La relocalización de empresas cerca del mercado estadounidense ha generado gran expectativa entre empresarios, inversionistas y el propio gobierno mexicano.
Sin embargo, poco se habla de las afectaciones que podría generar dicho fenómeno comercial y de inversión global.
El deterioro social, la precarización laboral y el daño ambiental que ha ocasionado el nearshoring de empresas anteriormente se encontraba en segundo plano frente a las cifras que señalan el aumento en las exportaciones de 64 mil millones de dólares en Latinoamérica y el Caribe por este fenómeno, de acuerdo a la estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los 13 mil millones de dólares que México recibirá hasta ahora, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define al nearshoring como una estrategia de localización de actividades adoptada por las empresas transnacionales que consiste en transferir las cadenas productivas esenciales a países con cercanía geográfica y con alianzas fuertes, esto con el objetivo de concentrar su actividad productiva en un país o en pocas naciones pertenecientes a la misma región.
Sin embargo, es común que las empresas que se instauran no acaten marcos regulatorios y desatiendan los aspectos sociales de las regiones a las que llegan, provocando conflicto social, precarización laboral y daño ambiental, acusan investigadores, defensores de los trabajadores y representantes del ámbito empresarial.
“Si quieren atraer nearshoring, no piensen solamente en las necesidades de la empresa que quieren atraer, sino en lo que va a suceder con la gente que va a fluir de muchos lugares hacia donde se abran estas empresas. Ya que ahí habrá necesidad de construir colectividad y un nuevo tejido social”, dice Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social).
La investigadora explica que los factores sociales suelen ignorarse cuando se plantean proyectos de inversión y relocalización fabril; dejando de lado la creación de servicios dignos para la clase trabajadora involucrada, lo que provoca un estímulo para la criminalidad.
El Instituto para la Economía y la Paz estima que en 2022 el clima de violencia en el país inhibió la llegada de 2 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED).
En su opinión, el nearshoring no contempla una mejora en la calidad de vida de la población, ya que la estrategia se basa en que el capital llegue a toda costa.
Por otro lado, las condiciones laborales en este tipo de procesos de industrialización no suelen ser las óptimas, ya que las extensas jornadas de trabajo, los salarios precarios y las pocas o nulas prestaciones se mantienen como una constante, opina Susana Prieto, diputada federal por el partido Morena.
“Bájale a la discriminación (del trabajador), aumenta el número de días de descanso semanal, disminuye las jornadas de trabajo, no impongas tiempos extraordinarios o págalos”, plantea la diputada a los empresarios interesados en relocalizar inversiones.
Los estados que conforman la frontera norte tienen una informalidad laboral de entre el 34 y 44 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), y el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte es de 312.41 pesos diarios.
Sin embargo, Prieto apunta a que “no estamos preparados para este proceso de relocalización porque solo se plantea un modelo capitalista en el que las empresas aumenten sus utilidades”.
Impacto ambiental
La Secretaría de Economía (SE) anunció el mes pasado que limitará el otorgamiento de nuevas concesiones de agua en 16 estados, incluidos todos los que colindan con Estados Unidos, debido a la nula disponibilidad para uso industrial.
La falta de este recurso es una muestra del impacto medioambiental que la relocalización de empresas puede llegar a generar si no se cuenta con la debida regulación.
“Tenemos una limitación en el uso del agua, tenemos una mala gestión del líquido, por lo que se desperdicia y esto significa que es difícil que muchas de las empresas vengan a invertir, precisamente por no tener la suficiente agua”, advierte José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Incluso desde el ámbito empresarial, existe la preocupación de que la carencia de agua podría frenar la continuidad del proceso de nearshoring.
En contexto
Luego del cambio en los patrones de producción a nivel global, donde la tendencia era fragmentar los procesos productivos en regiones donde los precios fueran más competitivos, las empresas han reconsiderado tener a sus proveedores lejos de sus mercados.
Esta situación ha sido impulsada en gran medida por las afectaciones que provocó la pandemia y el conflicto bélico ruso ucraniano.
Esta relocalización de inversiones ha sido, en gran medida, desde el continente asiático hacía América.
La Organización Mundial del Comercio considera a Estados Unidos como el principal mercado del hemisferio occidental y a México su puerta de entrada.
Por tal razón, las expectativas de relocalización empresarial internacional se han posicionado en el país, lo que quedó de manifiesto con el anuncio de una inversión por cinco mil millones de dólares para la construcción de la fábrica más grande del mundo de la marca Tesla en Nuevo León.
Soluciones pendientes
El nearshoring no es más que el reflejo histórico de la cercanía que se tiene al mercado más importante de occidente.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, hoy mejor conocido como T-MEC, y con 14 acuerdos del mismo tipo con 50 países, la llegada de las maquiladoras y la industria automotriz a la frontera ha dado cuenta de los alcances y efectos que genera la relocalización de inversiones.
“Siempre hemos sido parte del nearshoring, estamos junto al mercado más grande, pero hay que renovar conceptos; este lo hace de una manera muy fuerte porque el que no había pensado en México dice ‘ah, mira, tienen unas tasas de interés muy altas y un peso que vale 10 por ciento más que hace un año, algo debe de estar haciendo bien ese país’”, considera Gabriel Szekely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).
Sin embargo, de acuerdo con José Medina Mora, titular de COPARMEX, esta coyuntura resalta por el perfil de industria que se desea desarrollar en Estados Unidos a partir de la promulgación de la Ley de Chips, para la cual la alianza con México resulta crucial.
“Lo que nos piden es que tengamos inversiones para la última parte de ensamble de los semiconductores y para la prueba de los mismos, eso es lo que lo hace diferente y amplía las oportunidades de inversión en el país”, explica Medina Mora.
En este contexto, las propuestas que abogan por mejoras en las condiciones de trabajo toman relevancia frente a la inminente llegada de nuevas empresas.
El aumento de días de descanso, la disminución de la jornada laboral y vacaciones dignas para el trabajador resultan los grandes pendientes por atender para tener un nearshoring responsable, afirma Susana Prieto, diputada morenista.
“Si se va a acceder a este requerimiento por parte de los empresarios extranjeros, entonces que se piense en traer trabajo, pero no a como dé lugar, es decir, con malos salarios y sin prestaciones que verdaderamente permitan el desarrollo de las familias y de los seres humanos en nuestro país”, advierte Prieto.
Por otro lado, la insistencia por la necesidad del combate a la inseguridad continua, ya que es una cuestión con la que diversas empresas han tenido que lidiar y ha modificado sus planes de inversión por completo.
“Muchas empresas, sobre todo de Estados Unidos, nos dicen que si deciden invertir en México lo harán en la frontera para lidiar solamente con la inseguridad de la ‘última milla’”, expone a Reporte Índigo el presidente nacional de la Confederación Patronal.
Elemento clave
La inversión en infraestructura es uno de los elementos clave para que el fenómeno del nearshoring impacte en el dinamismo de la economía mexicana.
Alberto Gónzalez Pandiella, economista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que para repuntar la inversión en materia de infraestructura es necesario ampliar las bases tributarias.
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierten que el pago de intereses de la deuda en México supera en casi un tercio de lo que se destina a la inversión en infraestructura, al representar 135 por ciento de este rubro.
De igual manera, el organismo señala que la infraestructura es un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, además de ser un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías, ya que su impacto puede ser transformador.
Entre los elementos que se constituyen como articuladores de la estructura económica de los territorios y sus mercados, están los servicios de redes de la infraestructura energética, de transporte, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, informa la Cepal.
Sin embargo, en áreas como la energía, hay señalamientos en torno a que la producción enfocada en combustibles fósiles que se sigue impulsando a través de la inversión pública podría actuar como un elemento en contra de la llegada de grandes inversiones extranjeras al país.
El sector eléctrico actualmente es controlado por la CFE, la cual ha limitado la competencia en el mercado y la integración de la participación privada, además de que no cuenta con capacidad instalada fotovoltaica y eólica, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ante este panorama, es necesario “ampliar las posibilidades de inversión en generación eléctrica para expandir la capacidad de generación instalada, pues también abona a la seguridad energética del país al contar con una matriz energética más diversificada. Además, es un paso hacia la transición energética y favorece a las finanzas de la CFE”, señala el IMCO en su reporte “La Energía que Queremos”.