El gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez, afirmó que en la entidad las decisiones se toman con el consenso de las mayorías, quienes a pesar de las diferencias ideológicas anteponen el diálogo para lograr acuerdos hacia un mismo objetivo: el desarrollo económico y social del estado.
Graco Ramírez asistió como invitado a la instalación y apertura del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de la LIII Legislatura del Congreso del estado, donde afirmó que resultado del diálogo y la reflexión, los poderes Ejecutivo y Legislativo han construido importantes reformas a la Constitución Política de Morelos, en beneficio una sociedad de derechos.
El mandatario estatal calificó como un verdadero acto democrático el hecho de que sean las mayorías quienes decidan el rumbo del estado y puntualizó que en el Congreso si bien no tiene mayoría su gobierno la construye con los legisladores para que Congreso acompañen la tarea de tener las inversiones en salud, en educación que hemos hecho en Morelos.
Graco Ramírez enlistó la aprobación de importes reformas a la Constitución Política local, como ejemplo de los acuerdos logrados con el Poder Legislativo –donde la pluralidad se refleja con al ser conformado por integrantes de 11 fuerzas políticas-.
Entre las reformas consensuadas, dijo, está la aprobación de matrimonios igualitarios, la creación de los primeros municipios indígenas, la nueva Ley del Transporte y la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos.
Sobre el conflicto con la UAEM, el gobernador Graco Ramírez convocó, nuevamente, al diálogo al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, con el fin de encontrar una solución a la inminente crisis económica que en octubre dejaría sin clases a 26 mil universitarios.
El mandatario morelense pidió a Vera Jiménez dejar a un lado la camiseta de activista político y asumir su responsabilidad al frente de la Máxima Casa de Estudios.
Indicó que ante la falta de claridad en el manejo de los recursos económicos en la UAEM, en octubre próximo enfrentará una crisis económica, al no tener dinero para el pago de salarios y otras prestaciones de los trabajadores académicos y administrativos.