A unas semanas de su creación, el llamado “mini-INE” se disolvió. Ante la resistencia de los partidos políticos para no entregar a la ciudadanía el método de selección de la candidatura presidencial, el Frente Cívico Nacional no logró mantener la independencia del grupo creado para impulsar una consulta ciudadana, lo que desató inconformidades de quienes habían condicionado su asesoría a que los partidos no tuvieran el control.
MILENIO reveló el pasado viernes que un grupo de 11 personas de la sociedad civil, ex consejeros del INE e IFE y una ex magistrada presidente del Tribunal Electoral encabezados por el ex titular del IFE, Leonardo Valdés Zurita, propusieron encargarse de una elección primaria abierta a la ciudadanía, sin involucrar a PAN, PRI y PRD ante las limitantes legales de hacer proselitismo antes de tiempo.
La propuesta se presentó a Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD, respectivamente; sin embargo, de acuerdo con personas implicadas en el proceso, al ver a sus partidos desdibujados en el método volvieron al planteamiento partidista.
Lo que chocó con las condiciones que plantearon desde el inicio algunos integrantes, como Sergio Aguayo, Mariclaire Acosta o Guillermo Sheridan, quienes aceptaron estar en el Consejo Electoral Ciudadano, solo si se garantizaba independencia de los partidos políticos.
La estrategia original era aplicar un protocolo de idoneidad como los que realizan la ONU y la OEA en perfiles de alto nivel y revisar una propuesta de gobierno que no incluyera plagios, pero los partidos políticos lo modificaron para que el requisito sea reunir 150 mil firmas en todo el país.
Los foros se mantendrán, pero la consulta que organizaría la ciudadanía no ha quedado claro cómo la financiarán los partidos y cómo justificarán invertir en una contienda anticipada, además de que incluyeron una encuesta para definir a la o el ganador.
Por lo que, en una carta enviada al Frente Cívico, notificaron que tras los cambios en el plan original, donde ahora serán los partidos políticos los que guíen el proceso que pretendía ser ciudadano, resulta insostenible continuar.
“En su momento aceptamos participar a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y, en todo momento, actuar de forma autónoma e independiente. El esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo ha tomado la decisión de disolverse.
“Este escenario nos ha llevado a cada uno de nosotros a tomar una decisión distinta y personal respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio”, señala el grupo en la misiva.
Pero a pesar de las quejas, para personajes como Amado Avendaño, representante del Frente Cívico, es un buen acuerdo, pues aunque “entiendo que cargamos con los negativos de trabajar con partidos políticos, no tenemos otra opción (...) tenemos que aprender a negociar”.
José Antonio Crespo ventiló que fue el PAN el que siempre estuvo totalmente cerrado a la participación de la ciudadanía y en reuniones con la sociedad civil, el propio Marko Cortés lo dejó claro: “olvídense, no va a haber de eso, punto”, pero al ver que comenzaron a organizarse por separado, reaccionaron.
“Al final dijeron ‘que haya participación ciudadana, pero no al 100 por ciento, lo combinamos con encuestas y ponemos en el órgano electoral también a los partidos’, eso fue lo que hizo que nuestros invitados dijeran ‘ahí sí no’”, apuntó.
Tras el anuncio, ninguno de los integrantes del grupo accedió a hablar para evitar confrontaciones internas; sin embargo, algunos confirmaron a MILENIO que el principal freno para participar es que la intervención de los partidos violenta las leyes electorales.