Juez otorga suspensión provisional; la autoridad judicial federal tendrá la última palabra
Sesionar de manera clandestina por parte de diputados, una de las causas: abogado
El Juzgado Primero de Distrito con sede en Cuernavaca otorgó una suspensión provisional a 100 concesionarios del transporte público, por lo que el Gobierno del Estado no podrá implementar el Morebús; será el 7 de septiembre próximo cuando la autoridad judicial federal otorgue la sentencia definitiva de la suspensión.
En entrevista, el abogado particular de los concesionarios, Alejandro Ulises Manjarrez Gamarra, aseguró que el pasado 31 de agosto promovió ante el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cuernavaca, un amparo indirecto en contra de las leyes aprobadas por parte del Congreso del Estado respecto a los decretos números 991 y 992 mediante los cuales se autorizó un crédito por 540 millones de pesos, de los cuales se realizaron diversas modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado, así como la Ley del Transporte que permite la creación del llamado Morebús.
Manjarrez Gamarra informó que la justicia federal ordenó que los transportistas presten el servicio del transporte público en relación a la concesión exhibida en su demanda de amparo, además de que no podrían ser obligados a conformarse a través de los fideicomisos, así como la aplicación de sanciones o multas, tal como lo han realizado las propias autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
Revés a Graco
“Con esta acción, el Gobierno del estado no podrá imponer la implementación del Morebús, así como también el gobernador Graco Ramírez no podrá obligar a los transportistas a constituirse en empresas mediante el fideicomiso, por lo que no puede generar una expropiación para quitarles sus concesiones; el día de hoy el Gobierno del Estado se encuentra limitado en contra de mis clientes en razón de que no puede hacerles efecto algún acto de autoridad que venga en contra de lo que vienen desarrollando.”, detalló
En ese sentido, el experto en derecho aseguró que una de las principales causas para emitir el amparo ante la justicia federal, fue por la aprobación a las reformas de ley que realizaron los diputados locales al sesionar de manera clandestina para aprobar lo inherente al transporte público, así como al Instituto de Crédito y el préstamo millonario.
“Nosotros lo manejamos como un acto inconstitucional la aprobación de las reformas, dentro de nuestros argumentos fueron de que no hay un mecanismo de defensa de participación ciudadana para poder nosotros impugnar esa cuestión del crédito millonario al gobierno estatal, así como la afectación al patrimonio de los transportistas (…) Sólo tratamos de poner reversa a los actos que realiza el Congreso, a los actos que hace oscuras el Congreso”, detalló.
Por último, informó será el 7 de septiembre próximo cuando la autoridad federal pueda otorgar la suspensión definitiva, es decir, que de acuerdo a las pruebas que haya presentado la defensa legal y en razón de que la justicia federal considere una violación a los derechos humanos, podrían otorgar la suspensión definitiva del acto reclamado.