El brazo jurídico de Andrés Manuel López Obrador se ha metido de lleno en la campaña. Con el mandatario bajo un cepo que le obliga a guardar silencio sobre los candidatos, la Consejería Jurídica de Presidencia emitió esta semana un comunicado para atacar a Xóchitl Gálvez. El órgano federal alude en su mensaje a las acciones de anticonstitucionalidad presentadas por la oposición contra la sesión donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sacó adelante un paquete de leyes la madrugada del 29 de julio. “Prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”, dice la Consejería. El golpe contra la aspirante a la candidatura presidencial llega en medio de una ola creciente de apoyos hacia ella, que se postula como la favorita en la interna de Va por México.
En las últimas semanas todo el aparato de Morena se ha lanzado contra Gálvez. Una y otra vez el presidente la mencionó en sus conferencias matutinas, pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) se lo había prohibido. Cuando finalmente dejó de hacerlo, le siguieron sus corcholatas, que le dedicaban a diario alguna frase y hasta la invitaron a debatir con ellos, que también llevan su propio proceso interno para elegir un candidato presidencial. La tensión escaló tanto que el fantasma de un posible atentado contra la senadora comenzó a planear sobre la campaña, y todos, encabezados por López Obrador, tuvieron que llamar a la concordia.
Las arremetidas de López Obrador contra Gálvez le costaron una denuncia ante el INE por violencia política de género. En una primera instancia, el árbitro electoral rechazó la queja porque las trasmisiones de las conferencias matutinas donde el presidente cargaba con mayor fuerza había sido ya retiradas de internet. Sin embargo, este miércoles, el Tribunal Electoral de la Federación falló a favor de la senadora y pidió al Instituto que revisara otras cuatro ruedas de prensa que pueden contener mensajes violentos hacia Gálvez.
De poco han servido las advertencias. La Consejería Jurídica volvió a la carga con un mensaje cargado de tintes políticos. El motivo, según dice en el comunicado, es la maratónica sesión en la que el partido gobernante aprobó una veintena de iniciativas el pasado mes de abril. Faltaban tres días para que acabara el periodo legislativo cuando la oposición se atrincheró en las tribunas del Senado con el fin de evitar que se pudiera llevar a cabo la sesión y Morena aprobara las leyes. La formación del presidente llevaba entonces semanas promoviendo proyectos en el Congreso a través del fast track, es decir, sin discutirlos ni tocarles una sola coma.
Los opositores vieron aquella toma de la Cámara como la única forma de evitar su aprobación. Después de dos días de bloqueo, Morena respondió moviendo la sesión a la Casona de Xicoténcatl, en el centro de la Ciudad de México, donde en apenas unas horas, entre la noche del 28 de julio y la madrugada del 29, consiguieron la sanción maratónica. La forma en la que el partido guinda ha aprobado leyes en los últimos meses llegó en un par de ocasiones hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tumbó iniciativas de suma importancia para el presidente, como el caso de la reforma electoral.
El comunicado de la Consejería Jurídica se enfoca puntualmente en el pedido de anticonstitucionales hecho contra la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, un proyecto que buscaba originalmente fortalecer el control de las sustancias que se usan para producir fentanilo, pero que la oposición criticó por abrir la puerta a más facultades al Ejército y la Secretaría de Marina. El ente asesor del presidente en lo legal aseguró que fue el “actuar antidemocrático” de un grupo de senadores “lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno”.
“Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”, reza el mensaje oficial. “Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos”, agrega. Lo siguiente que aparece en el comunicado es la lista de actos que supuestamente hizo la legisladora para evitar hacer su trabajo, como pijamas y bailes. Al documento le acompañan un par de fotos. En una se puede ver a Gálvez recostada en el piso riendo junto a dos hombres, en la otra se le ve encadenada a una silla de su oficina.
La Consejería ha agregado: “Nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe; por ende, si fueron precisamente los senadores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación”. Ninguna de las sesiones previas en aquellos días había incluido un debate real por parte de los senadores oficialistas. La veintena de proyectos había llegado desde arriba, con la orden era aprobarlos sin chistar antes de acabar el periodo legislativo.
El comunicado del brazo jurídico presidencial le llegó a la senadora este martes entre evento y evento, en medio de una semana clave para los aspirantes opositores que buscan alcanzar las 150.000 firmas y avanzar en la interna presidencial. Consultada por periodistas que le acompañaban en su agenda, Gálvez respondió: “Nosotros estuvimos en el Senado y ellos se fueron a esconderse a Xicoténcatl; sí queremos debatir, pero en el Senado de la República”. La legisladora se mostró confiada en que el máximo tribunal judicial de México le dará la razón. ”Sabíamos que ese proceso era violatorio, y ellos decidieron hacerlo en lo oscurito”.