Déficit: ni con melón ni con sandía

Algunos de los críticos al Paquete Económico del 2024 ven una crisis el año que viene pues consideran excesivo el nivel del déficit público propuesto, que será equivalente al 4.9 por ciento del PIB.

Las autoridades hacendarias no ven riesgo alguno y consideran que el alza del déficit no generará mayor problema pues se trata de un incremento de una sola vez.

Como casi siempre ocurre cuando en la discusión económica se hacen presentes los criterios políticos, creo que ninguna de las dos partes tiene razón, o si lo quiere ver de otra manera, cada una tiene solo una parte de la razón.

No se ve en el escenario una crisis en el 2024, al menos derivada del mayor déficit fiscal. Calificadoras como Moody’s o Fitch así lo han señalado y no piensan degradar la nota de México.

Pero tampoco es tan claro que el crecimiento del déficit sea de una sola vez en caso de que no haya un incremento sustancial de la recaudación, lo que seguramente requeriría una reforma fiscal.

Vayamos por partes.

¿Por qué no se ve inminente una crisis fiscal si el déficit como proporción del PIB crecerá de 3.3 a 4.9 por ciento, es decir, en 48.5 por ciento en términos relativos de un año a otro?

La razón es que las calificadoras le ponen más acento al saldo de la deuda que al endeudamiento.

El déficit es un flujo, y el efecto que tiene éste en la capacidad de pago depende del nivel absoluto de la deuda.

En la definición más amplia de la deuda pública, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, terminará este año en el equivalente al 46.5 por ciento del PIB.

Para 2024, aun con el endeudamiento adicional, llegaría al 48.8 por ciento del PIB, un porcentaje que está lejos de ser amenazante para la capacidad de pago del gobierno.

Hecha esta consideración, ¿por qué no es sustentable la afirmación de que el crecimiento del déficit será de una sola vez?

El escenario previsto por Hacienda marca un nivel de 2.1 por ciento para 2025 y de 2.2 para el periodo de 2026 a 2029.

El argumento principal a propósito de que el crecimiento del déficit será de una sola vez es que se dedicarán recursos extraordinarios a la conclusión de las obras de infraestructura que ha emprendido esta administración.

Sin embargo, cuando se observa la previsión del Presupuesto, encontramos que la inversión física para el próximo año será de 888 mil 800 millones de pesos, es 23 por ciento inferior en términos reales a lo aprobado en 2023.

En contraste, hay fuertes incrementos en el costo financiero de la deuda, en el programa para adultos mayores y en el pago de las pensiones, que son rubros cuyos incrementos no pueden considerarse de “una sola vez”, y que eventualmente presionarían a las finanzas públicas en los años posteriores al 2024.

Como aquí le hemos comentado hasta el cansancio, aun si hubiera una baja próxima en las tasas de interés (cosa poco probable), las presiones derivadas de los mayores pagos por pensiones, así como del programa para adultos mayores, hacen insostenible dejar sin cambios la estructura fiscal en el país para el futuro próximo.

Se ve muy complejo que ello pueda hacerse efectivo en el primer año de gobierno ya que el paquete económico del arranque de la nueva administración tiende a tener un carácter básicamente inercial.

La oportunidad para realizar ese cambio vendrá en el curso de 2025.

La iniciativa de reforma debiera ser enviada en el periodo ordinario de sesiones que va de febrero a abril de 2025, con objeto de que en el resto del año se hagan las adecuaciones legales y regulatorias necesarias para que empiece a hacerse efectiva en el año 2026.

Eso implica que el gobierno que gane las elecciones de junio del 2024 debiera trabajar para tener listas las propuestas a pocos meses de haber tomado posesión.

El cuadro puede complicarse si no hay mayorías en el Congreso y la negociación pueda resultar más desgastante e incierta.

Parecen distantes estos tiempos, pero si se quiere evitar una crisis fiscal en los próximos años, habrá que empezar a trabajar en esa propuesta.