Los nuevos libros escolares que deben estar en las aulas públicas de todo México a finales de mes se han convertido en el centro de una nueva e intensa disputa política entre los detractores del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El tono de la polémica aumenta cada día, mientras varios gobernadores han anunciado que no permitirán que se distribuyan en sus estados los contenidos y el Ejecutivo mantiene el pulso, afirmando que los libros estarán en las escuelas del país el 28 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar tras las vacaciones de verano. Son más de 100 millones de ejemplares los que serán distribuidos a nivel nacional. López Obrador ha llamado a la prudencia, pero sus detractores acusan a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de usar los nuevos contenidos como “adoctrinamiento” político para los estudiantes. “Ven comunistas por todos lados, así como los ovnis”, ha dicho el mandatario.
La campaña contra los nuevos contenidos ha sido tan intensa en la prensa mexicana (el diario Reforma publicó en su portada el siguiente titular: “Enaltece libro de SEP secuestro y guerrilla”), que el presidente tuvo que movilizar a las autoridades de Educación para que expliquen cada día en una conferencia de prensa los contenidos de los libros escolares. Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, aseguró el martes que los textos estaban en manos privadas y “teníamos que frenar la privatización del libro de texto. El libro era un negocio y beneficiaba a algunas editoriales, para eso servía el libro de texto. Ahora los regresamos a los años dorados donde ya no es un negocio, son el tesoro de la SEP”.
Las críticas van desde que los libros se oponen al capitalismo y los empresarios; que intentan inocular el comunismo en las jóvenes mentes de los estudiantes; que presentan una visión sesgada de la historia de México. Los sectores más conservadores han dirigido sus críticas a la representación de las nuevas familias que aparecen en los contenidos, como las parejas homoparentales con hijos o padres solteros. También se han lanzado contra el lenguaje inclusivo, con el uso de ‘x’ o ‘todes’ para incluir en sus mensajes a personas que no se sienten suficientemente tomadas en cuenta por su condición de género. Algunos académicos se han unido a las críticas, pero más por omisiones o errores en los contenidos. Irma Villalpando, doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a EL PAÍS a inicios de agosto que los textos cuentan con contenidos muy pobres en relación con materias como Matemáticas, errores en los conceptos, saltos en los contenidos, desorden de los materiales y la exclusión de la literatura universal.
Varias organizaciones han interpuesto recursos judiciales contra los textos y al menos siete gobiernos estatales han afirmado que esperarán a que se resuelvan estos litigios. En mayo, cuando estalló la polémica, una jueza determinó debido a un amparo presentado ante la justicia que el Gobierno debía suspender la producción del material educativo y someterlo a una revisión. Desde entonces, gobiernos como el de Jalisco han afirmado que “los libros de texto no serán distribuidos”. El martes, el Gobierno de Nuevo León anunció que suspendía la distribución de los contenidos, con lo que se sumaba a Coahuila, Colima y Yucatán, donde también han anunciado que retrasarán la distribución a la espera de las resoluciones judiciales.
Las críticas al Gobierno federal no solo son por los contenidos, sino por la premura en la que se produjeron los libros de texto y las presiones del Ejecutivo para que estos estén en las escuelas antes de que termine el sexenio de López Obrador. El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria escribió el 8 de agosto en su cuenta de Twitter (hoy llamada X) que la SEP “violó la Ley General de Educación decretada por López Obrador el 30 de septiembre del 2019″, que “obliga a realizar consultas a instituciones, gobiernos de los Estados y actores sociales para elaborar y aprobar los planes de estudio. Si se cuestionan los contenidos de los libros de texto gratuito, es porque violaron procedimientos establecidos en los artículos 23-36. El artículo 34 es un filtro legal y obligatorio que habría impedido las sandeces de contenidos que hoy son públicos”, ha explicado el legislador. “No es un engendro neoliberal. Es su Ley”, ha rematado Álvarez.
Las autoridades de la SEP han afirmado que sí hubo consultas durante la preparación de los libros escolares. Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, ha informado que la producción de los nuevos contenidos ha llevado mucho tiempo de consultas con padres de familia, maestros y autoridades estatales y que no se ha dejado de fuera a ningún Estado de la federación. La funcionaria ha explicado que los nuevos libros forman parte de la estrategia del Gobierno de reformar los planes de estudio para fortalecer la escuela pública en México, que se centraba en una estrategia “aburrida” basada en la memorización de contenidos que en la mayoría de los casos los estudiantes no entendían. “Teníamos que cambiar esa realidad. La pandemia hizo evidente que la escuela estaba en crisis, porque los planes de estudio y los contenidos de los libros de texto eran imposibles llevarlos a la práctica en la vida cotidiana de los niños. Lo que queremos ahora es acercar esa vida cotidiana a la formación que se le debe dar a los niños en la escuela”, ha explicado la secretaria.
La batalla política por los nuevos libros de texto se ha convertido en el nuevo frente de la intensa polarización que vive México durante este sexenio. Mientras la Justicia resuelve los recursos judiciales contra los contenidos y algunos Estados mantienen su rechazo a los mismos, el presidente López Obrador se mostró raramente abierto a las críticas y aseguró que “no hay nada que temer”, aunque acusó a sus detractores de criticar sin haber leído los nuevos contenidos. “No hay que preocuparse. Los libros están muy bien hechos por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso”, dijo la semana pasada.