El Poder Ejecutivo aplicó nuevamente su derecho al veto y realizó observaciones al decreto pensionatorio número 1103 que aprobó el Congresos del estado para autorizar el "retiro voluntario" de los magistrados en activo, al considerar que es inconstitucional y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal en perjuicio del Poder Judicial y de las finanzas del estado.
El paquete de observaciones -que consta de 62 páginas- fue entregado por el Ejecutivo este martes y en el se pide a los diputados reconsiderar en su totalidad lo aprobado en el decreto pensionatorio que propicia el
retiro anticipado de al menos ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En los documentos presentados ante el Congreso del estado, el Ejecutivo sostiene que el retiro voluntario para los magistrados no está ni constitucional ni legalmente sustentado, mucho menos motivado, pues la figura de retiro voluntario no existe y el pago de haber de retiro a magistrados se aplica una vez que concluyen su periodo.
Además, señala que "lesionaría sin duda la independencia del Poder Judicial del Estado en el grado más grave (subordinación) y trasgrediría el principio de autonomía en la gestión presupuestal...".
El pasado 13 de junio, el grupo mayoritario de legisladores (G-15) en el Congreso del estado aprobó el decreto 1103 que, a decir del Ejecutivo, también resulta discriminatorio, porque los porcentajes que se establecieron para el pago de pensión a favor de los magistrados resulta mucho mayor a los criterios aplicables para cualquier trabajador al servicio del gobierno del estado.
Lo anterior, considerando que parte del citado decreto se fundamenta en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
En este contexto, el Ejecutivo también consideró que dicho fundamento resulta "indebido" e "ilógico", pues señala que la Ley del Servicio Civil establece derechos para los trabajadores al servicio del estado, "en una hipótesis regida por la ley en materia burocrática y que da determinados derechos (incluida la pensión) pero que nada tiene que ver con el ejercicio de la magistratura, en tanto que ésta última es en calidad del titular de un Poder y que, por lo tanto, no debería generar como pretende el decreto 1103, la sumatoria de años por dos tipos de servicios de naturaleza disimil".
Con las observaciones señaladas en 62 páginas, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso del estado retractarse de lo aprobado en el decreto 1103 y no su corrección, como ha sucedido en otros decretos, al señalar su ilegalidad.
El veto entregado por el Poder Ejecutivo será turnado el próximo jueves en sesión ordinaria de Pleno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local para su análisis.