El IMSS, el ISSSTE y el Insabi encabezan al primer semestre de 2023 los contratos federales por adjudicación directa, es decir, aquellos que se entregan a empresas sin un concurso previo para garantizar el precio más bajo en medicinas, equipos médicos o infraestructura.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advierte las irregularidades.
Por ejemplo, bajo este esquema el IMSS gastó el 45 por ciento de su presupuesto, es decir, unos 70 mil millones de pesos. La institución está actualmente bajo escrutinio por las fallas en su servicio de elevadores.
El ISSSTE, en tanto, alcanzó a adjudicar por esa vía el 67 por ciento de su presupuesto, es decir, 27 mil 63 millones de pesos.
El Insabi, que ya está en proceso de transferir su infraestructura y gasto al IMSS-Bienestar, asignó sin licitar el 40 por ciento de sus recursos, unos 9 mil 195 millones de pesos.
El año pasado, el IMSS y el Insabi también estuvieron entre las instituciones federales con más alto porcentaje de contratos otorgados sin licitación.
Las instituciones que más contratos otorgaron bajo esquemas de excepción en el primer semestre de 2022 fueron el IMSS, nuevamente el Insabi, Diconsa, Banco del Bienestar, Fonatur, Segalmex, Conagua, Guardia Nacional, ISSSTE y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con contratos que fueron de los mil 646 millones de pesos a casi 22 mil millones de pesos.
La Constitución establece que la licitación pública debe ser la regla general en las contrataciones del Gobierno y que la adjudicación directa y la invitación restringida serán la excepción.
En años de la pandemia de Covid-19, las instituciones de salud argumentaron que las restricciones sanitarias y la urgencia médica impedían convocar a los concursos, pero actualmente no sólo la mantienen como regla sino que aumentaron el porcentaje de contratos sin licitar.
La investigación de MCCI también advierte otras irregularidades en los contratos.
Por ejemplo, la adjudicación a empresas que nunca han ganado un concurso y que son de reciente creación. En 2023 se identificaron 143 compañías que se encuentran en esa situación.
Pero también la contratación de empresas que han sido sancionadas o inhabilitadas por distintas irregularidades.
A nivel federal, de acuerdo con la investigación de MCCI, el 70 por ciento de los contratos que entregó el Gobierno son por adjudicación directa.
Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México, aseguró que los contratos por adjudicaciones directas en el sector salud han sido una práctica común y creciente durante este Gobierno.
Confirmó que mientras en 2017 sólo el 10 por ciento del total de piezas de medicamentos que se adquirían para todo el sector salud público se hacía mediante contratos por adjudicaciones directas; en 2021, más del 50 por ciento se obtuvo de esa forma.
Aún así, todavía hay un 30 por ciento de desabasto de medicamentos respecto a lo que había en 2018.
