En las cárceles de la Ciudad de México se cometieron en 2022 41 mil 440 delitos por personas privadas de la libertad/internadas en prisión, revela el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2023 del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).
Esto coloca a los penales de la capital en el segundo lugar de incidencias, por debajo del Estado de México, en donde se cometieron 75 mil 833 delitos desde prisión.
Jalisco se ubica como la tercera entidad con más delitos, con 33 mil 941; Baja California, con 21 mil 621; cárceles federales distribuidas en diferentes entidades, en donde se cometieron 18 mil 976; Nuevo León, 13 mil 290, y Sonora, 12 mil 365.
A nivel nacional, el censo del Inegi arrojó que durante 2022 se cometieron 340 mil 863 delitos por las personas privadas de la libertad/internadas en cárceles.
Es decir, 18 mil 976 (5.6%) correspondió al ámbito federal y 321 mil 887 (94.4%) de los delitos provinieron de cárceles estatales. Del total, 321 mil 836 fueron cometidos por hombres y 19 mil 27 por mujeres.
De acuerdo con el instituto, en comparación con 2021, el total de los delitos cometidos por la población privada de la libertad/internada disminuyó 0.4% en 2022.
Con respecto a los delitos en centros federales, se cometieron en materia de armas, explosivos, y otros materiales destructivos, secuestro, privación de la libertad, delincuencia organizada y homicidio.
En cárceles estatales: robo, homicidio, violación, secuestro y delitos en materia de armas y explosivos y otros materiales destructivos.
Las cifras anteriores reflejan un estado deplorable en las cárceles capitalinas, en donde se visualiza un autogobierno; además, el uso que las autoridades dan a los centros penitenciarios como una manera de abusar de la prisión preventiva oficiosa que aumenta la población, señalaron varios especialistas.
A estos factores se suma que, en muchos casos, las sentencias altas a los internos generan que no tengan beneficios y la única alternativa es cometer delitos o mantenerse bajo el yugo de un grupo criminal.
Para la investigadora y coordinadora del Programa de Justicia en la organización México Evalúa, Chrístel Rosales, que la ciudad sea la segunda entidad con más población penitenciaria revela que sí hay algunas cárceles sobrepobladas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que los reclusorios Norte y Oriente y la penitenciaría están saturadas.
“En términos de sobrepoblación, que es, digamos otro de los elementos que sí hay que considerar cuando nos preguntamos qué explica que se estén cometiendo delitos en los centros penitenciarios, si uno lo ve generalizado, la entidad [Ciudad de México] no reporta sobrepoblación (…); sin embargo, sí tenemos sobrepoblación en tres penales de la Ciudad de México”, afirmó Rosales.
“Quien tiene mayor sobrepoblación es el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, con 32%. De ahí le sigue la penitenciaría de la Ciudad de México, con 7%, y el Reclusorio Varonil Norte, 1%”, añadió.
La especialista de México Evalúa mencionó que haya o no sobrepoblación, existe un autogobierno y corrupción en las cárceles, en donde 97% tiene que pagar sobornos a los custodios para obtener diferentes servicios.
Los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2023 apuntan que existe una ocupación en las cárceles capitalinas de 90.8%, con 28 mil 96 camas en uso.
Además, es la segunda entidad con mayor número de personas privadas de la libertad, con 25 mil 503 reos, de los cuales mil 457 son mujeres y 24 mil 46 hombres.
El Estado de México es el que más población penitenciaria reporta, con 34 mil 772, y una tasa de ocupación de 242%, lo que la convierte en la número uno a nivel nacional.
En este sentido, el Inegi precisa para la Ciudad de México que por cada 100 mil hombres, 561 están en prisión, y por cada 100 mil mujeres, 31 están privadas de su libertad.
Para Chrístel Rosales, las investigaciones de México Evalúa detectaron que en las cárceles de la ciudad siete de cada 10 presos tienen ya sentencia, en comparación con otras entidades del país, en donde seis de cada 10 o incluso cinco de cada 10 tienen condena.
Sin embargo, el censo del instituto refiere que del total de población privada de la libertad, 100% se encuentra en otro procedimiento jurídico, por lo que no queda claro si están en los centros por prisión preventiva oficiosa o justificada, o bien a punto de recibir una sentencia. Con respecto al tiempo que pasan la personas para conocer su sentencia, este puede ser de más de un año.
La investigadora Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, dijo que todas estas características contribuyen a que las personas privadas de la libertad no tengan alternativa más que cometer delitos desde las cárceles.
“Hay personas que tienen sentencias de 200, 500 y 700 años, es decir, es gente que no tiene expectativa alguna de salir. Es un gran error dictar ese tipo de sentencias, son completamente contrarias a la Constitución, que indica que el fin de la pena es la reinserción”, señaló.
Expresó que la legislación en cuanto a los delitos cometidos por el crimen organizado perjudica, porque los internos no tienen beneficios ni incentivos.
“¿Qué posibilidades tienen, incentivos para trabajar, para portarse bien en la prisión, para no hacer delitos? No, ninguno, no hay manera”, cuestionó Azaola.
Esto no sólo es dañino para el sistema penitenciario, sino para la sociedad, porque “está el escenario puesto para promover esto [delitos desde cárceles]”.
Comentó que los delitos desde los centros penitenciarios también los han propiciado los mismos gobiernos a través de sus políticas: “Por qué no van a cometer delitos si están enojados, están frustrados, no tienen salida. Si alguien les paga X cantidad por matar a alguien en la prisión, lo van a hacer”.
La investigadora refirió que el tiempo que pasan las personas privadas de la libertad para obtener sentencia es alto, pero para las mujeres es lamentable, porque es más alto todavía.
A nivel nacional se reportó además que 325 menores de seis años permanecieron con sus madres privadas de la libertad, y que la mayoría se concentró en la Ciudad de México, con 36 casos.
Durante 2022, año de estudio del censo, se revela que en los centros penitenciarios de la ciudad se registraron 13 lesionados por riñas internas. En este apartado la institución no precisa si estas riñas son producto de alguna disputa entre grupos delictivos.
Finalmente, se observa que en materia de derechos humanos, los internos presentaron en 2022, 78 quejas o peticiones ante la autoridad penitenciaria; del mismo modo, no se precisa si son en contra o por alguna violación a los derechos.