México rebasó, en semanas pasadas, los 150.000 homicidios dolosos en lo que va del actual sexenio, en el que ha ejercido la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Eso significa que se superarán los números de asesinatos, ya catastróficos, del Gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto. El informe más reciente habla de casi 152.000 homicidios entre diciembre de 2018 y abril de 2023, a un año y casi cinco meses del final de la administración. Para dimensionarlo: durante todo el periodo de Peña Nieto se produjeron 156 mil. Y en su inmediato antecedente, el de Felipe Calderón, unos ya escandalosos 12.500. Estas no son cifras “según estudios”, sino las que proporciona la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y están sustentadas por las fiscalías estatales. Es decir, se trata de los datos oficiales del Gobierno.
Vaya herencia de matanzas y sangre, la que recibirá el próximo presidente en las manos desde el primer día de su mandato: la de casi cuatrocientos cincuenta mil mexicanos asesinados en los tres últimos sexenios. Una cifra salvaje, digna de una guerra, que, sin embargo, a pocos parece conmover a estas alturas. Pero sería cándido esperar que algo cambie, si pensamos en que las fuerzas políticas que se medirán en 2024, durante los comicios para renovar el poder ejecutivo y el Congreso de la Unión, son las mismas que han gobernado estos años de plomo.
La ultraviolencia mexicana, en términos de discurso electoral, apenas existe como tópico. Y si lo hace es solamente para reflejar el debate nacional en torno al cual damos vueltas todos, como abejorros atrapados en el hilo de un niño travieso: todo se trata de decidir quién es peor gobernante.
El actual partido en el poder culpa al presidente panista Felipe Calderón por el inicio de la escalada de sangre, con sus operaciones contra el crimen organizado, que hicieron saltar por los aires las viejas formas de convivencia (comparativamente pacífica) entre las organizaciones delictivas y los poderes institucionales. Esta consideración se extiende al PRI, hoy aliado del PAN, en cuyo último gobierno (2012-2018) se continuó con la política de Calderón.
Pero quienes se sienten herederos de aquellas administraciones reponen que la actual, la de López Obrador, ha permitido que los grupos criminales se enseñoreen del país y que los niveles de violencia de este periodo son, estadísticamente, los mayores de la historia. Y se apoyan, para demostrarlo, en el respeto casi místico que el presidente transmite por los capos y las organizaciones criminales y en las cifras, que son muy claras, aunque se les intente retorcer para extraerles presuntas “tendencias” de mejora (midiendo meses sueltos o incluso quincenas), que serán la solución de todo… “de seguir así”.
¿Qué proponen las “corcholatas” del oficialismo o los dispersos adalides de la alianza opositora para detener la violencia? Nada. Para el oficialismo, 150 mil muertos no son preocupantes y, como el presidente, se niega a reconocerlo como un problema, pues se decreta que no existe tal. Y se acabó. Y para la oposición tampoco es que pase mucho. Empeñada en rebatir cada palabra que sale (no sin tardanzas) de la boca del mandatario, la oposición no hace más que seguirle la agenda. Así, este sexenio se ha tratado de una serie de forcejeos por el control del aparato burocrático del Estado y sus poderes adyacentes. Y si, entretanto, los mexicanos de a pie caen como moscas en las calles, pues es su problema. El enfermo, en fin, seguirá sin tratamiento, porque los que se sienten con derecho a decidir por él están ocupados forcejeando por la cerradura del consultorio, la posesión de la libreta de las citas y la llavecita del botiquín.