, ya que se les detiene y tienen que esperar un documento para desplazarse por el país. Por eso siguen atorados 12 mil migrantes en Chihuahua”, expuso.
José María García, director del albergue Juventud 2000, en Tijuana, agregó que las restricciones hacia el vecino del norte siguen siendo el mayor motivo por el que se detuvo el éxodo migratorio; sin embargo, aclaró que los mexicanos, al ser de un país vecino, pueden seguir intentando su traslado.
“Son las restricciones de Estados Unidos las que han bajado la migración, por ello ya no pueden llegar tan fácil, sino que se ha ido parando la migración, aunque todavía son números muy altos”, dijo.
Estimó que la movilidad humana seguirá en el 2023, por lo que es necesario esperar si después de la cancelación del Título 42 (política de expulsión inmediata de migrantes) aumenta la llegada de la gente, ya que se ha mencionado en varias ocasiones que puede terminar, por presuntamente representar una violación a los derechos humanos.
Los reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detallan que, por nacionalidad, El Salvador registró, al cierre del 2022, 68 mil 691 detenciones de personas; Guatemala, 170 mil 713; Honduras, 152 mil 916; México, 626 mil 969, mientras que las demás nacionalidades de Centro y Sudamérica con menos flujos sumaron 840 mil 720.
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, expuso que la migración se encuentra “atorada” en algunos estados como Chiapas o Chihuahua, que en conjunto suman 30 mil personas, pero a pesar de las restricciones de Estados Unidos, dijo, buscarán la manera de pasar.
“La migración no se detiene y va a seguir, con o sin restricciones, con o sin temor, ya que la gente está más preocupada al quedarse en sus países que por aventurarse”, agregó.
Auguró que durante todo el 2023 se seguirán viendo flujos de mexicanos y extranjeros hacia el país vecino del norte, ya que las causas continúan siendo las mismas y no se atacan, para que la gente tenga mejores oportunidades de vida.
“En 2023 seguiremos viendo el mismo escenario, ya que las causas siguen igual, sin resultados diferentes”, declaró.
Violencia sexual aqueja a 60% de indocumentadas en el norte
Para Yessenia, la vida en Ciudad Juárez no ha sido “nada fácil”. Ahora trabaja en una maquila, de la cual prefiere no dar el nombre, pues teme que la puedan despedir porque ella es migrante “ilegal”.
Antes de obtener ese empleo, estando en una plaza pública de esta ciudad, un hombre y una mujer se acercaron a ella para ofrecerle un trabajo, al cual ella denominó “peligroso”, pues explica que querían contratarla, junto con otras dos chicas, para ofrecer servicios sexuales en esa frontera.
El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) advirtió que las mujeres migrantes son las que más sufren violencia de género.
IRC explicó a La Razón, en voz de Estefani Beltrán del Río, coordinadora de Protección Transfronteriza, que “a medida que los niveles de violencia de género en México aumentan, para las mujeres y niñas en movimiento éste es uno de los principales riesgos que experimentan”.
Para ella, “un foco rojo de corrupción y problemas de trata de personas” son las ciudades fronterizas del norte, pues la violencia sexual es el primer problema al que se enfrentan las mujeres que piden asilo en Ciudad Juárez.
“El 60 por ciento de las mujeres enfrentan problemas de acoso sexual, incluso a través de redes sociales; es decir, la trata de personas es el problema número uno para ellas y luego le sigue la violencia económica, que va de la mano con la laboral”, refirió.
La salvadoreña Yessenia cuenta que el primer engaño lo vivió cuando publicó en la red social Facebook que era una buscadora de empleo y recibió una notificación, en la cual le pedían una fotografía de ella, de cuerpo completo.
Dos días después, por la misma red, le indicaron que se presentara en un domicilio que vio sospechoso desde el primer momento. “Se trataba de una casa de citas. Me dijeron que estaba muy desarreglada y mugrosa, pero que ahí podía bañarme y tener a mi hija conmigo en una casa al lado, pero no me dieron buena fe. Me fui, pero después me tocó que me quisieran dar trabajo de lo mismo en la plaza, a plena luz del día. Yo no quiero eso, yo quiero un trabajo que sea digno”, señala.
Desde el 2019, el IRC inició sus operaciones en México para responder a las necesidades humanitarias de las personas solicitantes de asilo atrapadas en la frontera de Estados Unidos como consecuencia de políticas como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y el Título 42; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de asociaciones civiles y grupos de ayuda, siguen existiendo casos como el de Yessenia.
“Aún tengo la esperanza de poder cruzar. En Ciudad Juárez he tenido que aprender muchas cosas, para sobrevivir con mi hija. Su papá se fue, pudo cruzar; supimos dos o tres meses de él, pero luego dejó de contestar mensajes. A los hombres hemos visto que les pagan más, que les es más fácil encontrar trabajo; siempre los que contratan preguntan si tenemos hijos, y si tenemos hijos a veces no te contratan. Yo tuve que decir que era sola, para que me dieran el trabajo, y encargo unas horas a mi niña con una señora que conocí cuando llegué, pero siempre estoy con el pendiente”, refiere.
El Colegio de la Frontera Norte (Colef) afirmó que las crecientes barreras a la migración hacia Estados Unidos, ya sea de manera regular o sin documentos, han colocado a las personas migrantes y deportadas en una situación de espera incierta y prolongada, y en el caso de las mujeres, al borde de la marginación y el peligro.
“Yo no creo que haya un empleo cien por ciento seguro cuando eres indocumentada, eres mujer y madre soltera; es como si todo se juntara para que nos vaya mal. Ahora en la maquila, las personas que tienen un poco más de estudios nos tratan mal; a mí me han dicho muchas veces que, si no me gusta la paga, me regrese a mi país. Conozco a muchas compañeras que les llegaron a pedir sus servicios de otra cosa, pues (sic)”, dice nerviosa Yessenia.
La madre de 31 años menciona que constantemente, en páginas de Facebook que supuestamente son de cosmetología o de clínicas de belleza, lanzan ofertas laborales para chicas migrantes, pero afirma que “todo es un engaño. No es un trabajo normal; cuando llegas, debes atender hombres. Hay quien sí se va y otras pues preferimos hacer limpiezas, la maquila o trabajar en alguna cocina económica”, describe.
Gobierno no atendió opiniones, dice ONU
Expertos de la ONU en derechos humanos de los migrantes denunciaron que el Gobierno de México no atendió las opiniones que le transmitió en el pasado y que cuestionaban el uso extendido de los centros de retención, como el que sufrió recientemente un incendio en el que murieron 40 personas indocumentadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes sostuvo que, en el 2017 y en el 2022, expresó a México su preocupación por el patrón de detenciones de migrantes y pidió entonces a las autoridades que el encierro de éstos fuese una medida de último recurso.
En esa ocasión, el comité también recomendó “desarrollar un plan de acción para asegurar que la detención migratoria sea una medida de último recurso y por el menor tiempo posible”, así como “garantizar condiciones dignas y adecuadas en los centros de detención, erradicando el uso de celdas de castigo, y poniendo fin a las situaciones de hacinamiento y superpoblación”.
El comité también recomendó adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir los abusos a los derechos humanos en los centros de detención de migrantes, al investigar los abusos con prontitud e independencia cuando ocurran, imponer las sanciones correspondientes y brindar medidas de reparación adecuadas a las víctimas.
Por esa razón, ahora sus integrantes pidieron a las autoridades mexicanas llevar a cabo una investigación exhaustiva que dé con los responsables, y una reparación del daño para las familias de las víctimas del incendio ocurrido el 27 de marzo pasado.
Precisamente, familiares de migrantes de Venezuela denunciaron que hasta el momento no tienen información sobre la entrega de cuerpos de las personas que fallecieron en el incendio del centro de detención migratoria, debido a que su consulado sigue sin darles respuesta.
Ayer, durante una conferencia de prensa que realizaron en esa localidad, señalaron que se han visto en la necesidad de pedir apoyo a otros consulados para saber que se trata de sus seres queridos, e incluso se han visto en la necesidad de acompañarse del sacerdote de la Casa del Migrante, Francisco Javier Calvillo, para pedir apoyo a las autoridades.
De acuerdo con reportes locales, apenas ayer ya se habían acercado al Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez diversas funerarias, lo que abría la esperanza de que comenzara la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas; sin embargo, no ha resultado y aún no hay fecha para ello.