En la batalla contra el tráfico de armas y la violencia que provoca, autoridades y legisladores “avanzan” sin un rumbo claro.

A finales de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para incluir el tráfico ilegal de armas al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero los diputados legislaron sin tener evidencia ni cifras de la problemática real, pues en México no existe información oficial sobre el manejo, control, propiedad, trasiego y uso de armas, ya sea para fines lícitos o ilícitos.

El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el país ya contempla a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea.

Con la iniciativa de reforma que se encuentra en el Senado de la República, se busca incluir el tráfico de armas de fuego de uso particular, pero no existe información oficial al respecto.

 

Morena, sus aliados y legisladores de la oposición se unieron para aprobar con 454 votos a favor los cambios al artículo 19 constitucional e imponer prisión preventiva oficiosa por el delito de tráfico ilegal de armas de fuego, pero sin ni siquiera analizar si el tráfico de este tipo de armas es o no significativo en materia de seguridad pública ni ofrecer evidencia al respecto.

Activistas, especialistas y organizaciones sociales como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) advirtieron que no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa reduzca la comisión de delitos.

Al contrario, existe evidencia de que esta herramienta fomenta la impunidad al disuadir a las autoridades judiciales de investigar los crímenes.

“Sin duda, el tráfico de armas de fuego y municiones tiene indudables efectos negativos en la inseguridad, la incidencia delictiva y la violencia, especialmente el que ocurre desde Estados Unidos al territorio nacional y se relaciona al fortalecimiento de organizaciones delictivas.

“Por ello, mostramos nuestra preocupación de que el Poder Legislativo decida abordar esta problemática con una medida no sólo contraria a derechos humanos, sino carente de evidencia, perspectiva e integralidad”, alerta la organización social.

 

En un comunicado, MUCD solicita a los senadores a no aprobar la reforma y abrir el parlamento a voces de especialistas.

“El abordaje de la problemática del tráfico de armas requiere de respuestas de política pública, inteligencia y diplomacia encaminadas a la reducción de la oferta, monitoreo y rastreo de estos artefactos, controles fronterizos, cooperación bilateral, reducción del volumen interno de armas, regulación de empresas, reducción de la demanda, fomento de la seguridad ciudadana, entre otras medidas, por lo que llamamos al Poder Legislativo a no aprobar esta reforma y a abrir espacios de análisis, discusión y construcción de políticas serias para abordar esta problemática”, dice.

El impacto en cifras

En México existen pocas cifras oficiales sobre el tráfico, venta y posesión de armas, pero sí existe evidencia sobre su impacto.

En promedio, siete de cada 10 homicidios en el país se cometen con armas de fuego.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 15 mil 561 homicidios registrados durante el primer semestre del 2022, en el 68.1 por ciento de los casos se utilizó una pistola, escopeta o arma larga para llevarlos a cabo.

El origen del problema del tráfico de armas apunta directamente a Estados Unidos, un país en el que la industria armamentista está valuada en 19 mil 500 millones de dólares anuales, de acuerdo con la consultora IBISworld.

 

Aunque no existe información oficial al respecto, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CEPSOP) de la Cámara de Diputados, prevé que el 80 por ciento de las armas que llegan a territorio nacional lo hacen por la frontera norte y que alrededor de 2 mil armas de fuego se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día.

Este trasiego de armas ocasiona que las más de 51 mil armerías legales estadounidenses se vean beneficiadas, además del mercado negro, ya que alrededor del 46.7 por ciento de las ventas depende de la demanda mexicana.

Además, dos de cada tres armas de fuego involucradas en hechos criminales en México, fueron fabricadas e importadas legalmente de Estados Unidos. El 40 por ciento de ellas tienen su origen en Texas.

De acuerdo con el informe del CEPSOP,  así como el 70 por ciento del armamento en México proviene de Estados Unidos, el otro 20 por ciento entra por la frontera sur y el restante podrían ser armas robadas de las corporaciones de seguridad.

Origen y destino

De acuerdo con el informe  “1.104.00-F-C-. Armas de Fuego.Cooperación bilateral sobre el tráfico de armas” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrado a través de “Guacamaya Leaks”, se aseguraron del 1 de enero del 2020 al 9 de junio del año pasado, 49 mil 437 armas vinculadas con crímenes.

Del total de las armas decomisadas, 24 mil 113 provenían de Estados Unidos. El 19 por ciento de estas fueron comercializadas en Texas, Arizona y California.

El condado que distribuyó más armas a México fue el de Hartford, en Connecticut, seguido por Maricopa, Arizona; Harris, Texas; Hampden, Massachusetts; Pima, Arizona, y Los Ángeles, California.

Los municipios en los que se aseguró la mayor cantidad de armas fueron Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; León, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; Guadalajara, Jalisco; Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Mexicali, Baja California; Celaya, Guanajuato; y Culiacán, Sinaloa.

 

Ofensiva mexicana

Días antes de que avanzara en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 19 constitucional para  incluir el tráfico ilegal de armas al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) alistaba una iniciativa de ley para que el tráfico de armas ilegales fuera considerado como delito grave en México.

Ebrard reconoció que es casi imposible reducir la violencia que se vive en México con el flujo de armas que existe.

“Donde tienes más detenciones de armas o aprehensiones —mejor dicho— vinculadas a armas, tienes más violencia”, dijo el canciller.

El inició de la ofensiva del Gobierno de México inició el 4 de agosto del 2021 cuando presentó una demanda ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, en contra de 11 productores y distribuidores de armas.

Las autoridades mexicanas acusaron a los productores y distribuidores de armas de “comercio negligente e ilícito”, pues su armamento llega a los grupos criminales en nuestro país.

A pesar de que las empresas armamentistas pidieron que el recurso legal se desechara, la Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio luego de que 14 procuradores estatales y 27 fiscales de distrito apoyaron la demanda mexicana.

Fiscales y procuradores argumentaron que los fabricantes de armas son responsables del aumento de la violencia en Estados Unidos y que el tráfico de armamento por parte de las empresas demandadas le ha permitido a los cárteles mexicanos ser los principales distribuidores de opioides en ese país.

“Cerca de la mitad de las tiendas de armas en Estados Unidos dependen meramente de la venta ilegal a México. Las empresas demandadas fabrican conscientemente armas de guerra con la intención de ser traficadas”, dijeron las autoridades norteamericanas.

Cambio de rumbo

El caso dio otro giro luego de que un juez de primera instancia determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PCLAA, por sus siglas en inglés) protege a las empresas demandadas otorgándoles cierta inmunidad a pesar de que afectan a México.

Debido a la interrupción del litigio y a la sentencia de la Corte de Distrito de Boston, el Gobierno de México presentó una apelación el pasado 14 de marzo para analizar si la decisión del juez Dennis Saylor se realizó en apego a derecho, ya que las armas vendidas por las empresas demandadas fueron usadas por el crimen organizado.

“En la apelación se insistirá que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tiene efecto sobre daños causados en territorio mexicano”, detalló la cancillería.

 

El 10 de octubre de 2022 las autoridades mexicanas presentaron una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona.

La ofensiva legal fue contra cinco empresas que comercian armas de manera “negligente”.

El argumento del Gobierno de México fue que dichas armas están relacionadas con la violencia perpetrada en México, así como con delitos como el tráfico de personas y de drogas, particularmente de fentanilo.

Aunado a estas demandas, el 11 de noviembre del 2022, el Gobierno de México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una “opinión consultiva” sobre la relación establecida entre la venta de armas en EEUU y los índices de violencia en territorio mexicano.

Diagnóstico y otras vías

Gerardo Álvarez,  investigador de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), considera que el argumento de la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de que la violencia armada y la amplia disponibilidad de armas en el país es un grave problema, es válido, pero no las estrategias con la que pretenden atacar el problema.

“Llevamos un par de meses teniendo en nuestra agenda el tema de violencia armada y justo con lo que más nos hemos topado es con la falta de datos y de información relativa a la magnitud del problema.

“Claro que la naturaleza por sí misma del carácter ilegal de estas armas hace más difícil recabar ese tipo de información. Pero sabemos que ni siquiera para las armas que están en México legalmente: de corporaciones, de seguridad privada y del Ejército, existe un registro.

“Para lo ilegal, que los datos vendrían de los decomisos, tampoco tenemos un registro fiable al respecto. No hay evidencia siquiera para los dichos del Congreso al momento de tomar esta reforma”, opina.

Debido a la desinformación, el especialista señala que es muy probable que la reforma se trate meramente de un acto retórico.

“Creo que el tema de asignarle al tráfico ilegal de armas el carácter de ser un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, obviamente tiene un efecto retórico importante en el sentido de que se están adaptando medidas de mano dura contra el crimen pero que no atienden las causas de fondo”, señala.

Las alternativas

Además de abrir la reforma a discusión en parlamento abierto, el especialista pide que se cumpla con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que exige a la Secretaría de Seguridad Ciudadana crear un registro de las armas que existen en el país, tarea que tiene pendiente desde el 2017.

También propone que el tema de control de armas en México deje de estar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y pase a una institución civil para evitar la opacidad y violaciones a los derechos humanos.

“Hace falta más inteligencia en temas de decomisos y focalizar mejor los puntos de donde parten las armas, qué tipos de armas, fabricantes, qué empresas las están distribuyendo, porque actualmente no tenemos ese tipo de datos.

“Esto hay que hacerlo de manera eficiente sin este juego político de ‘ustedes las armas y nosotros el fentanilo’ y entonces nadie se responsabiliza de nada”, opina.