Liquidaciones ilegales a personal eventual, cartera vencida por 39 millones de pesos en préstamos a extrabajadores, pagos excesivos en finiquitos, seguro de vida contratado “indebidamente”, así como violaciones a la Ley Federal del Trabajo, son algunos de los hallazgos hechos por el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
En la primera auditoría de este año a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos (DERH) titulada Préstamos, liquidaciones y altas de pensiones, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, se halló que el instituto entregó liquidaciones a personal que causó baja por mutuo acuerdo, así como por vencimiento de contrato, por lo que no había obligación de pago.
En la página 41 de la auditoría, fechada el pasado 24 de marzo, se indica que se halló que de 19 trabajadores eventuales que fueron señalados como Baja 2022, a 14 se les calculó finiquito y a cinco más, finiquito y liquidación.
Debido a estas irregularidades se identificaron liquidaciones presuntamente indebidas por más de 183 mil pesos.
“Se hace notar que la baja de los trabajadores ocurrió por vencimiento de sus contratos, acorde con los periodos pactados entre las partes, es decir, el Indep no rescindió ni concluyó anticipadamente la relación laboral, por lo que no hay causa con responsabilidad para el patrón y, por lo tanto, la indemnización no se considera aplicable para estos casos.
“Conclusión: se identifican precálculos para el pago de liquidaciones presuntamente indebidas por $183 mil 310.10”.
Otra de las anomalías encontrada son errores en los cálculos de las liquidaciones y finiquitos por baja del personal, pues se indica que estos se registran de manera manual, lo que genera errores y resulta en pagos en excesos.
“Existen diferencias en los cálculos, ocasionados principalmente porque los insumos son registrados de forma manual y se generan errores de captura que repercuten en el resultado final. Así también existen interpretaciones y criterios contrarios a la norma. Lo anterior generó pagos en exceso”.
La auditoría también encontró que los mecanismos para la recuperación de préstamos a exempleados por parte de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de la institución son “insuficientes”, lo que ha generado una cartera vencida de 10 millones de pesos en capital, más intereses normales por 3 millones de pesos y moratorios por 26 millones de pesos, para un total de 39 millones de pesos con corte al 31 de diciembre de 2022.
“Los mecanismos de control implementados por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos son insuficientes en la recuperación de préstamos a exempleados al no actualizar, informar y comunicar de los saldos de adeudos de intereses moratorios ni dar seguimiento a los casos turnados a esa dirección”.
El OIC halló que el seguro colectivo de vida para los deudores de préstamos está contratado “indebidamente” por el Indep, pues se detalla que este seguro se paga de las primas a cargo de los trabajadores y/o jubilados que solicitan el préstamo.
“El seguro es adquirido por la DERH sin tener facultades para contratar en nombre del Indep, ya que es esta entidad la que se registra como contratante (…) Cabe señalar que durante 2022 se pagaron a MetLife $691 mil por este seguro”.
Entre las recomendaciones hechas se advierte que es necesario ponderar la conveniencia y legalidad de continuar con este seguro de vida colectivo y en caso de que se considere conveniente continuarlo, será necesario normarlo y modificar el procedimiento y estatuto orgánico para aclarar, entre otros aspectos, quiénes serán los responsables de su contratación y administración.
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El Órgano Interno de Control encontró discrepancia normativa para el otorgamiento del pago de la prima de antigüedad a empleados, por lo que se advierte el riesgo de demandas laborales por incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo.
“Incumplimiento a la LFT respecto del pago de la prima de antigüedad, particularmente en lo que se refiere a los empleados operativos de confianza y de mandos medios y superiores que optan por la pensión vitalicia en término del Reglamento Interior de Trabajo. Conclusión: Existe un riesgo de demandas laborales por el incumplimiento a la LFT respecto del pago de la prima de antigüedad”.
Tras estos hallazgos, el OIC solicitó a Daniel Arturo Díaz Ibáñez, director de Recursos Humanos del Indep, que se apliquen medidas que corrijan estas irregularidades dentro del plazo de 45 días hábiles.
A más de tres años de haber sido creado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) ha estado envuelto en polémicas, denuncias y lleva tres directores.
El 22 de enero de 2020 se publicó el decreto por el cual se cambió el nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), petición hecha por el presidente López Obrador.
Ricardo Rodríguez fue designado como primer director del instituto y fue quien inauguró las llamadas “subastas con sentido social”, las cuales buscaban que bienes incautados fueran destinados a construir obras sociales, como hospitales y escuelas en las zonas más marginadas del país.
El 2 de junio de 2020, Rodríguez Vargas renunció al cargo para formar parte de la terna de aspirantes para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
En su lugar, el presidente López Obrador designó a Jaime Cárdenas, cercano a su movimiento desde hace 20 años. Sin embargo, tres meses después, el 20 de septiembre de ese año, el académico de la UNAM renunció y denunció diversas irregularidades administrativas, además de mutilación de joyas (robo por partes), contratos favorables a las empresas y conductas de servidores públicos contrarias a las normas.
En su carta de renuncia de cinco cuartillas, Cárdenas expuso los asuntos pendientes de la institución y advirtió de los riesgos que enfrenta el organismo en materia financiera, jurídica y social, por lo que indicó que se habían presentado 47 denuncias por estos hechos.
Molesto, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que la renuncia de Cárdenas al Indep fue por “miedo” y falta de ganas de combatir la corrupción en el organismo.
El pasado 23 de marzo, el Presidente se lanzó en contra de su excolaborador y lo acusó de dar entrevistas sobre la corrupción en el Indep con “propósitos políticos”.
“El licenciado Jaime Cárdenas se fue así de repente y empezó a declarar y a denunciar cuando estaba llegando. Creo yo que actuó más con propósitos políticos, o sea, que no actuó con seriedad; ese es mi punto de vista, pero no sé si presentó denuncias”.
Tras esa salida, el 22 de septiembre de 2020, López Obrador designó a Ernesto Prieto Ortega como tercer director del Indep. En el tiempo que lleva Prieto Ortega al frente del instituto también han surgido denuncias por presuntos actos de corrupción en el interior del organismo.
El pasado 23 de marzo, el periodista y columnista de esta casa editorial Carlos Loret de Mola, reveló que José Ángel Anzurez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Indep, cobraba 30% de “moche” en sus salarios a trabajadores del instituto a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno.