La entidad fue sede de la impartición del taller "Participación en la toma de decisiones e incidencia político-electoral de las mujeres".
Jessica Ortega, dirigente estatal de MC, informó que a través del instituto político se ha buscado alentar a las mujeres para participar en diferentes espacios de decisión y agregó que en Morelos el 18 por ciento de los municipios es ocupado o dirigido por una mujer.
Por su parte, Claudia Trujillo aseguró que ha evolucionado la presencia de la mujer pero se debe ir más de la declaración de los principios y estatutos de la reforma Constitucional Electoral de 2014.
"Tenemos la obligatoriedad de conformar con paridad nuestros órganos de dirección, así se estableció en la Convención Nacional Democrática, así lo hemos hecho en las entidades federativas", aclaró.
Enfatizó que la paridad es un acto legal e irreversible, una disposición constitucional contenida en las leyes secundarias electorales, "además debe de progresar en otros instrumentos legales, como la Ley general para una vida libre de violencia hacia las mujeres, y para determinados instrumentos legales que hoy por hoy permitan darnos mayor seguridad en el desempeño de nuestras funciones".
Claudia Trujillo indicó que actualmente las cámaras de senadores y diputados federales tienen pendiente determinar 12 iniciativas respecto a violencia política.
A nivel nacional, Morelos, Guerrero Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala -e inclusive Hidalgo- concentran el mayor número de casos de violencia política contra mujeres, y en cada entidad federativa se contextualiza la atención de entre 12 y 14 escenarios específicos.
En el caso específico de Morelos, se han presentado hechos de violencia política contra regidoras de los Ayuntamientos de Huitzilac, Axochiapan y Amacuzac.
El 21 de julio de este año, la concejal Carolina Bahena Castillo y la síndico municipal Susana Fuentes Rodríguez, de la Comuna de Amacuzac, denunciaron públicamente ser víctimas de violencia política por parte del presidente municipal, Jorge Miranda Abarca.
Las dos funcionarias aseguraron que el edil ordenó retirarles sus sueldos y facultades constitucionales, dejándolas de invitar a las sesiones de Cabildo, pero obligándolas a firmar minutas de acuerdos y además de amenazarlas constantemente.
Claudia Trujillo y Jessica Ortega insistieron en que se debe tipificar la violencia política y mejorar los protocolos de protección de las mujeres aspirantes, pues no sólo sufren agresiones cuando obtienen un puesto o espacio, sino que también existen casos de discriminación y maltrato al interior de los partidos políticos.
"La mujer no busca avasallamiento de los espacios electorales o de poder en general, sino la igualdad en la determinación y respeto a lo que estructuralmente han hecho en la política", enfatizaron.