El Poder Ejecutivo del estado vetóla reforma electoral aprobada por el Congreso en materia de derechos político electorales de las comunidades indígenas y los grupos vulnerables, para garantizar su representatividad en el Poder Legislativo y en los ayuntamientos.
El paquete de observaciones a la reforma del 16 de mayo pasado, que consta de 47 páginas, fue entregado este jueves al Congreso del estado por el Ejecutivo, horas antes de que venza el plazo (este viernes) para que la reforma pueda ser publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" y sea aplicable al proceso electoral 2023-2024.
Dentro de la fundamentación expuesta por el Poder Ejecutivo se señala una clara violación al proceso legislativo, debido a que los legisladores locales no atendieron los resultados de las consultas que aplicó durante el último año el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables, con el fin de integrar una reglamentación que garantice una verdadera representatividad.
Además, dentro de las observaciones que el Ejecutivo hizo al dictamen de la citada reforma electoral también señala violaciones a diversas disposiciones plasmadas en varias leyes locales, incluida la de Partidos Políticos, y al Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este contexto, el Ejecutivo señala una adecuación al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que plantea modificar la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos, lo cual sería violatario de lo que señala la ley general en la materia.
El presidente de la Mesa Directiva, Francisco Erick Sánchez Zavala, convocó este mismo jueves a sesión ordinaria de Pleno para este viernes a las 3:30 de la tarde, con el fin de incluir el dictamen con las observaciones del Poder Ejecutivo resueltas e intentar que este mismo viernes, antes de la media noche, sea publicado el decreto de la reforma electoral.
Representantes de las comunidades indígenas se han pronunciado en contra de la reforma electoral que aprobó el Congreso del estado por considerar que es regresiva, no garantiza su derecho a la representatividad y es discriminatoria.