El caso de corrupción entre la petrolera del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), y la gigante energética suiza Vitol ha llegado a su primer juicio en Estados Unidos. Javier Aguilar, ciudadano estadounidense de 49 años, quien en 2020 dijo haber pagado sobornos a funcionarios de México, Ecuador y Brasil, tuvo su primera aparición el lunes ante una jueza federal en Texas.
EE UU acusa a Aguilar de presuntamente violar las disposiciones anti soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). La acusación oficial de cinco cargos, presentada el 3 de agosto, alega que Aguilar fue un exgerente y comerciante de petróleo de Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de compañías que conforma Vitol, una de las comercializadoras de energía más grandes del mundo. “El exempleado supuestamente acordó con otros sobornar a funcionarios mexicanos para obtener ventajas comerciales relacionadas con contratos con el Gobierno mexicano, a través de Pemex Procurement International (PPI). También está acusado de lavado de dinero en relación con el esquema”, dice el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE UU.
En diciembre de 2020, ejecutivos de Vitol admitieron a las autoridades en Estados Unidos que habrían pagado sobornos a Petróleos Mexicanos, así como a funcionarios en Brasil y Ecuador, a cambio de información privilegiada que les ayudaría a ganar licitaciones de contratos. El caso se abrió, inicialmente, en Nueva York, en donde tiempo después un juez desechó las acusaciones por considerar que ese Estado no era el adecuado para llevar el caso. En ese momento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió una denuncia propia, por la que se inició una investigación paralela en México.
Unos meses después, el director general de Pemex, Octavio Romero, informó que Vitol había ofrecido 17 millones de dólares para resarcir los daños por dicha corrupción, además de que terminaría el trabajo por los contratos en cuestión “sin costo”. López Obrador, por su parte, dijo que la indemnización era mayor, de unos 30 millones de dólares. No fue hasta junio de 2021 que, sin hallazgos propios por la investigación hecha en México, López Obrador dijo en su conferencia de prensa que Vitol debía entregar los nombres de los empleados de Pemex que incurrieron en los sobornos. En septiembre de 2021, Reuters reportó que Pemex había cancelado sus contratos con Vitol, para un año después, retomar la negociación de los mismos.
Según el Departamento de Justicia de EE UU, Aguilar supuestamente se reunió con los gerentes de adquisiciones del brazo privado de Pemex en Houston, PPI, entre septiembre de 2017 y abril de 2018, y acordó hacer los pagos irregulares por información interna confidencial para ayudar a Vitol a ganar negocios con PPI, incluido un contrato para suministrar etano a Pemex a través de PPI. Aguilar supuestamente acordó hacer los pagos por un total de aproximadamente 600.000 dólares para ayudar a Vitol a ganar el contrato de etano.
“Para promover el esquema de soborno y ocultar las ganancias derivadas de él, Aguilar y sus cómplices hicieron que los sobornos se pagaran a través de una serie de transacciones y compañías ficticias, según los cargos”, dice el comunicado emitido desde Texas.
A pesar de que PPI opera como una empresa privada en EE UU, sus empleados deben ser procesados como funcionarios públicos, debido a que es una subsidiaria propiedad exclusiva de una empresa estatal, argumentan las autoridades federales en EE UU. Esto puede tener implicaciones en el caso de dos exfuncionarios del brazo privado en el extranjero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), CFE International, quienes por su parte enfrentan un caso civil en EE UU por supuestamente otorgar contratos con tráfico de influencias a una desconocida empresa estadounidense.