México debía presentar pruebas a EEUU y Canadá sobre supuesto daño a la salud humana; vienen 150 días para acuerdos o la petición de iniciar un panel
De acuerdo con el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del T-MEC, el pasado miércoles 5 de abril venció el plazo para que el Gobierno de México se reuniera con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, a fin de presentar pruebas científicas respecto al supuesto daño a la salud humana por el consumo de maíz transgénico y, con ello, suspender las importaciones de este grano procedente del vecino país del norte.
Sin embargo, pese a que ya transcurrieron los 30 días naturales establecidos en la ley T-MEC a partir del 6 de marzo pasado, fecha en que Estados Unidos y Canadá solicitaron a México las consultas técnicas, para dar a conocer públicamente los resultados de dicho acercamiento entre los tres países, ninguna de las partes ha confirmado o negado si se llevó a cabo, ni tampoco han emitido algún posicionamiento.
Con base en los lineamientos legales del acuerdo trilateral, vencidos dichos 30 días, han empezado a contar 150 días para que las partes en conflicto, es decir, México, Estados Unidos y también Canadá, que se sumó a la petición probatoria, inicien conversaciones para dirimir sus diferencias con base en los argumentos científicos que debió presentar el Gobierno de México.
No obstante, ello no excluye que en cualquier momento los gobiernos de Estados Unidos y Canadá den por terminadas las consultas técnicas y soliciten la instalación de un panel de solución de controversias en contra de su contraparte mexicana.
En su oportunidad, el pasado 6 de marzo la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer que recibió la solicitud de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para iniciar formalmente las consultas técnicas respecto al tema.
La dependencia federal mexicana aclaró que la solicitud no fue de carácter contencioso, sino una etapa previa en donde se busca encontrar una solución “de manera cooperativa”.
Sin embargo, pese a que ya transcurrieron los 30 días naturales establecidos en la ley T-MEC, a partir del 6 de marzo pasado, para dar a conocer públicamente los resultados de dicho acercamiento, ninguna de las partes ha emitido algún posicionamiento.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió que una prohibición a la importación de productos biotecnológicos como el maíz genéticamente modificado por parte del Gobierno federal, sin una justificación basada en evidencia científica, representa un riesgo para la competitividad del país.
Además, sentenció que la medida entra en conflicto con obligaciones comerciales firmadas no sólo con los socios comerciales de América del Norte, sino con los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), cuyo artículo XI prohíbe las restricciones a la importación de productos sin una debida justificación.
Aunado a que el hecho sienta un precedente para la implementación de restricciones arbitrarias a la importación de productos adicionales: en materia del maíz amarillo para consumo pecuario e industrial, el mismo decreto establece que se deberá hacer una sustitución gradual de su uso en el país, lo cual resulta ambiguo para la facilidad de sus importaciones en el futuro.
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) sentenció que, de llegar a un panel de solución de controversias, sin lugar a dudas, uno de los sectores más castigados, será el agroindustrial, donde México exporta volúmenes importantes a Estados Unidos, principalmente.
Expuso que hay una alta probabilidad de llegar a dicho panel, ante la falta de argumentos científicos pro parte del gobierno de México.
Conviene recordar que los socios comerciales también tienen pendiente otra disputa al amparo del T-MEC en materia energética, luego de la solicitud de consultas sobre solución de disputas que Estados Unidos y Canadá hicieron a México el 20 de julio del 2022, ya que consideran que sus políticas en este tema son discriminatorias y que “perjudican” a sus empresas.
En días pasados, la agencia de noticias Reuters afirmó que el Gobierno del presidente Joe Biden planea enviar a México un ultimátum en las próximas semanas, en busca de romper el estancamiento que hay en la disputa comercial energética, mientras hay más llamados bipartidistas para que Estados Unidos endurezca su posición.
Se espera que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos haga lo que se describió como una “oferta final” a los negociadores de México para abrir sus mercados y aceptar una mayor supervisión,
Según Reuters, en caso contrario, Washington solicitará un panel independiente de solución de diferencias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
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