El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso más en su objetivo de reducir el peso de privados en el sistema de salud público. La secretaría de Hacienda está en negociaciones con los concesionarios para llegar a un acuerdo sobre el precio y concluir anticipadamente los contratos. La oferta de la dependencia por nueve hospitales construidos en sexenios anteriores bajo el esquema de asociaciones público-privadas ronda los 6.000 millones de pesos. Las infraestructuras a debate son gestionadas actualmente por el IMSS, del ISSSTE y la Secretaría de Salud y se localizan en Estados como en Nayarit, Tabasco, Ciudad de México, Guanajuato, entre otros. Debido a que los privados aportaron el 20% en la construcción de estos desarrollos, la Administración federal debe desembolsar unos 5.500 millones de pesos cada año para pagarle a las empresas. Dependiendo el hospital, la conclusión de estos compromisos se extienden desde 2030 a 2042.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró este martes durante su comparecencia en el Senado que los contratos de estos hospitales se negociaron en condiciones onerosas y que ahora resultan muy pesados para llevar en el presupuesto del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. “Estamos invocando y convocando a los concesionarios para que lleguemos a una negociación de mutuo acuerdo a precio justo. El precio justo que nosotros estamos estimando es el rendimiento que tendrían estos contratos hasta su terminación para el concesionario” explicó a los senadores.
El funcionario federal abundó en que en la mayor parte de los casos el concesionario invirtió 20% del costo total de los hospitales y el 80% lo financió el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). “El crédito está vigente, nosotros absorberíamos ese crédito y pagaríamos solamente por el 20% que el concesionario invirtió de su propio capital”, zanjó. Pese a las explicaciones del funcionario, los senadores de la oposición insistieron en uno de los grandes pendientes en el sistema sanitario: la garantía de medicamentos para pacientes oncológicos.
Entre los centros de salud bajo la mira de este Gobierno está el Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera del IMSS en Tapachula, Chiapas, con una capacidad de 180 camas; el nuevo hospital general Tláhuac del ISSSTE con 250 camas para Ciudad de México. Además de otros hospitales generales y de alta especialidad en Villahermosa (Tabasco); León (Guanajuato), Bahía de Banderas (Nayarit), entre otros. Los contratos fueron signados entre 2005 y 2017 y tienen una vigencia promedio de 25 años. Este tipo de contratos establece que una parte de los servicios públicos serán suministrados por el sector privado bajo un precio previamente pactado.
Para la Secretaría de Hacienda, tomar el control de estos hospitales se ha convertido en una prioridad. La semana pasada el presidente López Obrador cargó en su conferencia de prensa contra estas asociaciones público-privadas y calificó de “leoninos” los contratos. “Ya no queremos seguir pagando año con año cantidades importantes. Vamos a hacer un avalúo y se los pagamos. Ellos (los desarrolladores) preferirían que negociemos una disminución en la tarifa, pero no, no, sigue siendo mucho dinero”, declaró en Palacio Nacional.
El interés de este Gobierno por reducir el peso de los privados no solo atañe al sistema sanitario. A lo largo de su mandato, el Ejecutivo ha buscado reducir el peso de las asociaciones públicas y privadas en el desarrollo de infraestructura eléctrica y carretera, proyectos que florecieron durante el auge de esta figura en los sexenios previos. A menos de 500 días de que concluya su mandato, el presidente ha puesto la mira en estas infraestructuras que, según sus cifras, han resultado en un mal negocio para el Estado.