Una nueva matanza en el Estado de México llamó la atención nacional hace apenas un año: 11 personas, supuestamente integrantes del cártel de La Familia Michoacana, murieron en una refriega con elementos de seguridad federal y estatales. Los agentes detuvieron a otras 10 personas y decomisaron varias armas de alto poder. En el sitio fue hallado un mono araña vestido con ropa militar y que murió por heridas de bala. La absurda imagen convulsionó internet, entre la pena, la incredulidad y la risa. “El mono fue encontrado sin vida abrazado del pecho de un presunto sicario, de alrededor de 20 años, quien fue abatido durante el tiroteo”, decían las crónicas de entonces. Los hechos ocurrieron en el municipio de Texcaltitlán, en la región de Tierra Caliente del Estado de México, cerca de los límites con Michoacán y Guerrero. Meses después, en marzo de este año, tres policías murieron en un intento de captura de un grupo de presuntos secuestradores. Hubo una aparatosa persecución que comenzó en el municipio de San Antonio de La Isla, localizado en la región del Valle de Toluca, y concluyó en el poniente de Ciudad de México. Seis sospechosos fueron detenidos en un operativo conjunto entre agentes del Estado y la capital. Según las autoridades de Ciudad de México, los secuestradores pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estas dos escenas retratan la circunstancia del Estado de México, una entidad que ha gobernado el PRI ininterrumpidamente desde hace 94 años y que en las elecciones del próximo 4 de junio disputará Morena por segunda ocasión, esta vez con verdaderas posibilidades de triunfo. La entidad es gobernada desde 2017 por el priista Alfredo del Mazo, miembro del grupo político dominante en el Estado, el Grupo Atlacomulco. Se trata de una de las últimas líneas de defensa del PRI, que en la última década ha perdido toda la influencia política acumulada en casi un siglo de existencia ante el avance de la locomotora de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Con todo, la pelea política no es la única que se libra en territorio mexiquense. Su vasta geografía también es escenario de una dura guerra de cárteles, primordialmente La Familia y el CJNG, dos grandes rivales que al mismo tiempo convergen con una miríada de grupos delictivos locales vinculados a otras organizaciones de narcotráfico nacionales.
Es la entidad más poblada del país (tiene 17 millones de habitantes distribuidos en 125 municipios) y de sus tierras viajan a Ciudad de México miles de trabajadores todos los días. Los municipios colindantes con la capital conforman una nueva región demográfica llamada zona metropolitana del Valle de México. El Estado es uno de los primeros lugares en los registros de incidencia delictiva oficiales. De 2020 a abril de este año, ha ocupado el primer lugar nacional en los índices del delito de extorsión por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entre 2018 y 2022 ocupó un consistente segundo lugar en robo de vehículo, y en 2021 y 2022 fue segundo lugar también en robo a transeúntes. Se trata de delitos del fuero común que lastiman directamente la precaria situación económica de los habitantes, en un Estado que ha sido una perpetua incubadora de pobreza. Entre 2018 se tenía registro de 7,8 millones de mexiquenses pobres y pobres extremos; para 2020 había 9,7 millones, según cifras del Coneval, el organismo que evalúa la política social. También aumentó el número de personas sin acceso a servicios de salud y a una alimentación nutritiva y de calidad.
Radiografía del narco
La inseguridad, la marginación y la violencia han sido el telón de fondo de los comicios de este año. Apenas el 19 de mayo, seis promotores de Morena fueron secuestrados en el municipio de Coatepec Harinas, en el sur del Estado, zona de influencia de La Familia Michoacana. Horas después fueron localizados y liberados por elementos de seguridad. En ese mismo municipio, en marzo de 2021, sicarios del cártel emboscaron y asesinaron a 13 policías estatales, en una de las matanzas más sangrientas para un país habituado a las noticias sobre violencia.
Gran parte del territorio del Estado es controlado desde hace más de una década por La Familia, comandada por los hermanos Hurtado Olascoaga: Johnny El Pez y José Alfredo El Fresa. Su principal bastión está en Tierra Caliente, pero también tiene operaciones en los municipios metropolitanos, colindantes con Ciudad de México. La Familia tiene presencia en 55 municipios, el 44% del vasto territorio mexiquense, en donde controla el precio de productos como la carne de cerdo, la tortilla, el huevo, el jitomate y el pollo, y de materiales para el sector de la construcción, según un informe de inteligencia de 2020 citado por el portal Animal Político.
El poderío de esa organización criminal es disputado desde hace varios años por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que hasta hace tres años tenía presencia en 31 municipios mexiquenses. El territorio más peleado por el CJGN es, precisamente, el cinturón metropolitano, punto de acceso a la capital del país. Esa pugna explica en gran medida los altos índices delictivos. Como botón de muestra, siete municipios de la zona metropolitana fueron enlistados entre los sitios donde la mayoría de la población se siente más insegura (entre el 60% y el 80% de los habitantes), según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.
Las cartografías criminales se mueven constantemente. La más actualizada y de la que se tiene conocimiento es la que se dio a conocer en 2020 con base en fuentes de seguridad estatales. El Gobierno mexiquense tenía detectadas en ese momento 26 organizaciones delincuenciales, desde poderosos cárteles hasta células criminales. Además de La Familia y el CJNG, las autoridades de inteligencia tenían registro de operaciones en su territorio del Cártel Nuevo Imperio —escindido del Cártel de Sinaloa—, el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos, la Unión Tepito y la Fuerza Anti Unión (estas dos últimas surgidas en la Ciudad de México y que han expandido sus operaciones hacia las periferias urbanas del Valle de México). También había registro de otros 16 grupos delincuenciales dedicados al tráfico de drogas, el robo al autotransporte, la extorsión y el secuestro: el Cártel de Tláhuac, el Cártel del Centro, el Cártel del Sur, El Grupo, La Barredora o La Nueva Empresa, entre otros.
En noviembre de 2022 las autoridades del Estado y Ciudad de México dieron a conocer otras organizaciones criminales con operaciones en la zona metropolitana y que no estaban mapeadas dos años antes: Los Peluches, que tiene nexos con el Cártel de Caborca, una veterana agrupación comandada por Rafael Caro Quintero; La Nueva Alianza, formada por un grupo de La Unión Tepito y del CJNG; Los Catalinos; Los Gastones y Los Rodolfos.
La Familia Michoacana tiene una hegemonía de hierro en el poniente rural y el sur del Estado de México y también en los municipios que rodean Ciudad de México. El cártel, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2016) declaró desarticulado y aniquilado, no ha cedido en su pugna criminal ni ha renunciado a sus planes de expansión. En diciembre del año pasado causó revuelo un video en el que hombres con el rostro cubierto y armados hasta los dientes anunciaban la llegada de La Familia a la alcaldía Milpa Alta, en el sur aún rural de Ciudad de México, en una demostración de fuerza a sus adversarios y a las autoridades. La convergencia de una treintena de organizaciones criminales en toda la Entidad explica en gran medida las elevadas cifras de delitos y la posición del Edomex como uno de los Estados más inseguros para vivir.
Impacto económico
En México, la extorsión es el nombre más bien técnico de lo que comúnmente se conoce como “cobro de piso” o “derecho de piso”, un impuesto criminal exigido por organizaciones criminales a comerciantes de todos los tamaños para permitirles mantener abiertas sus operaciones o sencillamente para no hacerles daño. El Estado de México lidera los registros a nivel nacional, y es el principal delito denunciado por los empresarios del Estado. En junio de 2022, Milenio dio a conocer que en el sur de la entidad —en la zona de influencia de La Familia— el precio del pollo, el huevo, la tortilla, los cigarros y los materiales de construcción estaban controlados por los grupos criminales.
Jorge Peñúñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, el sindicato de la patronal, señala que en el Estado de México hay alrededor de 700.500 unidades económicas, desde pequeñas hasta medianas y grandes empresas. En entrevista, afirma que el 72% de los empresarios agremiados ha sido víctima de extorsión, principalmente en dos modalidades: por vía celular o mediante el cobro de derecho de piso. “Desafortunadamente en cada región existen células criminales, y hemos visto recientemente que hay una guerra entre los cárteles. A ciencia cierta no podría precisar cuál de ellos tiene la plaza, pero lo que sí podemos entender es que no hay una identidad, tan es así que se están peleando el control. Es una guerra de narcotraficantes”, ha afirmado en entrevista.
El dirigente patronal ha informado de que Coparmex, la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Cámara de Diputados sostienen una mesa de trabajo para formular una Ley General contra la Extorsión que homologue el tipo penal del delito en los Estados. “En algunos Estados las fiscalías, dependiendo de su Código Penal local, no lo tienen correctamente tipificado. Entonces la víctima, cuando presenta una denuncia de extorsión, pues inclusive la clasifican como abuso de confianza. Y tienes dos efectos: el primero es que no está dentro de los índices el delito de extorsión, y segundo, pues obviamente no se integran las carpetas correctamente. La idea es homologar este delito para que todos los fiscales cuenten con una fiscalía especializada en extorsión y entonces podamos tener mejores resultados”, ha precisado Peñúñuri.
Oferta electoral
Este diario ha contactado a los equipos de las dos candidatas que disputan la gubernatura: Delfina Gómez, de la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y Alejandra del Moral, del Frente por México (PAN, PRI y PRD), a fin de cuestionarles qué propuestas impulsan para combatir el problema de la inseguridad y la violencia en el Estado.
Del Moral, una cercana colaboradora del gobernador saliente, Alfredo del Mazo, propone invertir 1.500 millones de pesos para la construcción de dos nuevos centros de vigilancia —llamados C5— y duplicar el número de cámaras de seguridad en la vía pública y el transporte de pasajeros. Así, en el Estado habría 20.000 nuevas cámaras. También plantea incorporar a 10.000 nuevos policías, aumentar sus salarios, mejorar su adiestramiento y equipo, fortalecer sus seguros de vida y programas de vivienda, y también reforzar la vigilancia de su actuación. La inversión para esta iniciativa será de 12.000 millones de pesos, ha precisado su equipo. Un tercer elemento de la estrategia de seguridad de la priista será invertir entre 9.000 y 18.000 millones de pesos en un programa para contratar a más fiscales y a más jueces y para fortalecer los controles de confianza.
Gómez, que ha sido alcaldesa del municipio de Texcoco y secretaria de Educación el Gobierno federal, refleja en su plataforma electoral la perspectiva que tiene López Obrador sobre la inseguridad: que se trata de un problema complejo que se resuelve menos con acciones punitivas que con oportunidades de desarrollo social. Por ello la candidata morenista propone atender “las causas” de la violencia mediante programas sociales para jóvenes y las familias. También planea implementar una aplicación celular que funcione como “botón de pánico” para enviar una alerta inmediata a las autoridades en situaciones riesgo, y crear una “policía de género” que se coordine con abogados, psicólogos y médicos para atender en no más de 20 minutos casos de violencia contra las mujeres. La plataforma de Gómez se adereza con campañas para prevenir el delito y las adicciones, capacitaciones a funcionarios públicos y coordinación con las autoridades municipales y federales.
De ganar una u otra las elecciones, la próxima gobernadora recibirá un Estado que se desmorona en las manos de la inseguridad y la violencia. Donde los planes y programas de las Administraciones pasadas y presentes, tanto federales como locales, de izquierda o de derecha, no han logrado poner a flote a un Estado que desde hace décadas reclama con urgencia tener un solo día en paz.