La Corte prepara un nuevo revés al Gobierno federal.
Los Ministros se perfilan a declarar inconstitucional el acuerdo que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador como de seguridad nacional, con lo que limitó la transparencia de las obras y sus respectivos permisos.
El proyecto ya está listo, fue elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara, quien no es parte del bloque que apoya a la 4T, y propone declarar fundada la controversia constitucional que contra el decreto fue promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Publicado el 22 de noviembre de 2021, el acuerdo presidencial ha sido utilizado para agilizar obras como la del Tren Maya, pues ordenó a todas las dependencias conceder en cinco días hábiles las autorizaciones provisionales para obras, precisamente por ser de interés público y de seguridad nacional.
Con su análisis y aprobación, prevista para el mes de mayo, la Corte invalidará la aplicación del acuerdo en lo que se refiere al acceso a la información, aspecto en el que el INAI defiende sus propias atribuciones.
De hecho, cuando admitió la controversia, González Alcántara concedió una suspensión para que el acuerdo no se use para reservar información, aunque se opuso a frenar la orden de eliminar trámites que sí deben cumplir las obras prioritarias.
Así, el proyecto da la razón al INAI sólo en sus argumentos de que el acuerdo amplía ilegalmente el ámbito de aplicación de las reservas conforme la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, lo que afecta la autonomía del INAI y viola el principio de reserva de ley al que deben someterse los actos del Ejecutivo.
"Las torna en mecanismos ineficaces para garantizar el control ciudadano del actuar público, en menoscabo de la facultad del INAI de garantizar su cumplimiento", alegó el INAI.
El INAI fue el único órgano que llevó este asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si bien la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) criticó el acuerdo, no lo impugnó.
A principios de 2022, el Gobierno usó ese acuerdo presidencial para iniciar obras del Tramo Cinco del Tren Maya sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero un juez federal suspendió los trabajos y sólo permitió reanudarlos hasta que se expidieron las respectivas Manifestaciones.