A pesar de que el Inai resolvió en su pleno el 29 de enero pasado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debía publicar los contratos con la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del programa Pegasus, la dependencia federal se negó a entregar la información y la reservó por cinco años.
La Sedena clasificó los contratos que firmó con Comercializadora Antsua, al considerar el riesgo de dar a conocer información relacionada con asuntos de seguridad nacional.
“El pleno de este comité [de Transparencia de la Sedena] confirma y declara formalmente como información reservada los instrumentos contractuales celebrados con la empresa Comercializadora Antsua, permaneciendo con tal carácter por el término de cinco años a partir de la presente resolución, pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su reserva o cuando haya transcurrido el periodo correspondiente. Se registra la presente resolución con el número CT/RIR/006059/44-2023”, refiere la dependencia en respuesta a una solicitud vía transparencia efectuada por EL UNIVERSAL.
El 29 de enero el Inai ordenó a la Defensa Nacional buscar y entregar los documentos relacionados con los contratos DN-10 SAIT-1075/P/2019 y DN-10 SAIT-1038/P/2018, que celebró con Antsua para el servicio de monitoreo de información remota.
En esa ocasión, la comisionada Josefina Román señaló que es deber de las autoridades el dar a conocer las contrataciones de servicios realizadas con recursos públicos.
La Sedena resaltó que, con el fin de cumplir con la instrucción emitida por el pleno del instituto, las direcciones generales de Transmisiones y Administración manifestaron que después de una nueva búsqueda exhaustiva de la información de interés del particular se localizaron los contratos con la referida empresa, los cuales se encuentran clasificados con carácter de reservado.
La dependencia enfatiza que como prueba de daño existe el riesgo real que comprende dar a conocer información contenida en los instrumentos contractuales adjudicados con base en las excepciones establecidas en la ley de adquisiciones.
Además, arrendamientos y servicios del sector público que se encuentran relacionados con adquisición de equipo y servicios para generación de inteligencia militar.
La secretaría destacó que puede favorecer que integrantes de grupos desafectos al gobierno e integrantes del crimen organizado conozcan la tecnología empleada para llevar acciones que garanticen la seguridad nacional y seguridad interior del país, toda vez que la delincuencia organizada, al conocer el equipo para generar inteligencia militar, se pudiera dotar de mejor instrumental para sabotear a las operaciones que se realizan con diversas autoridades de los tres niveles de gobierno.
En el concepto de riesgo demostrable indica que divulgar los instrumentos contractuales, servicios, capacitación, normas y procedimientos, así como planes, protocolos y tecnología para generar y explotar información que favorece a la inteligencia militar puede poner en riesgo la prevención de delitos como sabotaje, espionaje y terrorismo, además de las amenazas potenciales en contra del gobierno mexicano.
Asevera que por las actuales condiciones de inseguridad es de interés público y una prioridad del gobierno mexicano y del instituto armado contar con tecnología que favorezca el cumplimiento de las misiones generales del Ejército.
En el concepto riesgo identificable, la Sedena remarca que dar a conocer información relacionada con asuntos de seguridad nacional no supera al interés público general, toda vez que existen acciones que la propia normatividad prevé que sean llevadas a cabo bajo confidencialidad y reserva.
“Más aun cuando se trata de información relacionada con las adquisiciones de bienes o servicios que favorecen la generación de información y explotación de inteligencia militar”, subraya la dependencia.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que el 2 de octubre del año pasado la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, difundieron la investigación Ejército espía.
En ese trabajo se dieron a conocer tres casos sobre espionaje en el que fue utilizado Pegasus, dos en contra de periodistas y uno en contra de un defensor de derechos humanos.